Una sentencia avala la resolución del Consejo de Transparencia que instaba al Gobierno a responder a una solicitud de información de Civio

Batalla perdida para Defensa. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha desestimado el recurso que interpuso el Ministerio con el que pretendía ocultar la identidad de los acompañantes de las autoridades en los vuelos oficiales fletados por el Ejército del Aire –a bordo, por ejemplo, del clásico Falcon–. La sentencia, que avala la posición del Consejo de Transparencia (CTBG), la parte demandada, tras una solicitud de información de Civio, aún no es firme, por lo que el ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación. Si no lo hace, deberá proporcionar la información.

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Civio pidió el listado de los pasajeros trasladados por el Grupo 45 del Ejército, encargado del transporte de autoridades. Tras la negativa de Defensa, Civio recurrió al CTBG, que dio la razón a esta fundación e instó a informar de los pasajeros en los vuelos oficiales, a excepción de aquellos traslados del presidente del Gobierno o de miembros de la Casa Real, puesto que son materias clasificadas protegidas por ley.

Tras esa primera resolución, Defensa se saltó el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia para emitir una nueva denegación, con motivos distintos y mediante un nuevo expediente. El CTBG, mediante un oficio, instó a Defensa a cumplir la primera y calificó de improcedente el nuevo proceso creado por el Ministerio. El pasado mes de junio, Defensa demandó al CTBG para no tener que identificar a los pasajeros de vuelos oficiales.

Así las cosas, el magistrado reprocha a Defensa que emitiera una segunda respuesta tras la resolución del CTBG, una vuelta de tuerca que no está establecida en la Ley, y afirma en su sentencia que “ni era necesario, ni procedente, ni ajustado a Derecho incoar un nuevo expediente […] ni, menos aún, pronunciarse sobre cuestiones que no se habían planteado” en la primera denegación del ministerio. En esta, Defensa se basó en la Ley de Secretos Oficiales, la defensa nacional y la protección de datos personales. Después de la resolución firme del CTBG que tumbó parcialmente estos argumentos, Defensa inició un nuevo expediente y alegó, entonces, que no disponía de la información. Además, esa segunda excusa contradecía otra resolución del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire que informaba sobre el procedimiento que sigue la administración para solicitar transporte aéreo de autoridades: deben informar con anterioridad de las personas que viajan en cada vuelo.

En este sentido, el fallo afirma que Defensa “no puede denegar la información por un motivo y, posteriormente, tras la estimación de la reclamación presentada ante el Consejo o incluso de un recurso judicial, volver a denegarla por un motivo diferente no contemplado en la resolución inicial”.

La sentencia anula el segundo expediente que inició Defensa, da la razón al Consejo de Transparencia y, por tanto, obliga al ministerio a identificar a los acompañantes de los altos cargos transportados por el Ejército del Aire. Defensa, previo pago de un depósito de 50€, aún puede recurrir esta sentencia hasta finales de febrero, por lo que puede comenzar otra batalla en los tribunales. Una batalla cuyos gastos –costas procesales, depósito, abogado del Estado– pagamos todos.

Cronología del caso

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Más de 470 días después, el ministerio, ahora con Cospedal al frente, sigue sin hacer pública la información requerida.

21 de octubre de 2015 – La Fundación Civio envía a al Ministerio de Defensa una solicitud de información sobre la lista de pasajeros del Grupo 45 de las FAE.

29 de octubre de 2015 – Se determina que la competencia para contestar a dicha solicitud corresponde al Estado Mayor del Ejército del Aire.

1 de diciembre de 2015 – Ante la falta de respuesta, Civio envía una reclamación al Consejo de Transparencia.

2 de diciembre de 2015 – Recibimos respuesta a través del Portal de Transparencia. El segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire deniega el acceso a la información amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en los límites de la Ley de Transparencia.

15 de febrero de 2016 – El Consejo de Transparencia emite una resolución que estima parcialmente las reclamaciones de Civio e insta a Defensa a facilitar la información en el plazo máximo de un mes.

16 de marzo de 2016 – Defensa vuelve a emitir una resolución denegando la información, como si el proceso volviera a empezar.

