CAMPAÑAS

El Partido Animalista PACMA ha iniciado una campaña de solicitudes de acceso a la información para conocer cuánto dinero público destinan los ayuntamientos españoles para celebrar festejos taurinos. Empezando por los municipios de la Comunidad de Madrid, desde hoy esta formación se pondrá en contacto a través de Tuderechoasaber.es con todos los ayuntamientos que aún no han facilitado datos oficiales de contratación de festejos taurinos o sobre subvenciones para el fomento de la tauromaquia. Los datos obtenidos se irán actualizando en la web noconmisimpuestos.info. Los ciudadanos podrán adherirse y difundir las solicitudes de información enviadas.

¿Cuántos fondos públicos se emplean para celebrar festejos taurinos o fomentar la tauromaquia?

El Partido Animalista baraja cifras cercanas a 600 millones de euros, aunque no existe información oficial al respecto. En la Comunidad de Madrid, de los 119 municipios que celebran festejos taurinos según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Interior, solo 18 tienen la información disponible de forma pública en los perfiles de contratante de las páginas web municipales. Según el Partido Animalista, el total del importe destinado al fomento de la tauromaquia por parte de estos 18 ayuntamientos asciende a un millón y medio de euros.

“A estas cifras habría que añadir las subvenciones estatales a escuelas de tauromaquia, asociaciones y premios, así como ayudas camufladas desde la Unión Europea a través de los subsidios agrarios y la financiación de las Comunidades Autónomas. Solamente la Comunidad de Madrid en 2012 estableció una partida de más de dos millones de euros para el fomento de la tauromaquia en la región”, añade PACMA en su comunicado.

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es. Aquí puedes conocer otras campañas.

Desde el miércoles y hasta el viernes, casi 6.000 tuits incluyeron la etiqueta de la campaña

twitter

El miércoles 13 de marzo de 2013 las organizaciones Access Info Europe, Civio y Qué Hacen los Diputados lanzaron una campaña de Twitter con el objetivo de conseguir información sobre el estado del proyecto de ley de transparencia. La norma se encuentra en tramitación desde hace más de siete meses en el Congreso y apenas existe información sobre la misma. Desde Access Info, Civio y Qué Hacen pedimos que la Comisión Constitucional publique un calendario detallado de los siguientes pasos, ya que la ciudadanía sigue sin tener información clara sobre el futuro de la ley de transparencia.

 De hecho, dos días después del arranque de la campaña se conocieron los nombres de los participantes en la próxima ronda de comparecencias, programada para el miércoles 20 de marzo. El director de Civio, David Cabo, fue invitado a participar el viernes 15 de marzo. El aviso, con tan poca antelación, no ha permitido a Cabo asistir al Parlamento ya que estará participando en el Freedom of Information Symposium que tiene lugar en Río de Janeiro.

 Aunque a las comparecencias asistirá una de las miembros de la Coalición Pro Acceso, Elisa de la Nuez, el Congreso no ha convocado a la propia Coalición Pro Acceso, formada por más de 65 organizaciones, que en caso de ser convocada eligiría democráticamente quién le representaría. Creemos imprescindible que las expertas con más experiencia en la materia, como Helen Darbishire, directora de Access Info Europe (propuesta por dos grupos parlamentarios) y Victoria Anderica, coordinadora de campañas de la misma organización (propuesta con los votos de tres grupos) hagan sus aportaciones a la Ley de Transparencia.

Esta es la información que debería ser publicada para asegurar una verdadera transparencia en la tramitación de esta y de cualquier ley que esté siendo debatida en el Congreso:

  • El calendario con las fechas de las comparecencias de expertos pendientes de celebrarse y las fechas de las votaciones.
  • La lista de los expertos que van a comparecer en el Congreso.
  • La publicación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

 

Iniciativa #PreguntaCongreso

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La iniciativa consistió en movilizar a los usuarios de Twitter para preguntar directamente al Congreso (@Congreso_es) y a los diputados “¿Dónde está la Ley de Transparencia?”, usando el hashtag #PreguntaCongreso. Desde el miércoles y hasta el viernes, casi 6.000 tuits incluyeron la etiqueta de la campaña, según datos extraídos con Hootsuite.

