Si no tienes certificado digital, DNI-e o no deseas identificarte, pregunta en Tuderechoasaber.es y canalizaremos tu solicitud para que el proceso siga siendo fácil y público

Tuderechoasaber.es no es sólo una herramienta para enviar preguntas a la Administración y poder recibir respuestas. Se trata también de un proyecto de activismo cívico y democrático, de avance gradual pero continuo a favor de un acceso fácil y público a la información que generan nuestras instituciones. Factores que de momento no ha adoptado el Portal de Transparencia, en el que un sistema de identificación electrónica basado en certificado digital, con la alternativa del DNI electrónico o de una clave enviada a tu dispositivo móvil, obstaculiza a un conjunto enormemente significativo de la población el ejercicio de este nuevo derecho.

Las organizaciones que lanzamos y gestionamos Tuderechoasaber.es, la Fundación Civio y Access Info Europe, queremos que seguir pidiendo información a las instituciones no suponga para ti más molestia que enviar un email. Por eso, si quieres pedir información a una administración que restringe el proceso y no cuentas con certificado digital, DNI electrónico, no deseas identificarte o simplemente quieres que todo el proceso sea transparente y público, envía tu pregunta desde Tuderechoasaber.es y nosotros la trasladaremos a través del Portal de Transparencia por ti. Al hacerlo así, tu pregunta y las respuestas seguirán siendo públicas, como siempre. También podremos conocer y usar tu solicitud como ejemplo para seguir presionando hacia una mejor aplicación del derecho de acceso.

No discriminaremos entre vuestras solicitudes, a no ser que no se trate de una petición de información (que se trate de críticas, opiniones,… que nada tengan que ver con información que esté en manos de las administraciones y que quieras que sea abierta) o contengan comentarios de naturaleza ofensiva o potencialmente difamatoria. En este caso, no hemos cambiado nuestras normas de moderación, que puedes consultar aquí.

¿Qué implicaciones tiene esto en el caso de que desees interponer un recurso ante la falta de respuesta? Si quieres insistir a la administración para que responda a una solicitud que hayamos enviado por ti a través del Portal de Transparencia, avísanos. Como hasta ahora, al cabo de un mes de tu solicitud, recibirás un recordatorio para iniciar un recuso. Desde Civio y Access Info podemos ayudarte a interponerlo y solicitar el amparo del Consejo de Transparencia. Puedes apoyarte en estas plantillas para redactarlo.

Queremos que inicies el proceso con toda la información necesaria, y por eso hemos actualizado los textos de la web y la Guía del Solicitante de Información, que te proponemos consultar para aprender algunos consejos sobre cómo realizar peticiones efectivas. Contiene información abundante sobre el proceso de solicitar, la recepción de respuestas y la interposición de recursos en caso de silencio o denegación (e incluso unas plantillas tipo que puedes usar para ello).

En segundo lugar, como los organismos que no admiten solicitudes por email y bloquean el acceso a quienes preguntan sin identificarse electrónicamente son principalmente los de la Administración General del Estado -los ministerios-, cuando inicies una solicitud a uno de ellos, verás un aviso como este:

Trataremos de guiarte a lo largo del proceso. Si te surge alguna duda, revisa la Guía del Solicitante de Información o escríbenos.

En su jornada de constitución en el Senado, la presidenta del Consejo de Transparencia se comprometió a “estudiar cómo simplificar la petición de información por los ciudadanos”. Ya hemos trasladado a este organismo nuestras preocupaciones sobre un acceso limitado a la información, la complejidad del proceso de solicitarla y la necesidad de mucha más pedagogía pública.  También hemos ofrecido nuestra colaboración para lograr juntos una mejor implantación y aplicación de la ley de transparencia.

Sigue con nosotros, utiliza Tuderechoasaber.es y permanece atento a todas las novedades.

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

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Desde que el día 10 entrase en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración Central y se abriera el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica que exige o DNI-e o una clave individualizada, muchos nos habéis escrito para hacer una pregunta lógica: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tuderechoasaber.es a los poderes públicos, ¿nos responderán? Veamos.

La respuesta, como siempre que nos aventuramos a adelantar la reacción de las instituciones españolas, es incierta. Cuando lanzamos Tuderechoasaber.es en marzo de 2012 tampoco sabíamos si los organismos públicos responderían (y no todos lo hacen, puedes ver nuestro último informe). Por eso debemos recabar antes toda la información para poder responder a esta pregunta.

