El pasado 11 de octubre, casi todas las cabeceras llevaban una información casi idéntica (surgida, como apuntan muchos, de las agencias Efe y Europa Press): “Expertos europeos alertan de que el Carlos III no está diseñado para emergencias como el ébola”. La noticia se replicó y se replicó (en televisiones como Cuatro o La Sexta, en periódicos como El País, La Vanguardia, en radios como Ondacero…), pero en ninguna de esas réplicas era posible encontrar la fuente original: un supuesto comunicado que, según el texto, procedía de los investigadores del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

¿Dónde está ese comunicado oficial? Como no pudimos encontrarlo, David Cabo escribió al organismo europeo a través de la web Ask the EU (como Tu Derecho a Saber, pero para preguntar a organismos europeos) para solicitarlo y ejercer así su derecho de acceso a la información. En concreto, reclamaba una copia del informe realizado por esos “expertos europeos” (ese sintagma).

La primera respuesta llegó sólo unas horas después: dos personas del ECDC habían estado en el Carlos III los días 8, 10 y 11 de octubre, sí, pero no hay informe ni documento sobre sus conclusiones. Según afirman, las declaraciones que aparecen en prensa son unos comentarios preliminares al final de una reunión en el hospital.

Pero, ¿comentarios de esos dos expertos o de quién? Ante las dudas, David volvió a preguntar, esta vez pidiendo las transcripciones de esas declaraciones. La sorpresa llegó con la segunda respuesta: las declaraciones surgen del hospital Carlos III y no de un informe de ECDC. Además, añaden, la afirmación que llenó todos esos titulares no constituye su posición oficial sobre el asunto (“the statement that appeared in the media was from the hospital Carlos III and not an ECDC report. As such it does not constitute an ECDC view”).

Desde el organismo aseguran que cualquier conclusión relevante será trasladada al Gobierno español, que será el responsable de publicar los informes finales sobre el caso. De hecho, remiten la pregunta al departamento de comunicación del Hospital de La Paz, a quién hemos vuelto a trasladar la pregunta inicial: ¿de dónde salen esas declaraciones?

La última solicitud de información que ha recibido el CGPJ pregunta, a cuenta del indulto de un Guardia Civil cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

[ACTUALIZACIÓN A 11 DE JULIO]: El servicio de prensa del CGPJ ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. Entre otras cosas, asegura que la sentencia que protagoniza esta pregunta sí estaba en el CENDOJ, por lo que entendemos que fue un problema del buscador, porque esa mañana no aparecía. Además, afirma que todas las sentencias de altos tribunales se publican en la base de datos pública. Sabemos, porque buscamos sentencias allí casi a diario, con éxito parcial, que esa afirmación no es del todo cierta. Algunas sentencias de altos tribunales son imposibles de localizar en el buscador. Creemos que, en todo caso, puede que esa carencia se deba a esta frase de la respuesta recibida: “siempre teniendo en cuenta las incidencias que puedan derivarse de los procedimientos de recogida y remisión por parte de los distintos sistemas de gestión procesal”.

El pasado  de junio, la Directa grabó unas imágenes tras las concentraciones contra el desalojo del centro cívico Can Vies, en Barcelona, en las que se muestra cómo los Mossos d’Esquadra obligan a varios manifestantes a ponerses las capuchas de las cazadoras para tomarles la fotografía con la que les identifican. En algún momento del vídeo se puede apreciar, además, como uno de los agentes golpea a un retenido para obligarle a taparse la cabeza.

Era la primera vez que se veían imágenes de este tipo en unas identificaciones y muchos se preguntaron entonces a qué se debían estas prácticas. Stepháne M. Grueso también se lo ha preguntado, pero ha ido un paso más allá, ha trasladado esa inquietud a la conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya a través de Tu Derecho a Saber.

En su pregunta, después de asegurar que a los identificados se les obligó a vestirse con ropa que no era suya, reclama información sobre tres aspectos vinculados a esa extraña práctica: ¿Quién ha ordenado tomar esas fotos? ¿Bajo que legislación o reglamento se ampara dicha práctica? y ¿Qué uso se le van a dar a dichas fotografías?