De los 350 diputados que hay en el Congreso, sólo tres se pronunciaron a través de Twitter. Joan Josep Nuet, de ICV-EUiA, prometió que daría los nombres de los próximos comparecientes y lo tuiteó cuando se publicaron en la agenda del Congreso. El diputado de AMAIUR, Rafael Larreina contestó que su grupo ha presentado enmienda a la totalidad del proyecto, además de informar de que: “Acabó plazo de enmiendas de totalidad, ahora habrá que debatirlas en Comisión”.

Al hilo de esta afirmación, Larreina ha publicado un artículo en Sesión de control titulado “Opaca transparencia” en el que profundiza en su crítica del texto actual y reclama una severa revisión del proyecto. Pedro Quevedo, diputado por Nueva Canarias, respondió: “Si la Ley, como me temo, es un enjuague, no la apoyaré”.

 

Repercusión de la campaña en medios:

La 2 Noticias informó sobre la campaña #PreguntaCongreso y profundizó en la labor por la transparencia que realizan organizaciones ciudadanas como Access Info Europe, la Fundación Civio y Graba Tu Pleno. Vídeo (a partir del miin.12.28): http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-13-03-13/1719560/.

 Periodismo Ciudadano (¿Qué pasó con la Ley de Transparencia en España?)

 El Confidencial (Lanzan una campaña en Twitter para saber “dónde está la Ley de Transparencia”)

 Infolibre (Una iniciativa popular pide a través de Twitter conocer el estado de la futura Ley de Transparencia)

 Terra (Lanzan una campaña en Twitter para saber “dónde está la Ley de Transparencia”)

 

Apoyos destacados:

Periodistas como Ana Pastor (CNN), Juan Luis Sánchez (eldiario.es) y Borja Bergareche (ABC) también tuitearon su pregunta al Congreso. Otros, como María Fabra (El País) y Daniel Montero (Interviú) animaron a los diputados a poner en práctica los valores de la transparencia.

 Personas con notoria visibilidad en la redes sociales, como Antoni Gutiérrez Rubí, Javier de la Cueva o Stéphane Grueso, o empresas periodísticas como Información Sensible o Media 140.

Organizaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid, Amnistía Internacional, APRI (asociación que representa al colectivo de lobbistas de España), EQUO Cadiz, Red Equo Joven, EQUO Madrid, la plataforma Goteo, Graba tu pleno, CIECODE y Proyecto Avizor, Cibervoluntarios, Cuentas Claras, la Confederación de Consumidores y Usuarios-CECU, Govern Obert, Democracia Real YA, ColaBoraBora, el Observatorio RSC, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, el Partido Pirata de Madrid, Platoniq entre otras.

 Además, Change.org envió un correo electrónico a las más de 175.000 personas que habían pedido que se incluyera a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia, invitando a que quien lo deseara enviara un tuit.

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[ARTÍCULO PUBLICADO POR LA PERIODISTA LALI SANDIUMENGE EN GUERREROS DEL TECLADO]
¿Cuántas instalaciones para retener a inmigrantes sin papeles existen? ¿Dónde están? ¿Cómo se las denomina? ¿Cuántas personas se detuvieron a lo largo de los últimos tres años por cuestiones relacionadas con la inmigración? ¿Cuántas de ellas eran menores? ¿Cuántas eran solicitantes de asilo? Estos son algunos de los datos que las organizaciones Access Info Europe y Global Detention Project pidieron entre ayer y hoy a los gobiernos de un total de 33 países, los 27 miembros de la Unión Europea más Canadá, Islandia, Noruega, Rusia, Suiza y Estados Unidos. El propósito de la campaña es doble, según explica Lydia Medland, investigadora y coordinadora de campañas en Access Info: construir una imagen real y comparativa de la situación y valorar la transparencia con la que los gobiernos desvelan el enigma de los CIE, como se llaman en España a los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el territorio español hay siete en funcionamiento, tras el cierre del de Fuerteventura y el de Málaga. Lo que no se sabe con exactitud es cuántas personas han pasado por ahí y cuantas han sido devueltas a sus países de origen, además de otros muchos datos.