¿Cómo está respondiendo la Administración Central en Tuderechoasaber.es?

De momento, recordemos que a través del Portal de Transparencia únicamente puedes solicitar información a la Administración Central. A través de las respuestas recibidas desde el día 10 de diciembre sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación remite ineludiblemente a este solicitante a usar transparencia.gob.es. También lo hace aquí el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por el contrario, estos días sí han seguido respondiendo por mail el Ministerio de Fomento (aquí), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (aquí) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que contesta adecuadamente cuando se le solicita información  ambiental (como en este ejemplo o en este). Caso aparte sería el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que aquí dirige a los solicitantes a su propia pasarela (la oficina virtual) para formular preguntas.

¿Qué vamos a hacer en adelante en Tuderechoasaber.es?

Lo primero, informar al solicitante en todo momento de qué puede esperar de esta plataforma y en qué podemos seguir ayudándole. Nosotros lo tenemos muy claro: Tuderechoasaber.es sigue cumpliendo la función para la que creamos esta web, independientemente de cómo estén respondiendo los ministerios, y de si estos remiten sólo al Portal de Transparencia. Lo apreciamos así porque son muchos los organismos nacionales (los reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno y otros), autonómicos y locales que no se ven afectados por la exigencia de identificación electrónica del Portal de Transparencia y siguen admitiendo solicitudes de información vía email.

Por tanto, en las próximas semanas vamos a:

1.- Insertar un aviso en la portada de Tuderechoasaber.es alertando de cuatro cosas muy importantes:

    • Tras abrir el Gobierno el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica y estar considerando una solicitud de información como la “apertura de un trámite administrativo” (equivalente a los que se realizan habitualmente para cumplir obligaciones tributarias), el email deja de ser el camino establecido para solicitar formalmente información a la Administración Central.
    • Esto tiene consecuencias importantes. Al ser el email el sistema en el que se basa Tuderechoasaber.es para establecer la comunicación con las  instituciones, la Administración Central puede alegar que no es la vía establecida y, por tanto, no contestar.
    • Esto implica en tercer lugar que si la Administración Central no te responde en Tuderechoasaber.es, no podrías recurrir y solicitar amparo al Consejo de la Transparencia debido a que no estarías utilizando la vía establecida.
    • No obstante, recordamos que la ley permite solicitar información “por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones” (artículo 17). Por eso en los próximos meses vamos a seguir movilizando a la opinión pública para exigir que los ciudadanos podamos solicitar información a través del correo electrónico por ser uno de los canales más fáciles y accesibles para la mayoría de las personas.

2.- Vamos a hacer un seguimiento pormenorizado y constante de cuáles son las instituciones que no responden por medio de email a los usuario de Tuderechoasaber.es. Es una labor que es imprescindible hacer bien y que requerirá tiempo.

3.- Una vez lo sepamos, insertaremos un aviso en el perfil de aquellos organismos que no respondan vía email, para que el solicitante esté alertado antes de enviar su petición de información mediante Tuderechoasaber.es.

4.- Es más, ya estamos trabajando para ver si podemos facilitar que cualquier ciudadano pueda remitir solicitudes de información de forma anónima al Portal de Transparencia desde Tuderechoasaber.es. Os mantendremos informados sobre esta posibilidad.

5.- Vamos a actualizar los textos de la Guía para solicitantes de información, que no han sido puestos al día desde hace demasiado tiempo.

Así pues, a pesar de las barreras impuestas, desde Tuderechoasaber.es vamos a seguir contribuyendo a extender la cultura de solicitar la información, poniendo a disposición pública todas las respuestas obtenidas (no compartimos eso del envío y publicación “selectivos”) y facilitando el proceso a cualquier ciudadano, dado que el Portal de Transparencia actualmente no permite identificarse y formular solicitudes a los ciudadanos no comunitarios. Esta web se basa en Alavateli, un software que recoge estándares de acceso a la información completamente aceptados en más de 20 países del mundo con leyes de transparencia en vigor. Podemos garantizarte que, si utilizas esta plataforma para solicitar información, el proceso continuará siendo transparente y abierto.

Para resolver cualquier duda relacionada, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

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Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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Tráfico respondió en sólo tres días, aportando un fichero con datos entre 2011 y 2014 desglosados por provincias.