Además, destaca la agresión de un agente en el segundo 36 y recomienda a la conselleria identificar al agente para solicitar la correspondiente sanción. Ahora sólo queda, una vez más, esperar a que la administración catalana responda. O no.

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Para cada vez más personas, de uno y otro bando, está claro que existe una barrera entre políticos y ciudadanos. La cuestión es quién la ha levantado. Por ejemplo, ¿son nuestros diputados accesibles? Para responder a esta pregunta, en Qué hacen los diputados han analizado cuántos diputados publican su email en la web del Congreso. El resultado es que, de los 350, 228 sí lo hacen ya y 122 tienen ese campo vacío en su ficha.

En algunos casos, los diputados se han comunicado con la Cámara para suplir esta carencia, tal y como cuentan en la misma web:

“Existen siete casos en los que los diputados al parecer sí podrían haber hablado con el personal del Congreso para pedir que no figure su mail oficial, sino una dirección alternativa que seguramente sea más fácil de consultar y gestionar para ellos. Son: José Luis Centella (Izquierda Plural); Soledad Cabezón y Belén Hoyo (PP); Joan Canongia, Elvira Ramón, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Ruiz (PSOE)”.

Otros se han animado tras el (y gracias al) lanzamiento de este análisis. Pero, aún así, aún quedan muchos diputados que no publican en su ficha del Congreso su correo electrónico, con lo que vetan el acceso de los ciudadanos por esta vía. Como se explica en el artículo, algunos de ellos optan por permitir la comunicación por otras vías: email personal publicado en su página web, Twitter, Facebook.

Para conocer cómo funciona la publicación de esta información, Qué hacen los diputados decidió preguntar al Congreso vía Tu Derecho a Saber. La respuesta llegó sólo cinco días después y dejaba claro que la publicación del email es voluntaria y son los propios diputados quienes, durante su acreditación a principio de legislatura o en cualquier momento del año, autorizan o no que su correo electrónico sea público. Todo depende de cada uno de ellos.

Además, el Congreso incluye un gráfico que muestra las vías de comunicación que han abierto algunos diputados: 228 publican su correo oficial, 40 el personal, 80 la dirección de su blog, 201 su cuenta de Twitter y 85 su página de Facebook. Lo importante es que el ciudadano pueda acceder a cada uno de ellos, sea por la vía que sea.

Las vías de comunicación entre ciudadanos y diputados formarán parte, entre otros muchos datos, de la información que incluirá la nueva web de Qué hacen los diputados, que se presentará el próximo día 26.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones.

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En 2013, el gasto previsto en publicidad institucional sólo de la Administración General del Estado era de 33 millones de euros. Para 2014, el mismo plan de medios prevé realizar 72 campañas, con un coste total de 42 millones. Ante estas cifras, sumadas al gasto de comunidades autónomas y entidades locales, el interés por el reparto de los anuncios en los distintos medios de comunicación es creciente. De hecho, una de las polémicas del año surgió cuando se hizo público el reparto de anuncios en medios de comunicación de la campaña contra la violencia de género, en el que medios con mucha menos difusión como La Gaceta recibieron más inserciones que otros como 20 Minutos.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones. Esa información, que no se hace pública, ha sido objeto de una docena de preguntas en Tuderechoasaber.es. Ocho de ellas, dirigidas a la DGT, la Agencia Española del Medicamento o el Tesoro Público, entre otros, obtuvieron la callada por respuesta.

En algún caso, como pasó con un una solicitud a la Comunidad de Madrid, las administraciones jugaron a pasarse la pelota entre ellas para acabar remitiendo a los pliegos del contrato, aunque no incluyeran la información por la que se preguntaba. De entre todas esas preguntas, sólo una obtuvo una respuesta válida. Gracias a ella pudimos saber que la Generalitat repartió los anuncios sobre su portal de transparencia sólo entre medios catalanes y sin tener en cuenta la audiencia.

