El consistorio respondió en mayo que las obras "tan solo" representan el 4% de su presupuesto anual.

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La calle, levantada, junto a la zona de protestas de los vecinos. Foto: @fanetin

 

Las obras están a punto de arrancar en Gamonal, pero hace meses que los vecinos reclaman que el proyecto de bulevar, que limitará el tráfico en la zona y eliminará los aparcamientos gratuitos, no se lleve a cabo. En mayo de 2013, Rubén realizó una petición de información al consistorio a través de Tu Derecho a Saber: ¿cuánto va a costar la reforma urbana y cómo se va a financiar? Además, quería saber si el Ayuntamiento se había planteado destinar ese presupuesto a “amortiguar” los efectos de la crisis.

La respuesta llegó tres días después. Desde el ayuntamiento aclaraban que no iban a contraer ningún préstamo para pagar las obras, sino que el dinero saldría de recursos propios. Además, aseguraron que representaba “tan solo” el 4% del presupuesto municipal del año. Además, aprovecharon la comunicación para relatar los beneficios que, según ellos, iba a traer el nuevo bulevar: trabajo para 300 personas durante unos 18 meses, aclarando que se trata de “300 familias”; “notable mejora del espacio urbano”; y la “revalorización de los comercios e inmuebles de la zona”. ¿Y las medidas para paliar la crisis? Esas van en paralelo, respondían, y son muchas.

En julio, otro ciudadano, Juan Carlos, volvía a insistir realizando una nueva batería de preguntas. En concreto, preguntaba por los informes de impacto económico, social y de tráfico de la reforma, así como de las comparativas de problemas/beneficios en relación al estado actual y las condiciones del contrato de 40 años de aparcamientos subterráneos de pago en la zona.

Además, retomaba la pregunta inicial de Rubén y pedía al ayuntamiento que detallara esas líneas de actuación de las que hablaba en su respuesta para paliar los efectos de la crisis, así como la valoración de sus resultados y su coste. Para él, lo interesante era comparar ambos gastos dentro de un mismo presupuesto, el de la ciudad de Burgos.

También obtuvo respuesta, aunque bastante parcial. No le respondieron sobre las líneas de ayuda a los ciudadanos y afirmaban no tener la mayoría de los informes reclamados, puesto que no eran obligatorios. Eso sí, aclaraba que el estudio de tráfico había concluído que el tiempo de viaje se incrementaría, pero no habría más atascos. Además, nombra un estudio de viabilidad del párking subterráneo pero, eso sí, no dice dónde se pueden consultar esos informes, pese a la insistencia.

Las protestas de estos días se suman a una larga trayectoria de manifestaciones vecinales contra las obras del bulevar, en paralelo a una más que escasa información pública sobre el proyecto, pese al claro interés de los ciudadanos sobre sus detalles.

  • La institución, tras preguntar al actual Gobierno, prefiere no hacer pública la misiva
  • El Gobierno socialista no respondió: no hubo correspondencia durante la segunda mitad de 2011

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En agosto de 2011, José Luís Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, recibió una carta del Banco Central Europeo (BCE) en la que el entonces gobernador, Jean Claude Trichet, le instaba a realizar una serie de reformas económicas para poner freno al déficit. Aunque fue preguntado por la misiva en el Congreso, Zapatero no quiso desvelar su contenido. Dos años y medio después, ya sin cargo público, el expresidente del Gobierno incluye ese documento en sus memorias, que acaba de publicar, editadas por Planeta.

eldilema_insidePero, ¿esa carta no era “estrictamente confidencial”? ¿El BCE ha dado su consentimiento? ¿Hubo respuesta por parte del entonces presidente? Estas son las preguntas que, tras la publicación de la misiva, planteó David Cabo al BCE a través de Ask the EU, el equivalente a Tu Derecho a Saber para los organismos europeos.

La respuesta llegó el pasado 20 de diciembre y resolvió tres de las dudas: la carta sigue siendo confidencial, el BCE (con el acuerdo del actual Gobierno) no la va a publicar y Zapatero nunca pidió permiso al organismo para incluir la misiva en sus memorias. En paralelo, el BCE responde que no hubo respuesta a la carta por parte del Gobierno durante la segunda mitad de 2011.

La respuesta completa defiende la confidencialidad de la correspondencia entre el BCE y los estados en aras del interés público y, por lo tanto -y tras haber consultado al actual Gobierno- prefiere no publicar de forma abierta la misiva, pese a que forma parte del libro de Zapatero. Además, insiste en su carácter confidencial y aclara que el expresidente nunca pidió permiso para sacar a la luz la información.