12 de abril de 2016 – El Consejo de Transparencia notifica a Defensa mediante un oficio que su resolución anterior, la segunda, no tiene fundamento jurídico. Además, informa a Defensa de que debe facilitar la información o interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo, como prevé la Ley de Transparencia.

22 de junio de 2016 –  El Consejo de Transparencia notifica a Civio como parte interesada que Defensa ha interpuesto un contencioso-administrativo contra su resolución. La persona del equipo de Civio que pidió la información recibe emplazamiento para comparecer en plazo de nueve días.

9 de febrero de 2017El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid desestima el recurso interpuesto por Defensa con la resolución del Consejo de Transparencia, que le instaba a hacer pública la información solicitada por Civio.

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Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

El ministerio encabezado por Pedro Morénes ignora al Consejo de Transparencia, que le insta a entregar una información de "especial relevancia". El Ejército del Aire no identifica a las personas que embarcan en sus aviones pese a reconocer que es parte del procedimiento de control operativo de estos vuelos.

Recibimiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su visita de 2013 a Astaná (Kazajstán) tras viajar a bordo del Falcon, uno de los aviones del Grupo 45 del Ejército del Aire. Fuente: mde.es

El Ministerio de Defensa encubre los nombres de las personas que viajaron a bordo de los aviones oficiales junto a los ministros. Lo hace, además, tras desobedecer de manera premeditada las indicaciones del Consejo de Transparencia (CTBG), que le insta a entregar esta información. Después de una petición de información y una reclamación ante el CTBG, Defensa reinicia, a su propio arbitrio y contra procedimiento, la tramitación de una solicitud de acceso a la información para negar una información pública. Con esta vuelta de tuerca, el departamento dirigido en funciones por Pedro Morenés ignora al Consejo de Transparencia para esconder la identidad de los viajeros que acompañan en aeronaves de la Fuerza Aérea Española a los altos cargos del Gobierno.

Primera denegación de Defensa: prima la privacidad ante el interés público

El origen de la situación en la que Defensa ignora las indicaciones del CTBG radica en una petición de información presentada por Civio dirigida al Grupo 45 del Ejército del Aire. Esta unidad tiene encomendada la misión de transportar, previa solicitud por escrito, a las autoridades, tanto españolas como extranjeras de visita en España a las que el Gobierno decide brindarle esta forma de transporte. La petición de información pedía a esta unidad del Ejército del Aire un listado de todos los pasajeros de estos vuelos con altos cargos a bordo.

 

 

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

La respuesta de Defensa a la solicitud de información planteada al Grupo 45 se limita a denegar la información en base, por un lado, a la protección de datos personales –que sitúa en este caso por encima del interés público– y, por otro lado, en el límite contemplado en la Ley de Transparencia para supuestos en los que la difusión de una información suponga un perjuicio para la defensa. Para apoyar este razonamiento, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, firmante de la resolución denegatoria, alude a la Ley de Secretos Oficiales y una orden ministerial que reconoce la facultad para clasificar los materiales que considere pertinentes para proteger sus intereses.

Resolución del Consejo de Transparencia: información de especial relevancia

Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.

En cuanto a la protección de datos personales, el CTBG argumenta que la difusión el nombre de las personas transportadas por el Grupo 45 no quebranta la normativa puesto que no revela datos de especial protección, dado que no se refieren a su ideología, creencias, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En este punto, el Consejo manifiesta su preocupación por la “interpretación extensiva” de los límites al derecho de acceso a la información.

Además, el CTBG subraya que la clasificación de la información a la que alude Defensa, al invocar la Ley de Secretos Oficiales, solo está referida a la Casa Real y a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que los datos relativos al transporte aéreo del presidente y del jefe del Estado están de por sí clasificados, pero no es así para las identidades del resto de autoridades transportadas y la de sus acompañantes, que han de ser públicas. Por ello, el CTBG insta al Ministerio de Defensa a entregar en el plazo de un mes la información.