Desde hoy, más opacidad

Si hasta ahora la información que los ciudadanos podían obtener de este tipo de contratos era escasa, con el nuevo modelo que publica hoy el BOE lo será aún más. El nuevo acuerdo marco para la compra de espacios en medios para la publicidad institucional de la Administración General del Estado establece que las administraciones públicas que deseen publicar una campaña en medios podrán enviar su propuesta a las empresas elegidas en el acuerdo marco y seleccionar la oferta de una de ellas. Sólo “si lo estiman oportuno” (artículo 198 4.f de la Ley de Contratos del Sector Público) publicarán la adjudicación del contrato, así como sus características detalladas (objetivo de la campaña, coste, medios preferentes…).

El ayuntamiento responde a una petición de información y desglosa el coste cero que, afirman, les supuso colocar una bandera de 14 metros de mástil en una plaza del municipio.

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El pasado 8 de noviembre, en un acto militar, la ciudad de Palencia colocó la bandera nacional en la plaza de España. Con un mástil de 14 metros, no ha costado ni un euro a las arcas del ayuntamiento, ya que fue encargada e instalada por la cuarta Subinspección General del Ejército y Comandancia Militar de Valladolid y Palencia. Pero, ¿cuánto supuso la celebración del izado de bandera? Gracias a la pregunta de Ainhoa Zabaleta y a la respuesta -muy completa- del consistorio, lo sabemos todo.

El secretario del alcalde contesta desglosando, uno a uno, los gastos de esa jornada, en un listado exhaustivo que pretende demostrar que no supuso ningún coste público. Gasto en banderas: 0 € (reciclaron las de otros actos municipales); vallas: 0€ (las 146 que se usaron son propiedad del ayuntamiento); gastos de personal auxiliar, contrato de azafatas, controladores, seguridad privada: 0€ (usaron voluntarios del comedor social ‘Siempre Contentos’); megafonía: 0€ (ya tenían megáfonos); hoteles, comidas: 0€ (los invitados llegaron a las 16.30 horas y se marcharon ese mismo día); autobuses o kilometraje: 0€;  10 Voluntarios Agrupación Protección Civil de Palencia 0 € (aunque este gasto nulo no queda claro, porque luego matiza que el personal que colaboró en el acto durante cuatro horas es el mismo que el que acude a manifestaciones, maratones o cabalgatas de reyes, pero se entiende que cobran por esas horas de servicio).

Para acabar con el listado, el secretario añade que tampoco gastaron nada en regalos a los militares participantes. Eso sí, aprovecha la oportunidad para comentar que la semana anterior, en un acto similar en Rueda, ese ayuntamiento sí hizo regalos a los militares asistentes. En concreto, dio una botella de vino a cada uno de sus 90 invitados.

Además de criticar, de soslayo, al municipio vecino, el ayuntamiento de Palencia aprovecha para glosar los beneficios del acto: más de 3.000 palentinos participaron y tuvo repercusión en medios. Además, destaca, se recaudaron 4.000 euros para el comedor social. Para finalizar, ensalza -en mayúsculas- que la colocación de la bandera sirvió para “FORTALECER LAS RELACIONES CON EL EJERCITO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y QUE DESDE ENTONCES LA PLAZA DE ESPAÑA TENGA UN SÍMBOLO QUE NOS DEBE UNIR A TODOS COMO ES NUESTRA BANDERA”.

En paralelo, comenta que este tipo de actos son habituales: se han celebrado en 36 municipios españoles, “muchos de ellos capitales de provincia”, en los últimos cuatro años. Por eso Ainhoa ha dado un paso más y ha trasladado la pregunta la Ministerio de Defensa, esta vez enfocada en el gasto para las arcas de los Presupuestos Generales del Estado del acto de Palencia y otros similares en otras ciudades de España.

Contesta a una pregunta sobre el coste y el reparto de la los anuncios institucionales, que no se publicaron en medios como El País o 20 Minutos.

