El periodista Daniele Grasso ha enviado una petición a todos los departamentos para conocer a qué empresas contrataron las administraciones públicas durante 2012 y cuál es el precio de estas consultorías.

El periodista freelance Daniele Grasso lleva 20 días intentando dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué empresas asesoran a las administraciones públicas? y ¿cuánto cuestan estos servicios? Para conseguir esa información, puso en marcha una serie de 13 peticiones destinadas a cada uno de los ministerios (dos de ellas a Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) a través de Tu Derecho a Saber.

Por el momento, los resultados no son nada alentadores: “Las trabas se han centrado en rebotarme de una ventanilla a otra, virtualmente hablando. En la mayoría de casos, el Ministerio me ha remitido a secretarías o departamentos de gestión del gasto. Los que hasta la fecha me han respondido (la Secretaría de Estado de Exteriores, en este caso) me han vuelto a enviar a la casilla de salida”, explica.

Pese a todos estos obstáculos, sigue insistiendo. En paralelo, actualiza a diario un documento en el que da buena cuenta de los resultados de sus peticiones. “¿Por qué la administración tendría que poner trabas a quién quisiera hacerse con estos datos públicos?”, insiste, además de recordar que “pedir información es la mejor forma para exigir transparencia. De este forma, además, se acostumbra a quien trabaja en la administración a ofrecer los datos disponibles a quien los reclame”.

Daniele ha planteado esta pregunta a:

¿POR QUÉ ESTA INFORMACIÓN NO ES PÚBLICA?
Tal y como cuenta Grasso, “en España, el gasto en este tipo de servicio está previsto en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se recoge en el área de “coordinación, gestión de recursos humanos, materiales y financieros, control de la gestión, apoyo informativo y asesoramiento jurídico y económico”, según se desprende de los Informes Económicos Financieros del Estado”.

“Como en todo lo que concierne a las partidas presupuestarias, no es posible conocer su ejecución: es decir, la administración no ofrece datos sobre cómo se gasta el dinero que se recibe en los presupuestos. El asunto se hace aún más peliagudo cuando se trata de utilizar ese dinero de los contribuyentes para contratar a empresas externas con la finalidad de recibir una opinión o una ayuda sobre determinados asuntos o de asesorar para la realización de un determinado programa o proyecto. También los contratos externalizados para consultorías o asesoramiento se publican en la Plataforma de Contratación del Estado.

Allí, un buscador permite visualizar y descargar cada uno de los contratos firmados entre sector público y empresas privadas. Pero “encontrar todos los contratos para consultorías no es tarea fácil: por el extenso número de documentos publicados y por la nomenclatura utilizada. Hace falta  tener el ojo entrenado para darse cuenta de que Servicios para el apoyo a la gestión de los programas de I+D, Ciudadanía Digital, Contenidos Digitales y Servicios públicos digitales es un contrato de consultoría de 1.623.428,02 de euros con PricewatterhouseCooper, una gran multinacional del sector. Hay también casos menos enredados pero igualmente llamativos como los 25.000 euros que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha pagado a Telefónica para servicios de consultoría en la selección del equipo informático“.

Para poner en contexto, este periodista afincado en Madrid recuerda el caso italiano: en una sesión parlamentaria, el pasado 22 de diciembre, se hizo público que el gasto en consultores externos, sólo en 2012, había sido de 14.000 millones de euros, a los que habría que sumar la contratación de empresas que asesoraron los trabajos de cada departamento, de cada ministerio. “Esta información causó una fuerte polémica en Italia, ya que la cifra se salvó de las políticas de austeridad del Gobierno de Mario Monti, a pesar de que el proyecto de gasto presentado a comienzos de legislatura preveía su recorte”.

¿Y en España? Estaremos atentos a las respuestas de los ministerios a esta pregunta.

agua_1120¿En qué se basan las decisiones que toman las administraciones públicas? En muchos casos, incluso cuando existen informes previos, la ciudadanía no tiene acceso a ellos. Esta falta de transparencia, además de coartar el derecho a la información de los ciudadanos, abre la veda a las dudas: ¿Cómo podemos saber si la decisión que toma el alcalde/concejal/ministro/presidente es la más beneficiosa para el interés general si no sabemos qué estudios la avalan?

Es el caso del proceso de privatización del Canal de Isabel II, entidad que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. Un colectivo ciudadano, la Marea Azul de Madrid ha puesto en marcha una campaña para exigir a las administraciones responsables que hagan públicos los informes que encargaron para valorar el cambio de modelo, el plan económico financiero y el contrato programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad anónima Canal Gestión S.A., entre otros documentos. El colectivo ha reclamado estos documentos a la Comunidad de Madrid a través de una petición de información en Tu Derecho a Saber.

La Marea Azul denuncia la “opacidad” del cambio de modelo, ya que “aunque se encargaron cuatro estudios distintos por valor de 1.144.235 euros, que se pagaron con fondos públicos, esa información no se ha compartido con la ciudadanía. Por lo que, cuatro años después de que se iniciara el proceso de privatización, “ni siquiera sabemos en cuánto está valorada la empresa”, denuncian. Además, critican “las ansias de privatización del gobierno de la Comunidad de Madrid” que, en su opinión, han transformado la Empresa Pública Canal de Isabel II “en un ente al servicio de una nueva Sociedad Anónima, Canal Isabel II Gestión, que ahora se hace cargo de la gestión del agua de Madrid”.

El objetivo de su campaña es “devolverle al agua la cualidad que nunca debió perder: la transparencia”. Para ello, han reclamado a la Comunidad de Madrid:

  • Los estudios previos que pretendidamente justifican el cambio de
    modelo de gestión del agua en la Comunidad de Madrid.
  • Los estudios realizados por las consultores Rothschild, BBVA,
    Tinsa y Cuatrecases, sobre aspectos financieros, económicos,
    patrimoniales y jurídicos del Canal de Isabel II.
  • El Plan Económico Financiero.
  • El contrato programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad
    anónima Canal Gestión S.A.
  • El estudio de la valoración económica de la nueva sociedad y del
    capital social adoptado.
  • El inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación
    a la sociedad Canal 
Gestión S.A.
  • La valoración económica del contrato programa.
  • La estructura y recursos del ente público Canal de Isabel II.

Por el momento, la Comunidad de Madrid ha derivado la pregunta a la Subdirección General de Atención al Ciudadano para su gestión, que debería responder antes del 27 de marzo. Estaremos atentos.

Además de la reclamación en Tu Derecho a Saber, La Marea Azul anima a concejales, diputados y otros cargos electos que colaboren para que esta información, pagada por todos, sea de acceso público. Puedes seguir la evolución de la pregunta de La Marea Azul aquí y encontrar más información sobre la campaña en el blog Si no es transparente no es agua, en su web, en Facebook y en Twitter.