La campaña lanzada conjuntamente por ambas organizaciones parte de la base de que la transparencia es aún más necesaria cuando lo que hay en juego son los derechos humanos. “Los internamientos relacionados con la inmigración son de especial importancia, ya que están derivando en una violación generalizada de los derechos en Europa”, alerta Medland. Michael Flynn, fundador del Global Detention Project, que forma parte del programa para el estudio de la Migración Global del Graduate Institute de Ginebra, recuerda a su vez que “la retención de inmigrantes se ha convertido en una herramienta clave usada por los estados para controlar la migración”. Sin embargo, el secretismo administrativo suele ser la norma en algunos países: no está claro cuántos centros de retención existen en el continente europeo ni a cuántas personas albergan ni en qué condiciones. Sí se sabe, en cambio, que las legislaciones varían de un sitio a otro, y que algunos ordenamientos jurídicos no tienen normas claras, lo que según ambas organizaciones causa indefensión en los retenidos (privación de libertad, ausencia de limitación del encierro y/o escasas posibilidades de impugnar su retención ante los tribunales).

Aunque el Global Detention Project está construyendo desde el año 2006 una base de datos en la que recopila el número, crecimiento y tipología de las instalaciones de detención, así como mucha información relacionada, queda mucho por saber. “El motivo de la campaña es precisamente la falta de información verificable”, explica Lydia Medland. ”Es difícil tener una visión global de lo que está pasando en Europa”.

La web del Global Detention Project dedica un apartado a cada país, con la información que ha podido recoger, proceda de la propia administración (a menudo vía preguntas parlamentarias) o, en muchos casos, de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, testigos o noticias de prensa  Ese es precisamente lo que pasa en España, según subraya el Global Detention Project, que ha actualizado recientemente la situación en el país: “La opacidad de las detenciones de inmigrantes en España se evidencia por la ausencia de datos públicos sobre las operaciones de detención y el débil control parlamentario.”

De las estadísticas que ha conseguido, se puede deducir que el promedio anual de personas extranjeras expulsadas y devueltas a sus países de origen ronda la mitad de las detenidas en los CIE, al menos eso es lo que pasó en 2009 y 2011 (6.825 de un total de 13.241 en 2011 y 8.935 de 16.590 en 2009). Un pico llama la atención, el que se produjo entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, cuando cerca de 4.000 personas fueron encerradas en los nueve CIE en funcionamiento en ese momento (Algeciras, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Valencia, Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura) y hasta 2.357 fueron expulsadas de España.

La campaña tiene como objetivo llevar a cabo un estudio comparativo sobre los distintos regímenes de detención y obtener información que pueda proporcionar pruebas a las víctimas y a los defensores de derechos humanos y promover el debate público y transparente sobre esta cuestión. “Es sumamente importante para la sociedad civil estar al corriente sobre dónde están siendo retenidos -y en qué condiciones- los inmigrantes y demandantes de asilo”, opina Flynn en el comunicado de lanzamiento de la investigación.

Las preguntas, articuladas en dos solicitudes de información sencillas y claras, se han enviado a las autoridades competentes vía email, a través de formularios públicos online o utilizando herramientas ciudadanas digitales especialmente diseñadas para promover la transparencia y el acceso a la información pública. Este es el caso, por ejemplo, de la petición que Lydia Medland ha enviado a la Agencia de Fronteras del Reino Unidos vía What do they know.  En el caso español, se ha preguntado al ministerio del Interior a través de Tu derecho a saber.

La campaña pretende también poner a prueba el nivel de transparencia que existe en las políticas de control de la inmigración y desvelar hasta qué punto la opacidad forma parte integrante de sus mecanismos. “Veremos hasta qué nivel contestan a las preguntas”, afirman desde Access Info. El período medio de respuesta administrativa en Europa es de alrededor de 15 días. Este es el plazo que la organización considera razonable. Más allá de un mes, afirma Medland, “no sería justificable”.