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Publicidad aparecida en El Periódico de Catalunya

Los portales de transparencia deben servir para permitir el acceso de los ciudadanos a los datos públicos más relevantes o demandados. Pero, para que cumplan su función, necesitan contener información relevante y, por encima de todo, ser útiles. Por eso, en ocasiones, el lanzamiento de una página web de estas características va acompañado de una campaña de publicidad para darlos a conocer y promover su uso. Así pasó con el reciente estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya, que nació acompañado de anuncios en medios que explicaban su funcionamiento y, de paso, relataban las bondades del gobierno en este campo.

Tras encontrarse con un suplemento de siete páginas en El Periódico de Catalunya sobre la nueva página web, Pablo Castro quiso saber cuánto habían costado esos anuncios y en qué medios se habían insertado. Y así lo planteó en una pregunta formulada a través de Tu Derecho a Saber el pasado cuatro de diciembre. La respuesta, aunque tardía, ha llegado este siete de marzo. Gracias a ella podemos saber que, en total, la Generalitat gastó exactamente 620.849,77 euros más IVA en la compra de estos espacios publicitarios.

Pero la respuesta contiene más información relevante. Del coste total, casi 455.000 euros se destinaron a pagar anuncios en medios impresos. En concreto, las páginas de publicidad aparecieron en La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Més Tarragona, Segre, BonDia.cat, Diari de Girona, El 9 Nou, Regió 7, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, Diari de Sant Cugat, Diari del Vallès, Setmanari de l’Ebre, L’Econòmic, El Vigia y Cataluña Económica. Así, el reparto obvia a medios impresos como 20 Minutos o El País (tercero y cuarto en difusión en Cataluña entre los diarios generalistas, respectivamente, según datos del EGM), entre muchos otros.

El resto del presupuesto, 166.254 euros, se destinó a comprar banners de medios online. Los agraciados en este reparto fueron Vilaweb, e-Notícies, El Singular Digital, Nació Digital, la ACN, CatMedia, Imaginaradio.cat y Reus Digital.

Aunque la respuesta ofrece información sobre las cabeceras que acogen la campaña, un dato que las administraciones públicas evitan ofrecer, no es completa del todo. Por eso, Pablo Castro ha vuelto a insistir para saber qué porcentaje de ese presupuesto se destinó a cada uno de los medios.

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  • Debe regular la organización y funciones del organismo
  • La Ley de Transparencia daba tres meses para aprobarlo

El pasado 10 de diciembre el BOE recogía la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un día antes. En el texto se estableció que los apartados relativos a la transparencia de la norma entrarían en vigor en un año, esto es, diciembre de 2014. Para preparar ese camino, el Consejo de Ministros debía aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación en el boletín oficial, un real decreto por el que se aprobara el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy, 10 de marzo, tres meses después, se ha cumplido ese plazo. Ni el BOE ha recogido la aprobación de ningún decreto referente a este organismo ni el tema se ha incluido en las referencias de las reuniones de los miembros del Gobierno celebradas hasta hoy. Además, desde Moncloa han confirmado a esta página web que el tema no ha pasado aún por el Consejo de Ministros.

La disposición final séptima establece el plazo de aprobación del decreto que debía regular la “organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones” del Consejo de Transparencia, un organismo que según la propia norma deberá ser independiente y que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por el momento, todo lo que conocemos sobre el mismo se encuentra en la propia Ley de Transparencia. La entidad que deberá velar por su cumplimiento estará formada por un presidente (propuesto por el Gobierno y que deberá ser refrendado en el Congreso), un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Gracias a una petición de información de marzo de 2012 sabemos ahora que el consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012.

photo credit: tetegil via photopin cc

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En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona recibió dos peticiones de información. Una de ellas, realizada por un investigador de la Universidad de Barcelona que estaba preparando un estudio, reclamaba información estadística sobre el barrio de Ciutat Meridiana. En la otra, un ciudadano reclamaba la recaudación del consistorio en multas de aparcamiento en zonas verdes y azules de la ciudad. Ambas preguntas tienen algo en común: recibieron respuesta en noviembre de 2013, un año y ocho meses después.