Defensa se contradice y oculta información pública durante más de seis meses

En lugar de acatar la disposición –o de recurrirla ante Tribunal Contencioso-Administrativo de no estar conforme–, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire decide ignorar al Consejo de Transparencia y presentar más alegaciones. En su última resolución, tramitada como una nueva solicitud de información y al margen del procedimiento fijado en la Ley de Transparencia, Defensa rechaza responder, en esta ocasión, por entender que el derecho de acceso a la información pública solo es aplicable a los documentos generados por la administración pública desde la entrada de vigor de la Ley, en diciembre de 2014. Es decir, Defensa entiende que la información generada antes de esa fecha queda fuera del conocimiento de los ciudadanos.

Además, aduce que el Ejército del Aire no dispone de la información relativa de todos los viajeros. A pesar de que la solicitud de transporte aéreo debe incluir los datos de las personas que viajarán con las autoridades y que estos forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos del vuelo, según reconoce en otra resolución paralela sobre el procedimiento de estos traslados, Defensa reconoce haber recibido estos datos solo en uno de cada cuatro vuelos operados en los últimos cinco años y que no se realiza identificación alguna de las personas que embarcan en sus aviones, ya que, según sus palabras, para el cumplimiento de la misión solo les importa el número de pasajeros. Es decir, primero Defensa endilga la responsabilidad de la desinformación a los organismos públicos que no informan debidamente y acto seguido se contradice o declara incumplir los procedimientos de control al no verificar quién accede a sus aeronaves.

Con este incumplimiento de la resolución del CTBG, Defensa pretende arrancar de nuevo un proceso que se inició con la solicitud en octubre de 2015 y que debía haber sido entregada el 15 de marzo de 2016. Después de su última maniobra, el Consejo de Transparencia envió el pasado 12 de abril un escrito al ministerio de Pedro Morenés para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. A día de hoy, Defensa continúa mirando hacia otro lado.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Fuente: lamoncloa.gob.es

“Existen circunstancias que permiten cuestionar la finalidad seria y legítima del solicitante”. El Ministerio de Fomento incluye esta valoración en su respuesta para inadmitir a trámite una solicitud de información que pedía la relación de pagos realizados por este ministerio en dos programas de gasto muy específicos destinados a la creación, conservación y explotación de carreteras. En su descargo, el Ministerio reclama al solicitante una coherencia, “que se halla ausente en su actuación” y pide un “afán de conocimiento concreto”, y no “estar más bien orientada a la obtención de una base de datos”.

La solicitud de cuya “finalidad seria” recela el Ministerio pedía una lista de pagos cargados a dos subconceptos –el mínimo nivel de detalle disponible en el presupuesto, pero no en la ejecución– de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asignados al Ministerio de Fomento, desde el año 2000 a la actualidad.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

En una inaudita resolución de una petición de información, el Ministerio de Fomento recela de la intención y la finalidad de una pregunta y deniega, por ello, el acceso a los datos solicitados. De esta forma, Fomento retuerce las causas de inadmisión a trámite contempladas en la Ley de Transparencia para tachar de incoherente e inconcreta una pregunta explícita sobre la ejecución de dos programas concretos de los PGE.

Este juicio de valor del Ministerio de Fomento resulta alarmante. Cuestiona la legitimidad y la seriedad de quien pregunta por dos partidas etiquetadas como 'Otros' y que suponen, por ejemplo, el 26,7% del presupuesto total del Ministerio de Fomento para 2016. Un cajón de sastre de más de 1.660 millones de euros.

Uno de los principios que caracterizan la cultura de la Transparencia es mejorar el conocimiento relativo a la disposición de los fondos públicos y su rendición de cuentas. La ley, aunque no recoja en las obligaciones de publicidad activa el nivel de detalle solicitado en este caso, debe interpretarse para permitir a los ciudadanos conocer a qué se destina cada euro del gasto público.

Otro matiz reprochable de la respuesta del ministerio que dirige en funciones Ana Pastor es que transfiere nuevas exigencias –“seriedad”, “coherencia”, “concreción”- a los solicitantes de información al amparo de una ley que a quien obliga es a las instituciones públicas. La propia Ley de Transparencia establece que, en caso de supuesta falta de concreción, la administración debe pedir al solicitante que clarifique qué datos requiere (artículo 19.2). La regulación establece que la administración debe auxiliar al ciudadano, pero Fomento opta por cuestionar su seriedad y sus intenciones.