Días después, Jean Claude Trichet respondía sobre el tema en una entrevista en El País desde un punto de vista muy distinto: “Siempre pensé que las cartas eran propiedad de sus destinatarios”.

Pese a todo, las palabras del BCE crean una nueva duda: si no tenía permiso para publicarla, ¿qué medidas piensa tomar el organismo europeo contra Zapatero? ¿Tiene previsto, al menos, publicar un comunicado oficial afeando la conducta del expresidente? Esas preguntas forman parte de la nueva petición de información de David Cabo al hilo de la primera, en la que insiste en que se publique de forma oficial la carta para comprobar su veracidad. Estaremos atentos a la respuesta.

[ACTUALIZACIÓN -19 de diciembre de 2014]

Y la respuesta ha llegado hoy, después de repetidos intentos.

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El Banco Central Europeo, en respuesta a esta petición de David Cabo, ha hecho públicas (aunque su contenido ya era conocido) las cartas que Trichet y Zapatero intercambiaron en 2011, y lo hace tras obtener el consentimiento del Gobierno español. En la contestación, el BCE clarifica lo siguiente:

 “La decisión de hacer públicos estos documentos se basa en el tiempo transcurrido desde que las cartas fueron enviadas, en las condiciones económicas y monetarias prevalecientes y en la mejora de la estabilidad del sistema financiero español, como indican los resultados de la revisión del BCE a los balances de los grandes bancos. Al mismo tiempo, el BCE desea hacer notar explícitamente que con la revelación de estas cartas no se respalda su publicación anterior, hecha sin las autorizaciones del BCE y de las autoridades españolas

Ese último comentario hace clara referencia a la decisión de Zapatero de incluir la misiva en sus memorias sin pedir permiso.

Además, el BCE hace también pública la respuesta de Zapatero, en la que informa sobre la adopción de medidas de consolidación fiscal para reducir el déficit presupuestario, mayor flexibilidad del mercado laboral, vinculación de los salarios con la productividad y reducción del déficit del sistema eléctrico. Por último, Zapatero pedía al BCE que adquiriese deuda pública española para estabilizar los mercados.

La Generalitat de Catalunya aún no ha definido de qué fuentes beberá para crear el listado de votantes para la consulta de 2014 pero, eso sí, asegura que se llevará a cabo “de acuerdo a las leyes”. Así ha respondido el organismo a una petición de información realizada el pasado día 13 de diciembre a raiz de unas declaraciones de la vicepresidenta, Joana Ortega, en las que aseguraba que un equipo de unas 20 personas estaba trabajando en ello.

La pregunta era sencilla: “¿De dónde salen los datos para crear el padrón que utilizarán?

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Dado que los datos que se se utilizan en los procesos electorales realizados habitualmente en España -elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas- provienen del censo electoral (creado a partir de datos del padrón municipal, dependiente del INE) una de las dudas sobre la futura consulta pasa por saber qué fuentes utilizará el gobierno catalán para listar a los posibles votantes.

La respuesta, que ha llegado cinco días después, aclara que la “posible elaboración de un censo electoral para la consulta sobre el futuro político de Catalunya de 2014 está en fase de estudio y de diseño” y que, por lo tanto, aún no han definido cuál será la fuente de estos datos.

“Si finalmente se acaba realizando esta registro de personas con derecho a voto”, continua el responsable del Área de Processos Electorals i Consultes Populars de la Generalitat, “se realizará de acuerdo a las leyes”.

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Pese al flamante estreno de un portal de transparencia, la Generalitat de Catalunya no responde a las peticiones de información ciudadanas vía email, sino que remite a su propio formulario, lo que supone un freno al derecho de acceso a la información, por eso no hemos podido preguntarles a través de Tu Derecho a Saber.

Screen Shot 2013-12-08 at 22.09.33A principios de noviembre, Bloomberg destapaba una visita a España realizada semanas atrás por representantes de Eurostat. Medios como El País se hicieron eco de la noticia, en la que se explicaba que la delegación europea quería comprobar que tanto Madrid como Valencia se habían puesto al día en el pago y control de sus facturas. Pero quedaban muchos flecos sueltos: ¿quiénes acudieron? ¿con quiénes se reunieron? ¿qué temas se trataron en esos encuentros? ¿qué conclusiones sacó Eurostat?

Gracias a una petición de información realizada a través de Ask The EU por David Cabo, ahora podemos responder a algunas de esas preguntas. La respuesta de Eurostat ha llegado casi un mes después (pidieron ampliar el plazo de 15 días por otros 15) y en ella se detalla la agenda de las reuniones. Los representantes de Eurostat estuvieron en España los días 26 y 27 de septiembre. En primer lugar, se reunieron con representantes del INE (Instituto Nacional de Estadística) y la IGAE (Intervención General del Estado) para analizar las responsabilidades de estos dos organismos en los problemas de control de déficit.