La mayoría de países preguntados cuentan con leyes que garantizan el derecho de acceso a la información pública y, por tanto, tienen la obligación de contestar. No es el caso, sin embargo, de Chipre, Luxemburgo y, también, España, cuya primera y muy polémica y criticada ley de transparencia se está debatiendo desde hace meses en el Congreso con opacidad, según denuncian Access Info Europe y dos plataformas españolas que trabajan para erradicar el secretismo de la administración, Fundación Civio y Qué hacen los diputados.

Solicitud de información sobre retención de inmigrantes menores de edad Solicitud sobre la retención de inmigrantes en España

 

Amigos de la Tierra y Access Info Europe recurren para exigir el cumplimiento de la normativa europea

 maiz_910Amigos de la Tierra y Access Info Europe han presentado un recurso ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exigiendo que cumpla con las normas europeas de transparencia [1] y que publique los datos exactos sobre la ubicación de los campos de cultivos comerciales transgénicos.

El recurso impugna la falta de información dada por el Ministerio, en respuesta a una solicitud presentada el 17 de diciembre de 2012 [2] y disponible en tuderechoasaber.es, en la que se pedía un listado completo de todas las parcelas con maíz transgénico comercial, con su ubicación geográfica exacta y su extensión.

El escrito del Ministerio, mandado el 6 de febrero de 2013, facilitaba un mero listado por comunidades autónomas, el mismo listado que aparece en la página web del Ministerio [3]. La información entregada por la Administración es “inadecuada, evasiva y pobre en detalles” señala Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe.

“El registro sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos es fundamental para evitar contaminaciones de campos colindantes, bien convencionales, bien ecológicos”, afirma Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

La falta de transparencia del Gobierno Español choca directamente con las obligaciones explícitas contenidas en un fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 2009 [4]. La sentencia obliga a los estados miembros de la Unión Europea a publicar el “lugar de liberación” de los organismos modificados genéticamente, entendiendo por tal todos aquellos datos que la ciudadanía precise para delimitar con exactitud la parcela [5].

España, con prácticamente 100.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente, es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, mientras las principales potencias agrarias europeas, como Francia o Alemania, prohíben su cultivo. Por dicho motivo el acceso a la información que exige la UE debería ser un principio básico. Por esta razón ya son varias las asociaciones que exigen transparencia en materia de cultivos transgénicos [6].

A pesar de no haber contestado a todas las preguntas de las ONG, el Ministerio de Agricultura admite en su escrito que en España “la industria de fabricación de piensos utiliza materia prima que procede de cultivos convencionales y cultivos de variedades modificadas genéticamente y todo ello es mezclado en destino. Por esta razón, todo se etiqueta y comercializa como modificado genéticamente”. Confirma de esta forma que todo producto animal, como carne, leche, huevos, etc., consumido en España, procede de animales alimentados con transgénicos, a menos que sean ecológicos, sin que el consumidor esté informado.

España cuenta con una ley sobre acceso a información ambiental desde 2006, pero según el último informe de tuderechoasaber.es, sólo el 22% de las respuestas de solicitudes de acceso a la información medioambiental son satisfactorias, mientras casi la mitad (47%) acaban en silencio.

La gran carencia de información alrededor de los cultivos transgénicos por parte de la administración ha llevado a Amigos de la Tierra a promover campañas informativas sobre los impactos de los cultivos transgénicos, como la lanzada la semana pasada www.unicoseneuropa.org [7].