El 20 de octubre un ciudadano solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de Tuderechoasaber.es los datos de multas interpuestas en los últimos años a vehículos por adelantamientos indebidos a ciclistas. Es decir, aquellos casos denunciados en los que el vehículo no redujo la velocidad ni respetó la separación lateral establecida de 1,5 metros.

La DGT respondió en sólo tres días, aportando un fichero con datos entre 2011 y 2014 desglosados por provincias. La información no incluye datos de Cataluña, País Vasco, Melilla ni de la provincia de Palencia. Con 61 denuncias en 2011, 64 en 2012, 74 en 2013 y 78 en 2014, las estadísticas reflejan un leve ascenso del número de denuncias.

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Un ciudadano solicitó conocer los canales y horarios de emisión de los anuncios televisivos. En total se llevaron a cabo 13.245 pases, la gran mayoría en canales comercializados por Pulsa Media y antenas autonómicas

A finales del mes de julio, un ciudadano solicitó a la Agencia Tributaria a través de Tuderechoasaber.es a qué canales se había asignado la emisión de la campaña televisiva que esta entidad había encargado para sensibilizar  e informar sobre el fraude fiscal. También las fechas de emisión contratadas y las de su emisión efectiva.

El Servicio de Gestión Económica de la Agencia Tributaria anunció en enero la licitación por un importe máximo de 550.000 euros (454.545,45 con impuestos) para cubrir la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización social contra el fraude. Debía abarcar todo el ámbito nacional salvo País Vasco y de Navarra, e inspirarse en mensajes como que la obligación de pagar impuestos es inherente a la convivencia en sociedad, que ninguna justifica el fraude, que éste perjudica a todos, que sólo una minoría defrauda y engaña al resto y que la Agencia Tributaria está combatiendo el fraude fiscal. La campaña, la primera que se realiza en España contra el fraude fiscal, se produjo finalmente con el mensaje de ‘lo que defraudas tú, lo pagamos todos’. La oferta más ventajosa, 295.000 euros sin impuestos (sobre los 550.000 euros máximos presupuestados) fue, según el anuncio de contratación,  la de la agencia publicitaria JWT Delvico S.L.

La respuesta de la Agencia Tributaria llegó a Tuderechoasaber.es sólo tres días después de la pregunta, y venía acompañada del Plan de Medios de la campaña publicitaria y del listado completo de todos los pases televisivos de la misma. Se trata de una de las respuestas más completas obtenidas sobre el reparto de campañas de publicidad institucional. En total se llevaron a cabo 13.245 pases televisivos, por encima de los 12.774 pases que preveía el plan de medios. La gran mayoría, como se puede apreciar en el gráfico, se emitieron en canales temáticos comercializados por Pulsa Media, principalmente en Canal Discovery, Canal Historia y Canal Odisea. Los canales de este grupo emitieron 10.708 pases. Las cadenas de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, emitieron un total de 1,608 pases. Los canales de TVE emitieron sólo 252 en total, y los restantes se los repartieron  los canales de Mediaset España (Telecinco, Factoría de Ficción, Cuatro, Divinity y Energy) y Atresmedia Televisión (Antena 3, La Sexta TV, Neox TV y Nova Televisión).

Este gráfico interactivo muestra la concentración de pases publicitarios y, en la segunda pestaña, el desglose por canales:

Obtener información sobre Tableau

La respuesta de la Agencia Tributaria, que además incluye los horarios específicos de cada una de las emisiones, es un claro ejemplo de atención exitosa y de transparencia ante el ciudadano, aunque los datos podrían ser proporcionados en formatos más amigables que el .pdf. En lo que respecta al reparto de esta campaña entre los distintos medios, sería deseable conocer también el criterio seguido. Como el propio solicitante de la información ha reflejado en su blog, parece existir una distorsión entre aquellos canales con mayor cuota de pantalla y a los que finalmente se contrató mayor número de pases.

Su blindaje, confirmado por la propia sociedad a raíz de una pregunta pública en Tuderechoasaber.es, supone una oportunidad perdida de mejorar la transparencia pública del llamado 'banco malo'

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

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La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

Algunas instituciones ya retuercen la nueva norma aprobada por el Gobierno, que aún no está en vigor, y la emplean en sus justificaciones para denegar información a ciudadanos

Desde el momento en que aparece una nueva norma, hay personas que piensan y se las ingenian para poder evitarla. En Tu Derecho A Saber hemos reflejado toda clase de excusas que las instituciones ponen a los ciudadanos para no facilitar la información que éstos reclaman. Ahora con la ley a las puertas (la norma entra en vigor para las instituciones estatales en diciembre) está ganado adeptos una nueva, “no podemos facilitarte la información porque así lo establece la Ley de Transparencia”.