Horas después se sumaron al encuentro miembros del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Madrid y la Intervención General de la Comunidad de Madrid para dar cuenta a los miembros de Eurostat de la situación de las cuentas de la región. Un esquema muy parecido se repitió al día siguiente, esta vez centrado en el déficit y las facturas de la Generalitat Valenciana y con representantes de las entidades análogas en esa comunidad. Por la tarde, miembros del INE, la IGAE y los miembros de Eurostat se reunieron de nuevo para sacar conclusiones de la visita.

Lamentablemente, la respuesta de Eurostat es sólo parcial y no podemos saber cuáles fueron esas conclusiones (el organismo argumenta que están en una fase demasiado preliminar). Tampoco responden quiénes participaron, con nombres y apellidos, en esos encuentros. En ese caso, alegan la política de protección de datos. Eso sí, tras obtener su consentimiento, Eurostat informa que el encargado de liderar el viaje por parte de Eurostat fue Luca Asoli, un jefe de sección del organismo europeo.

Comparar esta respuesta, aunque no tengamos todos los datos reclamados, con cualquiera de las que suelen ofrecer los organismos españoles deja en muy mal lugar a estos últimos.

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En Tu Derecho a Saber estamos en racha. Por primera vez en mucho tiempo, sumamos varias respuestas correctas. Algunas de ellas aportan información muy interesante. Pese a la reticencia de la mayoría de las administraciones públicas a la hora de responder, en muchos casos esa comunicación con los ciudadanos les permite explicar los avances o medidas que han llevado a cabo. Es el caso del feliz resultado de una petición de información al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizada por Jordi Espuny, que quería saber si se habían planteado medidas para incentivar la dispensación de medicamentos por unidades, un formato acorde con algunas prescripciones médicas.

Quince días después de formular su pregunta, el ministerio contesta con un detallado correo, en el que explica las diferentes medidas que se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos (no alaba solo sus propias iniciativas) en ese sentido. Así, podemos saber que en 2010 se aprobó un Real Decreto Ley que permite a la Agencia Española del Medicamento autorizar la dispensación por unidades medicamentos concretos para ajustarlos al tratamiento.

Otro Real Decreto Ley, fechado en 2011, planteaba la necesidad de revisar el tamaño de los envases de los medicamentos autorizados. Ya en 2012, el Ministerio de Sanidad se dio seis meses para establecer medidas que adecuaran los envases a los tratamientos más habituales. La respuesta añade que ya se han autorizado envases monodosis para fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno y que desde 2012 tienen encomendadas instrucciones sobre la adecuación de los formatos en los distintos tipos de antibióticos.

Aunque, más allá de la dispensación unitaria de algunos fármacos, no sabemos cuáles han sido los resultados concretos o medidas adoptadas al detalle, esta respuesta nos permite sacar dos conclusiones: la primera, que en el ministerio alguien se ha tomado la molestia de responder -algo que no es habitual; la segunda, que están trabajando en este asunto, que desde hace algún tiempo está sobre la mesa.

Esta no es la única solicitud exitosa que hemos recibido últimamente. Gracias a una interesante petición de información, pudimos saber que las autopistas de peaje habían costado 5.000 millones de euros, un titular que fue a portada de El Confidencial.

 

En Quién Manda, junto a Access Info, vamos a trabajar por la apertura de las agendas de los cargos públicos y la regulación del lobby.

tdasEl último proyecto de Civio, Quién Manda, quiere mapear las relaciones de poder en España a través de documentos, fotografías y artículos. El objetivo es doble: ofrecer información contrastada y presionar para conseguir mayores niveles de transparencia en el proceso de toma de decisiones. Por eso, una de las vertientes offline del proyecto pasa por reunirse con los distintos grupos parlamentarios para conseguir que publiquen sus agendas de trabajo y se regule, de una vez por todas, el lobby.

Tenemos derecho a saber con quiénes se reúnen nuestros gobernantes y quá influencia tienen en la toma de decisiones. Por eso, Access Info Europe y Civio vamos a trabajar para establecer unos requisitos de transparencia en las agendas y monitorear el cumplimiento de estos objetivos. En paralelo, trasladaremos a los diputados los parámetros elaborados por Access Info sobre la regulación del lobby, porque consideramos que es la base imprescindible para eliminar la opacidad en las relaciones entre lo público y lo privado.