Para más información, por favor, contactar con:

Teresa Rodríguez, Amigos de la Tierra
e-mail: prensa@tierra.org | + 34 91 306 99 00 | móvil: 680 936 327

Alicia Costas, Access Info Europe
e-mail: alicia@access-info.org | tel: +34 91 365 65 58 | móvil: +34 655 970 814

Notas:

[1] Directiva 2001/18/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional en medio ambiente de organismos modificados genéticamente: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/l28130_es.htm
[2] Petición de información, 17 de diciembre de 2012, http://tuderechoasaber.es/ca/request/ambiental_de_localizacin_y_exten
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1687
[3]Ver: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/consejo-interministerial-de-ogms/superficie.aspx
[4] La Directiva 2001/18/CE de 12 de marzo sobre la Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente requiere que dicha información sea puesta a disposición del público a través de un registro.
[5] Es el propio Ministro de Agricultura, quien haciéndose eco de la jurisprudencia del TJUE que citamos en nuestro escrito de solicitud, ha aclarado cualquier duda sobre nuestro derecho a acceder a la información que solicitamos, en la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente cuando concluye al final de su texto :
En concreto, en cuanto a la información relativa a organismos modificados genéticamente (OMGs), la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-552/07 ha venido a declarar que no cabe invocar una reserva relativa a la protección del orden público o a otros intereses de Estado para denegar una solicitud de información sobre la ubicación exacta, mediante coordenadas geográficas, del lugar donde se realice la liberación de organismos modificados genéticamente, debiendo prevalecer las exigencias de transparencia derivadas de las Directivas 2001/18 y 2003/4.”
[6] La organización ecologista, Greenpeace, presentó la semana pasada una denuncia ante de la Comisión Europea por no existir un registro público con esta información http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2013/Marzo/Greenpeace-denuncia-a-Espana-ante-la-Comision-Europea-por-incumplir-la-directiva-de-transgenicos/
[7] Campaña de Amigos de la Tierra: www.únicoseneuropa.org

 

Ayúdanos a difundir esta campaña de twitter para saber en qué estado se encuentra la ley de transparencia: solo tienes que mandar un tuit.

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Hace 228 días que la ley de transparencia entró en el Congreso para ser debatida y no sabemos nada de su estado. Desde entonces se han sucedido 20 ampliaciones del plazo que tienen los grupos parlamentarios para presentar sus enmiendas al texto. La Comisión Constitucional encargada de debatirlo no ha publicado un calendario, no da fechas sobre cuándo se aprobará y no está contando con la ciudadanía para mejorar el proyecto de ley. Todo ello a pesar de que el actual redactado ha sido muy criticado por expertos, nacionales e internacionales, por la sociedad civil y por los que participaron la consulta pública que convocó el Gobierno.

Queremos que la Comisión Constitucional publique:

  • Un calendario con las fechas de las comparecencias de expertos que quedan y con las fechas de las votaciones.
  • La lista de los expertos que van a comparecer antes de la votación de la ley.

Ninguno tenemos ya duda alguna sobre la urgente necesidad de establecer un sistema de transparencia sólido, completo y transversal en España. Los casos de corrupción siguen floreciendo, y Gobierno y oposición parecen no querer aprobar medidas tajantes para acabar con un problema que la mayoría percibimos como endémico, por mucho que nuestros gobernantes no lo reconozcan.

La transparencia es una medida fundamental para luchar contra la corrupción y para hacer más eficiente el funcionamiento de nuestras instituciones. Para conseguir este cambio necesitamos que la futura ley de transparencia sea mejor, en línea con los estándares internacionales y adaptada a los nuevos movimientos que definen la transparencia como el Open Data o El Open Government.

Las promesas ya no valen. Tenemos la ley entre las manos y es una oportunidad única para cambiar el rumbo y la forma de hacer política en España. El nuevo pacto contra la corrupción no es vinculante, la ley de financiación de partidos no da resultados… Necesitamos un cambio a mejor y solo una ley que reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental aplicable a todas las instituciones públicas puede traer ese cambio.

 

¡Ayúdanos a pedir más transparencia sobre la ley de transparencia!

El miércoles 13 de marzo de 2013 a partir de las 09:00 manda un tuit al Congreso con un link a este post para conseguir entre todos más información sobre la futura ley. Puedes añadir a tu diputado favorito, búscalo en esta lista.

Algunos ejemplos:

¿Dónde está la ley de #transparencia? @Congreso_Es #PreguntaCongreso -> http://bit.ly/Zkbc8S

¿Cuándo sabremos si la ley de #transparencia incorpora mejoras que pide la ciudadanía? @Congreso_Es #PreguntaCongreso -> http://bit.ly/Zkbc8S

Gracias por tu apoyo,

Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados

Esta reacción se produce tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto.