Después de meses de silencio, la petición sobre el censo de Ciutat Meridiana recibió una respuesta austera, en la que le remitían al investigador a la página web y a que se pusiera en contacto directo con el organismo en caso de necesitar más información. Y es que algunos de los datos que reclamaba en su petición no han sido atendidos. En concreto, y para llevar a cabo su proyecto, Jaime Palomera había preguntado por los datos sobre ocupación, movilidad residencial y ejecuciones hipotecarias en el barrio durante los últimos años.

 

El consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012

En la otra petición encontramos una respuesta parcial. Aun así, es una de las respuestas más concretas y completas registradas en Tu Derecho a Saber. Gracias a ella podemos saber que en 2012 el consistorio puso multas en las zonas verdes y azules por valor de 387.757 euros y cobró un 33,7%, lo que se traduce en 129.413 euros.

En 2011 el porcentaje de sanciones cobradas era mucho mayor, un 40%. Así, de 427.446 euros en multas ingresaron 172.446. La respuesta desglosa, incluso, los datos por tipo de multa: las impuestas por falta de comprobante o por superar el límite horario. Eso sí, Luis había pedido datos desde la implantación de las zonas de aparcamiento de pago y el Ayuntamiento ofrece sólo la información de 2012 y 2011 por “motivos informáticos”.

El 70% de las preguntas realizadas a entidades locales durante 2012 se quedaron sin respuesta, así que estos dos casos han acabado siendo, aunque tarde, una excepción a la norma, por muy vergonzosa que esta sea.

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  • Un ciudadano pregunta el número y uso de estos vehículos a seis comunidades autónomas
  • Sólo Cantabria ha respondido: tiene 11 coches destinados a consejeros y presidente del gobierno
  • Cataluña remite a un formulario y Navarra exige requisitos para preguntar como el DNI electrónico

Sobre el número y uso de los coches oficiales en el Estado y las comunidades autónomas se ha hablado mucho, muchas veces sin datos y con titulares que se basaban en simples estimaciones. En la mayoría de casos conocemos el parque móvil total y, en menos ocasiones, su reparto entre departamentos. Esta información básica no se publica de forma detallada en todos los organismos públicos, sino que depende -como en muchas otras ocasiones- de la buena voluntad del gobernante o encargado de turno.

Mientras no exista una norma que obligue a publicar esta información, nuestra única vía para acceder a ella en los casos en los que no se publica es escarbando en contratos públicos de seguros o carburante o, como pasa siempre que Tu Derecho a Saber entra en juego, preguntando. Eso es lo que ha hecho Argoitz, un ciudadano que preguntó el pasado 8 de enero a seis comunidades autónomas por su parque móvil y, más importante aún, cómo se distribuye entre vehículos destinados a la representación de altos cargos y aquellos cuyo fin es ofrecer servicios (bomberos, policía, parques y jardines…).

Por el momento, sólo una comunidad autónoma ha respondido de forma satisfactoria, aunque sea una contestación parcial. El gobierno cántabro, tal y como recoge su respuesta, tiene 11 coches para altos cargos: uno para cada uno de los ocho consejeros, otro para el presidente y dos más para incidencias. Eso sí, remite al resto de organismos públicos dependientes de su propio gobierno para recabar el resto de los datos.

Navarra, por su parte, sigue obviando las recomendaciones de su Defensor del Pueblo y reclama un DNI electrónico, entre otros requisitos, para poder realizar una petición de información. Una vez más, pone barreras a lo que debería ser una simple interacción entre ciudadano y administración pública: una pregunta, una respuesta.

Cataluña, en otra de las vías que frenan este proceso, se niega a contestar por correo electrónico y sólo acepta preguntas en su propio formulario. La Xunta de Galicia ha enviado un acuse de recibo de la peticiñon y seguimos a la espera de la respuesta. El gobierno de Asturias, por su parte, remite a su portal de transparencia y al perfil del contratante, para que sea el propio ciudadano el que recopile dicha información. El Gobierno Vasco, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el tema.