El pasado 8 de octubre, la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) convocaron una jornada para debatir los efectos de la Ley de Transparencia sobre el Estado autonómico. En particular, si esta contribuirá a mejorar la interacción entre los distintos niveles administrativos de las autonomías en su servicio al ciudadano. Para ello, dos sugerencias que no son nuevas: aprobar una ley con ámbitos muy bien definidos y demostrar voluntad política para involucrar al ciudadano.

Inauguró el acto Benigno Pendás, director del CEPC, que consideró improbable la aprobación de la ley para antes de que termine el año. Pendás destacó la importancia de la Ley de Transparencia por el cambio de mentalidad, que a juicio del Gobierno, debe suponer para la Administración, y defendió la transparencia del proceso de elaboración frente a las críticas recibidas. Aún hay “tiempo de cambiar, de añadir enmiendas”, señaló, destacando que es crucial acertar en la definición de competencias de la ley porque su misión es ser el marco de referencia para el resto de administraciones.

Isabel Giménez Sánchez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, fue crítica en su turno con el actual texto. Giménez lamentó que las peticiones de los expertos y de la ciudadanía apenas se vean recogidas en el proyecto de ley, y que el derecho de acceso a la información no tenga categoría de fundamental.

Según apuntó, en el ámbito autonómico “se ha iniciado una carrera entre las Comunidades Autónomas por legislar. Los casos de Canarias y Cataluña obedecen más a un efecto imitación que a trabajos serios de estudio y consulta previa”. Nada que ver, según su opinión, con  la Ley de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares (2009), la Ley de Transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega (2006) o la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra (aprobada en junio), a la que puso como modelo a seguir, entre elogios por la amplitud en la definición del concepto de información y por recoger el principio de neutralidad tecnológica.

Eliseo Aja, presidente del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat catalana, profundizó en el caso concreto de la transparencia en las políticas de integración de inmigrantes e identificó cierta falta de concisión en la ley. “Está hecha con buena intención, pero no tiene en cuenta los problemas de las autonomías”. Al margen de alguna información económica, Aja advirtió que ya se está haciendo pública gran parte de la información que entrará dentro del rango de la ley. En ese sentido, recomendó la difusión de ciertos indicadores sociales que ayuden a combatir la rumorología sobre los extranjeros y favorecer la convivencia.

“Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte”

Sobre la cuestión del “Buen Gobierno”, Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), animó a una toma de consciencia: “Nuestro sistema es opaco, la responsabilidad individual se diluye en lo público” y “nuestro grado de aceptación de la corrupción es alto”. Las administraciones son un reflejo de esta sociedad, añadió.

El director del INAP rechazó la necesidad de grandes inversiones para  poner en práctica la cultura de la transparencia. “Va todo más allá de leyes y regulaciones jurídicas. Mucha de la información ya existe y está lista para ser publicada. Lo que falta es voluntad”, añadió Arenilla. “El 85% de las entidades locales no presentan sus cuentas. ¿Cuántas Comunidades Autónomas publican sus presupuestos de modo accesible y comprensible?”.

La solución, a juicio de Arenila, pasa por fortalecer a la sociedad: “Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte, tenga conocimiento y exija responsabilidades. Hay que cambiar el modelo relacional con el Estado y corresponsabilizar a la ciudadanía del funcionamiento de la administración.”

Cerró la sesión María Dolores Llop Ribalta, jefa de Servicio de  Asuntos Económicos e Intervención de las Cortes de Aragón, sobre los parlamentos autonómicos, “que tampoco se salvan de la desafección ciudadana. En 2011, la confianza de los españoles en el parlamento era del 21%“, y aventuró que la cifra sería peor si se hubiese preguntado por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Llop subrayó la importancia de lograr que los parlamentos sean el aglutinador de la  gente que busca nuevas formas de expresarse y manifestarse, “más allá de votar cada cuatro años”.

El 28 de septiembre se celebra el 10º Día Internacional del Derecho a Saber en todo el mundo. En España, este año tiene especial importancia, ya que se está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

El proceso de redacción de este Proyecto de Ley, aprobado el pasado 27 de julio por el Consejo de Ministros, ha sido largo. En 2004, el primer gobierno de Zapatero prometía una ley que, finalmente, no convenció a la sociedad civil española, que reclama el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental y que persigue una ley con un alcance mayor y con mejores garantías de implementación.