El Defensor del Pueblo ha criticado severamente el secretismo de la Comunidad de la Madrid sobre el macroproyecto Eurovegas y exige total transparencia sobre el mismo. En una respuesta por escrito tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto, Francisco Fernández Marugán (adjunto primero a la Defensora del pueblo) destaca que se trata de un proyecto de “excepcional interés público”, por lo que “la Comunidad de Madrid ha de ser transparente sobre cuanto conozca sobre el futuro centro de ocio, y debe informar a los interesados“.

Desde que salió a la luz la intención de construir Eurovegas en Madrid, la Plataforma Eurovegas No ha realizado 12 solicitudes de información a diferentes instituciones solicitando detalles sobre este proyecto sin que ninguna haya sido satisfactoria, algunas por falta de respuesta y otras por respuestas vagas e imprecisas, como las enviadas por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda.

El Defensor del Pueblo, en su respuesta a la queja planteada el pasado 8 de noviembre por la plataforma, comentaba que “la Comunidad de Madrid ha de obtener información, incluso tratándose de una mera expectativa de implantación de carácter privado, pues no sólo a la entidad promotora correspondería informar de su contenido”, criticando las respuestas que alegaban no tener información sobre el proyecto.

Las peticiones realizadas por la Plataforma Eurovegas No a través de Tuderechoasaber.es solicitaban, entre otra información:

    • Cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas
    • La información referente a los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que puede tener el proyecto.
    • Cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands Corporation y la Comunidad de Madrid.

El Defensor del Pueblo hace una mención a la adopción por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2012 de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas y contrasta este hecho con la falta de respuestas a las preguntas de la Plataforma. Destaca que “hay un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa”.

El Defensor del Pueblo también solicitará más información

En la carta, el Defensor del Pueblo afirma que investigará, por ejemplo, si Las Vegas Sands Corporation ha presentado alguna solicitud para la aprobación como Centro Integrado de Desarrollo para un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones, si ha sido presentada por la empresa una solicitud de declaración de viabilidad, y si habría sido resuelta por el Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público, tal y como es Eurovegas”, comenta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe. “Es evidente que España necesita con urgencia una ley de acceso a la información; el gobierno debe actuar con prisa para rellenar este vacío legal”.

La Plataforma Eurovegas No va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto del que se sabe tan poco.

Para más información sobre este tema, puedes contactar con Alicia Costas de Access Info Europe a través del email alicia(arroba)access-info(punto)org.

La carta del Defensor del Pueblo:

El periodista Daniele Grasso ha enviado una petición a todos los departamentos para conocer a qué empresas contrataron las administraciones públicas durante 2012 y cuál es el precio de estas consultorías.

El periodista freelance Daniele Grasso lleva 20 días intentando dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué empresas asesoran a las administraciones públicas? y ¿cuánto cuestan estos servicios? Para conseguir esa información, puso en marcha una serie de 13 peticiones destinadas a cada uno de los ministerios (dos de ellas a Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) a través de Tu Derecho a Saber.

Por el momento, los resultados no son nada alentadores: “Las trabas se han centrado en rebotarme de una ventanilla a otra, virtualmente hablando. En la mayoría de casos, el Ministerio me ha remitido a secretarías o departamentos de gestión del gasto. Los que hasta la fecha me han respondido (la Secretaría de Estado de Exteriores, en este caso) me han vuelto a enviar a la casilla de salida”, explica.

Pese a todos estos obstáculos, sigue insistiendo. En paralelo, actualiza a diario un documento en el que da buena cuenta de los resultados de sus peticiones. “¿Por qué la administración tendría que poner trabas a quién quisiera hacerse con estos datos públicos?”, insiste, además de recordar que “pedir información es la mejor forma para exigir transparencia. De este forma, además, se acostumbra a quien trabaja en la administración a ofrecer los datos disponibles a quien los reclame”.