Además de dudar de la seriedad de la pregunta y de tachar de incoherente la actuación del solicitante, la respuesta del Ministerio entremezcla varios motivos de inadmisión incluidos en la Ley de Transparencia para denegar el acceso a los datos. Primero, inadmite a trámite la petición de información por requerir, para poder facilitarla, una reelaboración de la información. Después, alega que se trata de una solicitud repetitiva y de carácter abusivo. Dentro de este abuso, invoca la protección de datos personales y al volumen de la información como escollo para conceder el acceso a lo solicitado.

En su respuesta, Fomento no contempla los mecanismos que incorpora la ley como la ampliación del plazo de respuesta ante informaciones voluminosas (artículo 20.1) o la facultad de anonimizar los datos (artículos 15.4 y 16) para no vulnerar la protección de datos personales. En lugar de existir una actitud de ayuda y asistencia al solicitante –con una respuesta parcial acotada a un rango de años inferior, previa justificación, por ejemplo–, el Ministerio de Fomento pone más esfuerzo e imaginación para denegar unos datos presupuestarios que competen a toda la ciudadanía.

La lista completa de los cientos de invitados a la recepción de los reyes en el Palacio Real, entre los que se encuentran políticos, empresarios, periodistas y artistas, es una incógnita. El ágape ofrecido tras el desfile militar del 12 de octubre costó, entre comida, bebida y servicio, 27.720€

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi.

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi en el Palacio Real. Fuente: casareal.es

Cada 12 de octubre, la élite social, política y económica del país celebra en el Palacio Real, entre aperitivos, vino y cava, el Día de la Hispanidad. Como cada año tras el tradicional desfile castrense, los reyes reciben en palacio a cientos de invitados con motivo de la fiesta nacional. En esta última edición, según los medios de comunicación, el cóctel estuvo marcado por sonadas ausencias, como la anunciada por Pablo Iglesias, o el éxito cosechado por Albert Rivera, adulado y solicitado en los diferentes corrillos al calor de las prometedoras encuestas de aquel entonces. Pero no hay datos oficiales sobre los asistentes: año tras año, el listado de los invitados no es público. Y por lo que parece, así lo seguirá siendo.

La Ley de Transparencia, tal como está redactada, de poco sirve para conocer de forma oficial quién estuvo en aquella jornada. Así lo ratifica el Consejo de Transparencia (CTBG) tras una reclamación ante una relación imprecisa de los invitados por Casa Real.

Después de una solicitud de información que pedía la relación completa de invitados y el coste del cóctel del Día de la Hispanidad, Presidencia del Gobierno, la encargada de responder por Casa Real, despachaba con un párrafo el asunto de los invitados. La respuesta arrancaba con la expresión entre los asistentes; es decir, no se trataba de un listado completo. Presidencia contestó con una mención genérica de instituciones del Estado de donde podrían provenir los diferentes asistentes. A esa enumeración se añaden personas procedentes de diferentes sectores sociales de la vida pública nacional, una etiqueta que homogeneiza a empresarios, periodistas o personajes de la cultura nacional, entre otros.

Tras recurrir la indefinición de la respuesta ante el Consejo de Transparencia, Presidencia alegó, como uno de los motivos para no dar el listado completo, que no existe un interés público suficientemente sólido y superior que justifique la difusión de los nombres de los casi 1.500 asistentes, cifra acorde a la nota de prensa de Casa Real. Esta consideración sobre el interés público de la información es posible debido al apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, que establece que cuando la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud debe ponderar –y razonar– el interés público de la información y el derecho de aquellos cuyos datos aparezcan en la información solicitada.

Sin embargo, la clave para no desgranar la relación de los asistentes la da el Consejo de Transparencia en los fundamentos jurídicos de su resolución. Concretamente, el CTBG menciona el artículo 2 de la ley, que fija las entidades obligadas a responder al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Dicho punto de la norma acota la responsabilidad de la Casa Real a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por lo que sí podemos saber el coste del cóctel, ya que se trata de un acto de disposición de dinero procedente del erario público, según confirma el CTBG, pero no quién participó en dicha recepción real, ya que está fuera del concepto de actividades sujetas a Derecho Público –un límite impuesto por decisión del legislador, recalca el Consejo en su escrito.