Es el turno del Congreso

En la pasada campaña electoral los partidos presentaban distintas propuestas de ley de transparencia y ahora les toca defenderlas. El proyecto de ley va a ser tramitado en la Comisión Constitucional y los partidos tienen hasta el 25 de septiembre para presentar sus enmiendas.

Para abrir este proceso de negociación sobre la ley de transparencia, la Coalición Pro Acceso organiza un debate en el que los cinco partidos políticos encargados de defender este Proyecto de Ley  (PP, PSOE, IU, CiU y UPyD) presentarán sus propuestas para mejorar la futura Ley de Transparencia.

El evento comenzará con una introducción por parte de los miembros de la Coalición Pro Acceso, en la que se presentarán las recomendaciones que se hacen desde la sociedad civil para conseguir una ley con todas las garantías. A continuación, los representantes de los distintos partidos darán su opinión sobre la ley y se abrirá un debate.

El evento será el jueves 27 de septiembre, a las 18:00 h., en

  • Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Avd. Complutense, s/n Ciudad Universitaria 28040, Madrid (<a “”””href=”https://maps.google.es/maps?q=Avd.+Complutense,+s%2Fn+Ciudad+Universitaria+28040+-+MADRID&hl=es&ie”””” =UTF8″ target=”_blank”>mapa)

Agenda:

10º Aniversario del Día del Derecho a Saber
Mesa Redonda:“Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”

Lugar: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.
Salón de Actos. Edificio nuevo.
Ciudad Universitaria, 28040.

Asistentes:

Modera Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres.

El próximo 25 de septiembre finaliza el plazo abierto para que los grupos parlamentarios presenten a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sus enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. “Es su responsabilidad mejorarla”, señalan desde la Coalición Pro Acceso, una plataforma integrada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil e individuos a título particular, que desde 2006 trabaja para se garantice el derecho de acceso a la información en España.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que aún no tiene una norma de estas características. La mayoría de los países occidentales y democráticos se han dotado de una ley que garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la información elaborada o generada por las instituciones públicas. Una ley que ayuda a esclarecer la corrupción y luchar contra la cultura de opacidad reinante.

Y sin embargo, el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio y que los diputados tienen en sus manos se encuentra por debajo de los estándares internacionales. No cumple los mínimos del Convenio del Consejo de Europa y diversos organismos han señalado ya sus deficiencias.

Ante esta última oportunidad de introducir cambios en un texto que no garantiza el derecho de acceso a la información, la Coalición Pro Acceso ha convocado  a los medios a una rueda de prensa. La cita tendrá lugar este viernes 21 de septiembre a las 11:30 horas en:

  • Sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). C/ Juan Bravo, nº6.
 28006, Madrid (mapa)

Allí, varios expertos identificarán las debilidades del actual proyecto y presentarán las propuestas que la Coalición ha trasladado esta semana a los grupos parlamentarios para mejorar la ley. En nombre de la plataforma, intervendrán:

Además, miembros y simpatizantes de la Coalición divulgarán durante estos días, a través de Twitter, ejemplos en los que el proyecto actual sería ineficaz debido a sus limitaciones. El hashtag elegido es #sintransparencia.

El próximo 28 de septiembre se celebra el décimo Día Internacional del Derecho a Saber. Para conmemorarlo, los colectivos protransparencia y ciudadanos  agrupados en FOIAnet, una red de activistas en defensa de la libertad de información, han decidido organizar un concurso de fotografía. Cualquiera que se sienta capaz de ilustrar el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura a través de una foto es bienvenido a participar. Habra tres premios, por un valor total de 1.000€, donados por el Open Society Institute.

Precisamente en septiembre comenzará la tramitación de la Ley de Transparencia en el Congreso. Recuerda que España es el único país europeo de más de un millón de habitantes que aún no garantiza el derecho de acceso a la información pública. A pesar de ello, también nos sumamos a la celebración: Access Info Europe coordina la campaña en nuestro país.

¿Por qué un concurso fotográfico?

Un concurso fotográfico puede ayudarnos a ilustrar aquellas circunstancias en las que un buen acceso a la información marque la diferencia. Las fotografías pueden revelar cómo las personas, o la sociedad en general, resultaría afectada si no existiera el derecho a saber. FOIAnet espera que estas imágenes ayuden a motivar y concienciar sobre la importancia de este derecho a todos los ciudadanos del mundo.