Daniele ha planteado esta pregunta a:

¿POR QUÉ ESTA INFORMACIÓN NO ES PÚBLICA?
Tal y como cuenta Grasso, “en España, el gasto en este tipo de servicio está previsto en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se recoge en el área de “coordinación, gestión de recursos humanos, materiales y financieros, control de la gestión, apoyo informativo y asesoramiento jurídico y económico”, según se desprende de los Informes Económicos Financieros del Estado”.

“Como en todo lo que concierne a las partidas presupuestarias, no es posible conocer su ejecución: es decir, la administración no ofrece datos sobre cómo se gasta el dinero que se recibe en los presupuestos. El asunto se hace aún más peliagudo cuando se trata de utilizar ese dinero de los contribuyentes para contratar a empresas externas con la finalidad de recibir una opinión o una ayuda sobre determinados asuntos o de asesorar para la realización de un determinado programa o proyecto. También los contratos externalizados para consultorías o asesoramiento se publican en la Plataforma de Contratación del Estado.

Allí, un buscador permite visualizar y descargar cada uno de los contratos firmados entre sector público y empresas privadas. Pero “encontrar todos los contratos para consultorías no es tarea fácil: por el extenso número de documentos publicados y por la nomenclatura utilizada. Hace falta  tener el ojo entrenado para darse cuenta de que Servicios para el apoyo a la gestión de los programas de I+D, Ciudadanía Digital, Contenidos Digitales y Servicios públicos digitales es un contrato de consultoría de 1.623.428,02 de euros con PricewatterhouseCooper, una gran multinacional del sector. Hay también casos menos enredados pero igualmente llamativos como los 25.000 euros que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha pagado a Telefónica para servicios de consultoría en la selección del equipo informático“.

Para poner en contexto, este periodista afincado en Madrid recuerda el caso italiano: en una sesión parlamentaria, el pasado 22 de diciembre, se hizo público que el gasto en consultores externos, sólo en 2012, había sido de 14.000 millones de euros, a los que habría que sumar la contratación de empresas que asesoraron los trabajos de cada departamento, de cada ministerio. “Esta información causó una fuerte polémica en Italia, ya que la cifra se salvó de las políticas de austeridad del Gobierno de Mario Monti, a pesar de que el proyecto de gasto presentado a comienzos de legislatura preveía su recorte”.

¿Y en España? Estaremos atentos a las respuestas de los ministerios a esta pregunta.

agua_1120¿En qué se basan las decisiones que toman las administraciones públicas? En muchos casos, incluso cuando existen informes previos, la ciudadanía no tiene acceso a ellos. Esta falta de transparencia, además de coartar el derecho a la información de los ciudadanos, abre la veda a las dudas: ¿Cómo podemos saber si la decisión que toma el alcalde/concejal/ministro/presidente es la más beneficiosa para el interés general si no sabemos qué estudios la avalan?

Es el caso del proceso de privatización del Canal de Isabel II, entidad que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. Un colectivo ciudadano, la Marea Azul de Madrid ha puesto en marcha una campaña para exigir a las administraciones responsables que hagan públicos los informes que encargaron para valorar el cambio de modelo, el plan económico financiero y el contrato programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad anónima Canal Gestión S.A., entre otros documentos. El colectivo ha reclamado estos documentos a la Comunidad de Madrid a través de una petición de información en Tu Derecho a Saber.

La Marea Azul denuncia la “opacidad” del cambio de modelo, ya que “aunque se encargaron cuatro estudios distintos por valor de 1.144.235 euros, que se pagaron con fondos públicos, esa información no se ha compartido con la ciudadanía. Por lo que, cuatro años después de que se iniciara el proceso de privatización, “ni siquiera sabemos en cuánto está valorada la empresa”, denuncian. Además, critican “las ansias de privatización del gobierno de la Comunidad de Madrid” que, en su opinión, han transformado la Empresa Pública Canal de Isabel II “en un ente al servicio de una nueva Sociedad Anónima, Canal Isabel II Gestión, que ahora se hace cargo de la gestión del agua de Madrid”.