Quién Manda nació el pasado día 8 con una base de datos de más de 2.500 personas y entidades y más de 3.000 relaciones documentadas, mostradas a través de visualizaciones en las que puedes seguir el hilo de los contactos de todos esos personajes, empresas y organismos públicos. Además, incluye fotos etiquetadas y artículos para poner en contexto toda esa información.

El objetivo del proyecto es seguir alimentando esa base de datos para ofrecer una imagen fiel de las personas más influyentes del país y sus relaciones, así cómo analizar si existe partidismo en la composición de organismos que deberían ser independientes o cuáles son las cualidades o relaciones que han llevado a una persona a acceder a cierto cargo público. Para seguir trabajando necesitamos tu ayuda, por eso hemos puesto en marcha un crowdfunding en Goteo.

¿Quiénes entran en La Moncloa? ¿Con quién se reúne un ministro durante la tramitación de determinada ley? ¿Qué familiares de políticos trabajan en las administraciones públicas? ¿Están preparados para el cargo? ¿Qué lobbies ejercen en el país y cómo se articula su trabajo? Tenemos derecho a conocer la respuesta a todas estas preguntas.

La Secretaría de Estado de Comercio responde a una pregunta muy concreta sobre armamento.

origin_3764584757A preguntas concretas, respuestas concretas. José Ignacio Díaz demostró ser un experto en el tema cuando pidió a la Secretaría de Estado de Comercio las estadísticas españolas sobre exportación de armas. Además de reclamar un criterio unificado para poder valorar qué armas de qué tipos se exportan (ya que encontró problemas de compatibilidad entre los informes aduaneros y ciertas clasificaciones del Gobierno), hizo una pregunta muy concreta: ¿Exporta España vehículos para el sembrado de minas? La respuesta llegó, esta vez sí, para asegurar que no es así.

En otras ocasiones es más difícil acceder a según qué tipo de información, sobre todo en aspectos tan peliagudos como las armas químicas. En junio, Paloma preguntó al mismo organismo, la Secretaría de Estado de Comercio, sobre las sustancias precursoras de armas químicas. En concreto, quería saber el número de toneladas de estos productos y a qué países se habían exportado entre 1980 y 1988.

La primera respuesta fue para negar la información, porque en 1987 se clasificó como secreta. ¿Y los datos de los años anteriores? En la segunda respuesta, el organismo tenía una nueva razón para no ofrecer esa información: no cuentan con bases estadísticas anteriores a 1988.

Aunque ninguno de los ciudadanos consiguió toda la información que reclamó, la Secretaría de Estado de Comercio se ha tomado la molestia de contestar de una manera eficiente y respetuosa preguntas muy concretas y perfectamente formuladas, algo que no ocurre en más de la mitad de las solicitudes de información.

Los cargos públicos publicitan la transparencia allí donde van y crean páginas web para alardear de su cercanía, pero siguen sin dar respuesta a lo básico: las peticiones de acceso a la información

Ante el elevado grado de silencio administrativo (el 54%, según nuestro último informe), los ciudadanos empiezan a cuestionar a las administraciones públicas no sobre un aspecto en concreto, sino sobre su falta de transparencia y reacción ante las peticiones de información. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) ha aprovechado el estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya y la celebración del día del derecho a saber para cuestionar las políticas de transparencia del gobierno catalán.

Además de presentar una instancia oficial -a menudo las administraciones obligan a seguir este tipo de métodos tan poco tecnológicos- han realizado una petición de información a través de Tu Derecho a Saber. Y exigen respuestas muy concretas sobre la deuda pública, desahucios, inversión en educación… Reclaman que las palabras (“Quiero hacer de Cataluña un país de buenas prácticas, un país de transparencia”) pronunciadas en público por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se queden en nada una vez más.

¿Cuál ha sido la respuesta de la administración, que acaba de estrenar un flamante portal de transparencia? No responde y remite a un formulario, lo que supone, como hemos explicado en este mismo blog, una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

En las administraciones locales, en las que el silencio administrativo es del 70%, algunos ciudadanos exigen rendición de cuentas a esos procesos participativos. David Guàrdia ha preguntado al ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat cuál es el retraso que acumulan en sus respuestas a los ciudadanos y las cifras de estas peticiones, ya que considera que el consistorio está sobrepasando, con mucho, los plazos prometidos.

Por su parte, Fernando, de Málaga, ha preguntado a su ayuntamiento qué ha pasado con los presupuestos participativos que anunció el consistorio durante los últimos años. La propuesta es, a priori, positiva. Pero, ¿qué paso finalmente con las propuestas de los ciudadanos? ¿se han desarrollado los proyectos que sugirieron? Seguimos sin respuestas.