El contrato de defensa

El Consejo de Ministros aprobó el 02 de agosto de 2013 un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Defensa que reformaba en el techo de gasto de este último. Así, se autorizaba a Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros “en función de la necesidad de atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de Modernización”. Se trata del programa 122B de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye las inversiones necesarias para cumplir los compromisos internacionales de España con la OTAN y con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), pagos que se disputan empresas como Navantia, Santa Bárbara Sistemas o el consorcio EADS. En la rueda de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que esta reprogramación del gasto suponía un ahorro de hasta 7.000 millones de euros”

Un ciudadano, Bernardo, recurrió en diciembre a Tu Derecho A Saber para solicitar una copia del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con cinco meses de retraso, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos le remitió su respuesta, consensuada con el Ministerio de Hacienda. Solicitud de información rechazada. ¿Rechazada por qué? La respuesta dice así:

“Ahora bien, el artículo 14 de la citada Ley 19/2013 (de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) establece determinados límites al acceso a la información. Entre éstos se encuentra el caso de que la información afecte a la defensa.”

Se trata de una lectura retorcida y arbitraria de lo que realmente dice el artículo 14, que es lo siguiente:

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional b) La defensa c) Las relaciones exteriores d) La seguridad pública […]

 ¿Se aprecia la diferencia? Cuando “suponga un PERJUICIO. No se trata de una interpretación casual. Que “afecte a la defensa”, en general, es una excusa habitual de carteras como Interior y Defensa para denegar cualquier información sobre este ámbito, aunque no suponga ningún perjuicio. En países con una transparencia efectiva ya toman medidas para acabar con este abuso. En Escocia, la Oficina del Comisionado para la Información falla a favor del ciudadano si el ministerio no demuestra que publicar la información supondría un daño, pero no un daño cualquiera: un “perjuicio sustancial”, “un daño real, demostrable y significativo”. En México, por poner otro ejemplo, se debe demostrar un daño “presente, probable y específico” En caso contrario, prevalece el interés público y se actúa contra el ministerio por violar la Ley de Libertad de Información. ¿Actuará igual el futuro Consejo español para la Transparencia?

Para terminar de enterrar la solicitud de información de este ciudadano, el Ministerio de Defensa remite a la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que otorga “con carácter genérico, la clasificación de reservado a la adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico, por lo que la información solicitada al estar relacionada con la adquisición de este tipo de material, no puede ser facilitada a quien no se encuentre facultado para tener conocimiento de ella”.

 MORALEJA: es necesario contar con un auténtico órgano de revisión independiente que se encargue de hacer cumplir la ley y ponga coto a estas arbitrariedades.

¿Quién convoca las concentraciones?

En abril otro ciudadano, David, pidió a la Delegación del Gobierno de Navarra conocer quiénes y en nombre de qué organizaciones habían convocado concentraciones en un día concreto en la localidad de Ansoain y qué resolución se había tomado. En este caso, el departamento de Derecho de Reunión recurrió tanto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal como al artículo 15 de la Ley de Transparencia, que protege los datos personales si no se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

Cuando el ciudadano solicitó de nuevo la información “omitiendo los datos de la persona comunicante” y acreditándose como parte interesada, la Delegación del Gobierno de Navarra ignoró su reclamación y guardó silencio administrativo.

MORALEJA: Como hemos alertado muchas veces en este blog, el carácter orgánico de la Ley de Protección de Datos Personales se impone nuestra débil Ley de Transparencia, por voluntad de quienes la han aprobado. Así, en casos como éste, donde no hay voluntad del funcionario para diferenciar una solicitud de datos personales de una mera petición de información, cada vez que una petición aluda de pasada a datos personales se denegará la respuesta.