¿Qué comprenden las actividades sujetas a Derecho Público?

El Consejo de Transparencia se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para definir qué actividades están sujetas a Derecho Público. Según la norma, el concepto comprende los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Por tanto, según recoge el CTBG, dentro de dicha consideración se entienden incluidos los actos de gestión presupuestaria, como el coste del cóctel del 12 de octubre, que ascendió a 27.720€, entre catering y personal.

Debido a la limitación establecida por la Ley de Transparencia con el concepto de actividades sujetas a Derecho Público, quedan excluidas el resto de informaciones que vayan más allá de la información presupuestaria, administrativa y de recursos humanos relativas, en este caso, a la Casa Real. Además, el Consejo de Transparencia añade que la respuesta genérica cumple con el espíritu de la norma y respalda así la respuesta del Gobierno. En consecuencia, la identidad de las personas invitadas por los reyes –un acto meramente protocolario, según el Gobierno– queda fuera de la fiscalización de la Ley de Transparencia. Es decir, podemos saber cuánto se gastó en el cóctel, pero no quiénes disfrutaron del mismo.

La Comunidad de Madrid se enreda en el proceso de ofrecer información pública y, en ocasiones, llega al anacrónico extremo de requerir el envío por correo postal, obviando la comunicación por vía electrónica con el ciudadano.

Sello del centenario del Pony Express, el servicio postal de EEUU del siglo XIX previo al desarrollo del telégrafo. Fuente: wikipedia.org

El Pony Express, servicio de mensajería creado en 1860, consiguió reducir a 10 días el correo postal entre St. Joseph (Missouri) y Sacramento (California) gracias al uso de caballos. Año y medio después de su consolidación, la innovación del telégrafo terminó con este método de comunicación. Fuente: wikipedia.org

El Gobierno de la Comunidad de Madrid esquiva las respuestas directas a solicitudes de información pública. Al efecto disuasorio del “acuda a otra ventanilla” se le añade el silencio administrativo y el requisito de enviar un escrito, con motivación e identificación, por correo postal, para atender al ciudadano. El pasado mes de agosto, con una composición de Gobierno renovada, el Centro de Información Telemática de la Consejería de Sanidad volvió a requerir el envío de una carta para considerar si otorgaba el acceso a una información pública.

Por su parte, y pocos días después de su toma de posesión como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos afirmó con énfasis en una entrevista en Onda Madrid que el nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes iba “a luchar por la transparencia que desde hace años pedimos los ciudadanos”. A tenor de las respuestas ofrecidas mediante correo electrónico, pareciera que los ciudadanos piden transparencia de estafeta y matasellos.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo reconoció el efecto disuasorio de los mecanismos complejos y largos que actualmente son necesarios para solicitar una información, tras una queja sobre el Portal de Transparencia y su proceso de registro e identificación presentada por Access Info.

Todo es cuestión de voluntad, más allá de limitaciones legales. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepta solicitudes enviadas por correo electrónico –incluso acepta las remitidas de forma anónima-. Así lo anunció el día que se publicó la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Además de garantizar el acceso a la información pública como “derecho fundamental de carácter universal”, el CGPJ añadió que priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

En aquella entrevista como recién nombrado consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos aseveró: “El norte de nuestra presidenta es la trasparencia total y absoluta”. Toca esperar al cartero para ver si reciben un astrolabio, una brújula o un GPS para encontrar su rumbo.

Tras solicitar a diez partidos sus presupuestos para la campaña, Podemos es el único que responde, aunque de forma parcial. ERC no contesta pese a tener el presupuesto publicado en su página web.

 

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Adalides de la transparencia mientras piden el voto; pudorosos a mostrar su presupuesto para la campaña, y por ende, sus expectativas ante la cita electoral. Los partidos funcionan a crédito en las elecciones: sin votos no hay reembolso de sus pagos. Sin un presupuesto claro y público es complicado anticipar cuánto dinero reclamarán a las arcas públicas por sus actos de campaña, aunque ello desvele la confianza puesta en su resultados.