El jurado otorgará tres premios repartidos de la siguiente manera:

  • 1er Premio: 500 EUR
  • 2º Premio: 300 EUR
  • 3er Premio: 200 EUR

Ademas, la imagen ganadora ilustrará la portada de la publicación anual Right to Information World Advocacy Update, que será publicada el mismo 28 de septiembre. El resto de imágenes se exhibirán en una galería en la web. Además, podrán utilizarse en fecha posterior para la documentación, difusión y promoción de otros eventos y actividades organizadas por FOIAnet.

¿Cómo participar?

Descarga y rellena el siguiente formulario, selecciona un máximo de dos fotografías y envíalo todo a photo@foiadvocates.net. Puedes leer aquí el resto de las bases.

El plazo ya está abierto y finaliza el próximo miércoles 12 de septiembre.

Foto: Juan Pablo Olmo

Te presentamos un caso de éxito: España en llamas, una aplicación para contextualizar una década de incendios forestales a un nivel de detalle nunca visto.

españaenllamas

España todavía no tiene ley de transparencia, pero sí hay un resquicio legal que permite acceder a información de medio ambiente. Utilizando esta ley de 2006, y con un poco de paciencia, pueden aflorar datos públicos que tratados por terceros generan valor añadido a la ciudadanía. Te presentamos un caso de éxito: España en llamas, una aplicación para contextualizar una década de incendios forestales a un nivel de detalle nunca visto. La Fundación Ciudadana Civio (una de las responsables de tuderechoasaber.es), en colaboración con Juan Elosua y This is Visual, está detrás de la herramienta. Ahora, buscan dinero para ampliar el proyecto.

La iniciativa partió de Juan, un ingeniero de telecomunicaciones gallego sensibilizado con el problema de los incendios, que quería saber si Galicia era la comunidad autónoma más afectada. En la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) mencionaban la existencia de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales (EGIF), elaborada con los datos de todos los partes de incendios. Pero no estaba disponible para el público. Así que Juan ejerció su derecho a acceder a esta información y la pidió el pasado noviembre a la Comisión Europea y al ministerio. Para febrero ya tenía todos los datos sobre los incendios ocurridos en España de 2001 a 2010 (últimos datos disponibles con este nivel de precisión). El pasado 13 de agosto nació www.españaenllamas.es.

“Hemos visualizado los datos en un mapa para que se entendiesen mejor y la información estuviese al alcance de todos”, cuenta Juan. “Así la gente podrá tener conversaciones informadas sobre el grave problema de los incendios”.

Ayuda a investigar los incendios

Civio ha puesto en marcha una campaña de financiación colectiva (crowdfunding) en Goteo.org,  que en la primera semana ya ha recibido 35 donaciones, por un importe de 1.310 euros y que suponen el 28% del objetivo mínimo. El objetivo es investigar el porqué de los incendios forestales y analizar cómo afectan los recortes en prevención y extinción,  qué ocurre con los culpables o qué sucede con los terrenos quemados.

Colaborar es muy fácil: solo hay que registrarse en la plataforma y elegir la cantidad a donar.  Las donaciones solo serán efectivas si suman o superan 4.650€ en los 40 primeros días de campaña. Puede que ya conozcas el mecanismo, ya que tuderechoasaber.es nació gracias a los más de 6.000 euros recibidos en Goteo.

Datos a disposición de la ciudadanía

‘España en llamas’ pretende ayudar a poner en contexto los fuegos que están ocurriendo y localiza sobre el mapa todos aquellos incendios de 100 hectáreas o más ocurridos entre 2001 y 2010. Para cada uno podrás conocer la fecha de inicio y duración, si el fuego fue intencionado, la superficie quemada, si hubo víctimas, los medios empleados y si los datos están disponibles, el gasto de las labores de extinción y la estimación de pérdidas económicas. Incluso puedes descargarte los datos para hacer tus propios análisis.

Además, en “Visita guiada” se cuentan algunas claves de la década a través de ocho historias. Cifras llamativas como que más de la mitad de los incendios fueron provocados (en Galicia supera el 80%), que casi el 20% del suelo quemado entre 2005 y 2010 pertenecía a un espacio natural protegido o que estadísticamente el día 27 de julio es en el que más hectáreas han ardido.

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.