El objetivo de su campaña es “devolverle al agua la cualidad que nunca debió perder: la transparencia”. Para ello, han reclamado a la Comunidad de Madrid:

  • Los estudios previos que pretendidamente justifican el cambio de
    modelo de gestión del agua en la Comunidad de Madrid.
  • Los estudios realizados por las consultores Rothschild, BBVA,
    Tinsa y Cuatrecases, sobre aspectos financieros, económicos,
    patrimoniales y jurídicos del Canal de Isabel II.
  • El Plan Económico Financiero.
  • El contrato programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad
    anónima Canal Gestión S.A.
  • El estudio de la valoración económica de la nueva sociedad y del
    capital social adoptado.
  • El inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación
    a la sociedad Canal 
Gestión S.A.
  • La valoración económica del contrato programa.
  • La estructura y recursos del ente público Canal de Isabel II.

Por el momento, la Comunidad de Madrid ha derivado la pregunta a la Subdirección General de Atención al Ciudadano para su gestión, que debería responder antes del 27 de marzo. Estaremos atentos.

Además de la reclamación en Tu Derecho a Saber, La Marea Azul anima a concejales, diputados y otros cargos electos que colaboren para que esta información, pagada por todos, sea de acceso público. Puedes seguir la evolución de la pregunta de La Marea Azul aquí y encontrar más información sobre la campaña en el blog Si no es transparente no es agua, en su web, en Facebook y en Twitter.

Access Info Europe, una de las organizaciones impulsoras de Tuderechoasaber.es, ha iniciado una serie de solicitudes de información en 41 países para conocer más sobre los protocolos de acción policial y los equipos utilizados por los cuerpos de seguridad en manifestaciones y marchas de protesta. En el caso de España, esta organización ha enviado la solicitud de información a la Dirección General de Policía a través de la web Tuderechoasaber.es.

En la solicitud –consúltala aquí-, Access Info Europe pide acceso a “la información y/o a los documentos en manos de la policía nacional (los archivos a los que ésta pueda acceder) en relación con las intervenciones policiales en casos de manifestaciones, concentraciones, y protestas ciudadanas”. Esta petición se dirige a las direcciones de los cuerpos nacionales de policía de países como Francia, Bélgica, Bulgaria, Italia, Rumanía o Alemania.

La práctica totalidad de estos países –con la excepción de España entre los grandes estados europeos- cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente, que reconoce el derecho de sus ciudadanos a solicitar esta información y a obtener respuesta. Únicamente en el caso de Irlanda la ley (aprobada en 1998 y enmendada en 2003) excluye a los cuerpos policiales de la lista de instituciones y cuerpos públicos sujetos a la Ley de Libertad de Información.

Solicitud: Los equipamientos y las acciones policiales en las manifestaciones

Destinatario: Dirección General de Policía

Plazo de respuesta según normativa general: 22 de marzo de 2013

Unidad de Intervención Policial (UIP) / Imagen: www.policia.es

Entre la información que Access Info Europe ha solicitado a la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, figura la normativa específica que rige el uso de material policial durante una manifestación, así como el equipamiento de uso autorizado. En el caso de equipamiento como “matracas, escudos, balas de goma, etc” Access Info Europe ha solicitado también conocer “las indicaciones estratégicas y la formación que recibe la policía nacional sobre el uso del material a su disposición en casos de manifestaciones”, y si “existen informes de evaluación de los últimos cinco años, realizados por la policía o el gobierno sobre el tema del mantenimiento del orden”. En tal caso, esta organización solicita copia de los mismos.

Con estas solicitudes esperamos conseguir una mejor visión de la situación en Europa y contribuir al debate público sobre protocolos policiales en consonancia con los derechos humanos, algo que cobra especial importancia en el caso de España”, explica Lydia Medland, coordinadora de campañas e investigación de Access Info Europe.

Puedes seguir las novedades en torno a esta solicitud específica suscribiéndote a “También quiero saber” en este link o solicitando a Access Info Europe más información al respecto: Lydia@access-info.org

El comunicado de Access Info Europe sobre esta campaña (en inglés)