El Gobierno incluyó in extremis a los partidos políticos en la redacción final de la Ley de Transparencia. Todo ello después de que Civio y Access Info, responsables de Tuderechoasaber.es, y apoyados por 180.804 firmantes, exigieran a Vicepresidencia de Moncloa que la futura norma contuviera a las formaciones políticas, sus fundaciones y a los sindicatos. Sin embargo, están liberados de responder a peticiones de información. La norma sólo les obliga a “la publicación periódica de información relevante” para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta publicidad activa debe recoger, entre otros asuntos, sus presupuestos completos para las elecciones.

Antes del arranque de campaña, y mediante una petición de información, 10 formaciones políticas fueron instadas a que publicasen su presupuesto desglosado, con su previsión de gastos para la pasada campaña electoral –excepto a CiU y ERC, a los que se preguntó por su campaña para el Parlament de Catalunya. El resultado: tan sólo Podemos dio parte de la información solicitada. Algunos de los partidos que recibieron el máximo reconocimiento en algunos rankings por su supuesta transparencia, como PSOE y Ciudadanos, dieron por callada la respuesta con acuse de recibo mediante.

Podemos, presente en las elecciones autonómicas–y compañero de coaliciones en algunas agrupaciones de confluencia de izquierdas en las municipales–, respondía antes del inicio de la campaña que adaptaban sus pagos y previsiones en función de las aportaciones de particulares. Por ello, pedían esperar al cierre de sus microcréditos –que no descartaban mantener hasta el último día– para dar a conocer la cifra final que fue de 1.563.100€, según su página web. Una planificación improvisada e “inusual”, según reconocen en su respuesta.

La solicitud de información también pedía una relación de empresas, asociaciones y fundaciones donantes y el monto total de la aportación. La nueva formación afirmó que no recibieron donativos de organizaciones.

Publicidad activa y calidad de los datos

Los partidos están exentos de responder a preguntas de los ciudadanos, pero están obligados a publicar, en particular, sus presupuestos para las elecciones. No obstante, los partidos publicaron de forma dispar –si es que llegaron a hacerlo– los datos relativos a los gastos electorales del 24-M. El más refinado fue ERC, que publicó su presupuesto de campaña entregado a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Algo menos descriptiva es la previsión de Ciudadanos, que divide su presupuesto para esta cita electoral de mayo en cuatro grandes partidas: Municipales (500.000€), autonómicas en Madrid (300.000€) y en Valencia (150.000€) y resto de autonomías (300.000€). Además prevén recuperar la totalidad de lo invertido “dadas las previsiones electorales”, según este documento publicado por la formación naranja.

Más laxo es el Partido Socialista, que divulgó en su portal de transparencia que su límite legal de gasto sería de 18.713.805€, y argumenta que su dirección aprobó un presupuesto de campaña “notablemente inferior a dicha cantidad”.

La falta de información es común entre UPyD, sin datos específicos a esta cita en su página oficial (ofrecen los de las elecciones al parlamento andaluz); Convergència i Unió, que contiene la rendición de cuentas de los comicios anteriores; Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. Estos tres últimos no anuncian nada al respecto en sus sitios oficiales.

Con los resultados aún calientes de las elecciones locales y autonómicas –sin contar con Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco–, no sabemos cuánto previeron gastar la mayoría de partidos, ni en qué conceptos. Desconocemos, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuánto han gastado realmente, un dinero que será reembolsado mediante fondos públicos y que no cuenta con presupuestos detallados compartidos con la ciudadanía. El Tribunal de Cuentas ya señaló, a posteriori, gastos injustificados de los partidos o pagos de naturaleza no electoral, como bocadillos y bebidas, en su informe de fiscalización de las anteriores elecciones municipales de 2011.

Excepto Podemos, que sí ofreció la información de la que disponía y la federación socialista en el País Vasco, que remitía a su Comisión Ejecutiva Federal, partidos emergentes y veteranos no respondieron a una petición de información, como Convergència y Unió, Izquierda Unida, Partido Popular, UPyD, PNV, Ciudadanos y PSOE.