Los currículos de altos cargos públicos

Eva solicitó en noviembre los currículos completos de cinco nuevos directivos del ente público Red.es, dado que los incluidos en la web del Ministerio de Industria “no cuentan con suficiente nivel de detalle”. Más de tres meses y medio después, el ente presumió de que la pequeña reseña laboral de sus directivos, apenas dos párrafos y sin entrar en detalle relativos a responsabilidades, tiempo en puesto u otra información relativa a su aptitud para el cargo, “da cumplimiento, por adelantado, al artículo 6.1 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
 buen gobierno, según el cual: ‘Los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones 
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su
 estructura organizativa’”. En lugar de la información solicitada, adjuntaban enlaces al perfil de LinkedIn de cada uno. Pese a insistir, Red.es no facilitó ninguna versión completa de su experiencia laboral que permita valorar la idoneidad de sus nombramientos.

MORALEJA: La publicación de los currículos completos de los altos cargos debería ser un hecho generalizado, aunque la ley no obligue. Y siempre que quepa ambigüedad en ella, las instituciones se aferrarán a ella  no sólo para no responder sino, además, para tratar de convencerte de que cumplen con los estándares de transparencia exigidos.

Los organismos reguladores del acceso a la información en países con mejor rendición de cuentas están cargados de buenas prácticas y estándares de los que el Gobierno español debería tomar nota.

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

“Ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, podríamos esperar de las autoridades que fueran más eficientes a la hora de manejar las solicitudes, no menos”. Esta valoración tan severa procede de Rosemary Agnew, que desde 2012 dirige la Oficina del Comisionado para la Información de Escocia, el órgano de revisión que vela por el cumplimiento en ese país de la Ley de Transparencia. Cuando Agnew presentó su evaluación del año 2013, insistió en que, al tomar medidas, las instituciones escocesas “deberían recordar también que no responder no implica que la solicitud de información desaparezca, sino que crea un trabajo extra innecesario y aumentan los costes. Las solicitudes no satisfactorias generan quejas, revisiones y apelaciones a mi oficina, y dañan la reputación de una institución pública. La opción más eficiente es hacer las cosas bien a la primera”.

Estas declaraciones reflejan el tono y la autoridad con que trabaja un organismo regulador equivalente al futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España. Además, el enfado de la comisionada escocesa estaba justificado. De las 594 apelaciones de arbitraje recibidas en 2013 (un 14% más que en 2012 y un 49% más que en el año 2008), el 30% estaban relacionadas con la ausencia de respuesta en el plazo máximo de 20 días establecido por ley. Datos que llevan a descartar un discurso complaciente con el Ejecutivo por parte de una autoridad estrictamente independiente.

Lo poco que sabemos del futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España es lo que incorpora la ley. Su estatuto debía estar aprobado antes del pasado 10 de marzo, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Lo principal, que estará adscrito estructural y presupuestariamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Que constará de un presidente –nombrado por Hacienda, refrendado por el Congreso- y de una comisión. Y que ésta estará compuesta por el propio presidente, un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, uno del Defensor del Pueblo, uno de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y finalmente uno más de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Con esta adscripción y composición, su naturaleza jurídica excepcional será la única garantía de independencia.

A expensas de una ley que no responde a las exigencias ciudadanas ni a las de organismos internacionales, es lícito preguntarse si este nuevo organismo demostrará la voluntad y la autoridad suficientes para tomar partido y hacer cumplir la ley cuando las administraciones incumplan sus obligaciones de transparencia con el ciudadano.

¿Cómo se salvaguarda el derecho de acceso en otros países?

Siguiendo con el ejemplo escocés, en 2013 el dictamen de la comisionada en los recursos de amparo ha sido perfectamente salomónico: reconoce haber arbitrado a favor del solicitante de información en el 37% de los casos, haber fallado a favor de las instituciones en otro 37% y haber dado la razón parcialmente a una u otra parte en los demás casos de arbitraje. Calculadamente o no, lo cierto es que cualquiera puede consultar una lista de las instituciones que han protagonizado más apelaciones, y este organismo informa sobre su actividad cada cuatro meses, publica sus cuentas y, quizá más importante, presenta una estrategia de trabajo a largo plazo.

En Irlanda, otro ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información también se ha quejado de que las solicitudes de amparo a su departamento aumentan año tras año. En 2012 se pronunció a favor de las instituciones en el 45% de los  casos, en el 25% en contra de su razones para no facilitar la información solicitada, y en el 20% se alcanzó un acuerdo entre el solicitante y el cuerpo público.