Mención especial merece Esquerra Republicana. La petición de información les solicitaba un documento disponible en su página web; no enviar al menos el enlace para su descarga muestra desgana. Contestar hubiese sido la guinda perfecta a su loable ejercicio de transparencia. Con la ley en la mano, los partidos no están sujetos a responder preguntas de los ciudadanos, pero es cuestión de voluntad política. O al menos, de falta de desidia.

Los datos publicados tras una protesta con altercados impiden conocer el verdadero alcance de las lesiones. El director general de la Policía responde de forma parcial a una solicitud de información.

Policía Nacional lesionado durante las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

Un agente de las UIP es trasladado por un miembro del SAMUR para ser atendido tras las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

“101 personas atendidas, de las cuales 67 son policías”. Acaba la manifestación y llega el tradicional balance de heridos. El listado de los agentes que acaban con lesiones suele ser público a las pocas horas del fin de una protesta. Conocer cuántos manifestantes acabaron heridos es más complicado (si se da la cifra, además, es mucho menor que la de agentes). Saber con detalle de qué tipo de lesiones se habla cuando se nombra a los policías heridos, más aún.

Hace casi un año confluyeron en Madrid las Marchas de la dignidad procedentes de varios puntos del país. Al término de una de las mayores manifestaciones de los últimos años, se sucedieron graves altercados entre las plazas de Cibeles y Neptuno, en pleno centro de la capital. El saldo: 101 personas heridas, de las cuales 47 fueron policías nacionales y 20 agentes municipales, según los servicios de emergencia madrileños.

El balance, una vez más, incluía esas cifras genéricas pero no el parte desglosado del número de atendidos ni el alcance de sus lesiones: qué tipo de lesión fue la más recurrente y cuantos sufrieron baja laboral o tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos. De esta forma, no es posible diferenciar entre aquellas personas que sufrieron un tropiezo de las que fueron agredidas.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, respondió a una solicitud de información realizada a través de TuDerechoaSaber.es, con la Ley de Transparencia en la mano, que fueron siete los funcionarios que estuvieron de baja por las heridas. Se trata de la misma información que aportó en la comisión de interior del 23 de abril en el Congreso de los Diputados, donde confirmó que ningún agente fue hospitalizado más allá de la noche de los disturbios. No hay información de los 20 policías municipales atendidos por el SAMUR. Ni Cosidó ni el delegado de Seguridad y Emergencias de Madrid, Enrique Núñez, en su intervención en el pleno del ayuntamiento, aclararon si algún miembro del cuerpo municipal recurrieron a la baja laboral tras aquella jornada.

Así las cosas, conocemos el número de policías nacionales heridos y de baja, si bien seguimos sin saber la consideración oficial de las heridas. Por el contrario, no disponemos de ningún dato sobre los ciudadanos que participaron en la convocatoria y que necesitaron atención médica. Ante la petición de información, Ignacio Cosidó argumentó que “no se elabora un registro de manifestantes heridos, sin que esto impida la obligación de dar cuenta a la autoridad judicial de todas aquellas personas de las que se tenga conocimiento que resulten lesionadas”, por lo que sólo se pueden conocer algunos casos publicados por la prensa.

Cosidó reconocía en su comparecencia en la Cámara Baja “fallos en la ejecución del dispositivo” desplegado por las fuerzas de seguridad en aquella jornada. Más de 1.700 agentes participaron en ella, según afirmaron entonces varios diputados presentes. “Un número idóneo de funcionarios actuantes”, según el máximo responsable del cuerpo de policía.

La determinación del director general tras el caos sucedido en Madrid en la noche del 22M fue destituir a Francisco Javier Virseda Serna, uno de los jefes de los antidisturbios responsable del operativo. Virseda trabaja en la actualidad como agregado en la embajada de Chile.

No es la primera vez que la opacidad caracteriza la información ofrecida desde el Ministerio del Interior. El 25 de septiembre de 2013, un grupo de antidisturbios irrumpieron en la estación de Atocha al final de la convocatoria Rodea el Congreso. Las imágenes de esta actuación policial mostraban a periodistas y viajeros golpeados por algunos agentes mientras esperaban en los andenes. La investigación realizada por la Dirección General de la Policía después de la polémica concluyó que “no se produjeron irregularidades en la intervención policial realizada” según Cosidó. Punto. Sin dar más detalles.