Como en otros países, para estudiar las apelaciones de ciudadanos que no han recibido la información que requerían, el organismo de revisión de Escocia realiza un “test de daño”:  la administración debe demostrar que la divulgación de un documento o dato específico puede producir un daño concreto a un valor a un derecho protegido. Por ejemplo, no basta con alegar que un documento puede dañar la “seguridad nacional”. Hay que demostrarlo y ponderar si el interés público y el derecho de acceso prevalecen o no en cada caso concreto. En el caso de México, para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el daño debe ser “presente, probable y específico”. En Reino Unido, la Ley de Libertad de Información establece 23 excepciones a la publicidad de la información, la mayoría sujetas al “test de daño”.

Así, encontramos que en Escocia la comisionada determinó que, cuando un ciudadano no recibió respuesta al solicitar los detalles de la hospitalidad que el Primer Ministro ha recibido de determinadas compañías energéticas, la petición merecía una respuesta apropiada de acuerdo a derecho y al interés público. También conminó a un ministerio a responder al ciudadano que solicitó información sobre las reuniones del Ejecutivo con empresarios y editores de medios de comunicación, o las comunicaciones intercambiadas entre la oficina del Primer Ministro y el magnate Donald Trump.

En el caso de Chile, el Consejo para la Transparencia determinó que los emails enviados por un ministro desde la cuenta institucional de un órgano del Estado eran información pública a la que cualquier ciudadano tenía derecho a acceder. Así se decidió incluso con el voto contrario, en minoría, del presidente del Consejo para la Transparencia. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Chile falló en contra de publicar los correos, pasando por encima de la Ley de Transparencia.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido se ha pronunciado desde 2005 en más de 6.000 casos, quejas, solicitudes de amparo y arbitrajes relacionados con solicitudes de acceso a información. Además, posee poder legal vinculante para imponer a una institución pública la obligación de responder a un ciudadano, aunque ésta puede ser apelada ante la Cámara General de Regulación. Así, se ha posicionado de parte del ciudadano para dirimir el  papel y responsabilidades del Ministro de Hacienda durante su asistencia a la última reunión del ‘Club Bilderberg’, o sobre qué asesoramiento legal recibió el gobierno británico para intervenir militarmente en Kosovo en 1999. En este caso, el comisionado instó a la oficina del fiscal general a confirmar o desmentir si poseía esta información y, en tal caso, a hacerla pública.

¿Seguro que no posee más información?

En España, según demuestra el Informe Tuderechoasaber.es 2013, las instituciones alegaron no poseer la información solicitada en el 11% de las peticiones. En Escocia, para comprobar si esto es cierto, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso.

Sucede lo mismo si la administración responde que recabar todos los datos solicitados podría ser demasiado engorroso o caro, como en esta petición en Escocia sobre el coste, preparación y correspondencia completa de 6 meses sobre un viaje del Primer Ministro escocés a China. Cuando el coste de responder excede el límite de £600, la institución puede justificar su postura. El comisionado investigó a conciencia los costes por hora de trabajo de 80 funcionarios en 13 departamentos para reunir todos los datos. Se calculó que la tarea implicaría unas 90 horas de trabajo. Considerando la menor escala salarial, el comisionado estimó en £663 el coste exacto de cumplir con la solicitud, así que eximió a la administración de tener que responder. Sin embargo, la investigación sirvió para desvelar que el coste real era la mitad del que en principio cuantificaban las instituciones para no tener que responder.

La influencia de los lobbies, sujeta al interés general

Al contrario que en España, donde la actividad de lobbies y grupos de interés permanece totalmente desregulada, en Reino Unido se considera que es de interés general para la buena gestión pública. Su comisionado dictaminó que los emails intercambiados entre el asesor de Sanidad del Primer Ministro y el director de la empresa NHS Partners Network debían ser públicos. En aquel caso, el comisionado halló “interés general en el hecho de poder comprender el papel de los lobbistas y su relación con el gobierno, y esto incluye a) comprender las mecánicas de Lobbying y b) la relación entre el gobierno y un lobista particular, así como la influencia que éste ejerce”. También existe interés público en el “escrutinio de la honradez de los funcionarios públicos”. Por eso se ampara el derecho ciudadano a conocer los gastos de los asesores especiales del Primer Ministro.

Con sus propios defectos, los organismos reguladores del acceso a la información en otros países están cargados de buenas prácticas y estándares internacionales de las que el Gobierno español podría tomar nota. Si no lo hace, como pasó entonces con el redactado de la ley, en este caso tampoco tendrá ninguna excusa aceptable.