• El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

  • El Gobierno no publica datos sobre a quiénes votan los residentes en el extranjero
  • Interior responde a una solicitud de información enviando a preguntar en cada junta electoral
  • El Consejo de Transparencia le obliga a remitir la petición a la JEC para comprobar si existe esa información

Si preguntas al Ministerio del Interior qué votaron los españoles residentes en el extranjero el pasado 20 de diciembre, responde que no lo sabe. El voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), según la respuesta recibida a una solicitud de información realizada por Civio, “se integra y se diluye” en los resultados definitivos. Una respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tumbado de forma parcial.

Interior asegura que esa información está, por separado, en cada una de las juntas de zona, y anima al solicitante a pedir los datos a todas ellas. Pero, como apunta el CTBG, su respuesta podría llevar implícita una afirmación: “la información -con los datos globales- estaría a disposición de la Junta Electoral Central“. Por esa razón, obliga a Interior a remitir la solicitud de información a este organismo, para que decida si concede o no el acceso a esos datos. Es decir: cómo votaron los residentes en el extranjero.

Otro de las argumentos que dio el Ministerio para negar los resultados globales del voto CERA es que “nunca antes habían sido difundidos por la Junta Electoral Central”, una razón que, para el Consejo, no es válida. Como tampoco lo es que la respuesta dada (enviar a los enlaces en los que se publican datos sobre resultados, pero no estos) sea la misma que la que se ofrece a cualquier ciudadano que se dirija a Interior. “El derecho de acceso tiene unas normas y unas excepciones”, afirma el CTBG. Es decir: no importa qué se haya hecho hasta ahora o cómo se responda por otras vías: las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia tienen unas reglas concretas.

Interior también tiene dudas sobre si la Junta Electoral Central es un organismo afectado por el derecho de acceso a la información. Para el Consejo, sí lo está y debe recibir la solicitud para decidir si da los datos o no. Si el Ministerio hace caso a la resolución y remite la solicitud, será la JEC quien tenga que responder si tiene esos datos del conjunto y si, siendo así, concede el acceso.

BOLAS EXTRA:

  • ¿Y los residentes temporales?. La solicitud de información, enviada el pasado 2 de febrero, no solo preguntaba por los resultados del voto CERA, también por el CERTA (Censo Electoral de Residentes Temporalmente Ausentes). Interior afirma en este caso que este tipo de votos se incorporan a cada mesa electoral junto al de los españoles residentes en España y que el proceso no es reversible. Es decir, que es imposible separarlos del resto. En este caso, el CTBG ha dado la razón al Gobierno.
  • Conceder denegando. La primera respuesta de Interior afirmaba que se concedía el acceso a la información. Eso, claro, no es cierto. No se envió ninguno de los datos solicitados. Al plantear esta queja en la reclamación ante el Consejo, el Ministerio lo justifica en que el solicitante “tiene derecho a saber por qué es imposible darle los datos”. Eso, justificar por qué no se concede el acceso, es una denegación. Motivada, como obliga la ley.

Esta transposición de una directiva europea restringirá el uso del negociado, un tipo de adjudicación sin concurso que representa el 60% de los contratos de los ministerios en los últimos años.

Fuente: congreso.es

Dos operarios retiran las protecciones de una de las estatuas que presiden la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Fuente: congreso.es



La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, fruto de la transposición de una directiva europea de 2014, en la actualidad en trámite parlamentario, no será aprobada en esta legislatura. Así lo afirma el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras una pregunta sobre su tramitación remitida a través de Tuderechoasaber.es.

En concreto, aunque aseguran que se cumplirá el plazo marcado por la UE, afirman que el proceso parlamentario “previsiblemente no finalizará antes del año 2016”. Así, serán Las Cortes que se formen tras las próximas elecciones generales las encargadas de tramitar y aprobar esta norma esencial.

La directiva europea, aprobada en marzo de 2014, marca su aplicación por parte de los estados miembros con una fecha límite, el 18 de abril de 2016. Una de las modificaciones que incluye esta norma, aun en borrador, eliminará la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado en los supuestos de precio (valores inferiores a ciertos umbrales).

Por su parte, el 60% de los contratos de los ministerios en los últimos dos años se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad. A este respecto, la actual Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.

Han pasado de 5.400 en 2010 a más de 7.800 en 2014. La cifra de concesiones, en cambio, sigue bajando.

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

La clemencia no es un término absoluto, sino relativo. No solo importa cuál es el número de indultos que aparecen en el BOE, sino también de entre cuántas solicitudes esas y solo esas personas fueron las elegidas. Hasta ahora, gracias a la extracción de datos del boletín oficial, hemos podido escarbar entre toda la información disponible para descubrir totales por año, por Gobierno y por delito, o incluso porcentajes de perdonados sobre condenados y cuáles han sido las medidas de gracia más veloces. Ahora, gracias a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, podemos ir un paso más allá y saber cuántas personas pidieron un indulto entre 2010 y 2014.

Los datos muestran una evolución creciente del número de solicitudes al Ministerio de Justicia (no incluyen, por parto, la información de las peticiones a Defensa), que pasan de 5.400 en 2010 a más de 7.800 en 2014. La subida más importante es de 2010 a 2011, un salto de más de 1.500 peticiones.

En paralelo, las concesiones de indultos también crecieron hasta 2012 pero, a partir de entonces, empezaron a bajar. La popularidad de la medida la hizo más conocida para los posibles solicitantes y, a la vez, menos popular para los gobiernos que la usaban, envueltos en decenas de medidas de gracia polémicas.

Dado que el tiempo entre la condena y la concesión de un indulto no es fija (la mediana es de más de dos años y medio), sería un error afirmar que un tanto por cierto de las solicitudes de un año fueron aceptadas, porque podrían concederse durante el siguiente año. O el otro. Pero nos permite establecer una ratio aproximada que muestre tendencias en la clemencia de los distintos gobiernos. Así, habríamos pasado de un 7,45% en 2010 a un 0,91% en 2014. Esto es: la distancia entre el número de solicitudes y el número de indultos se ha agrandado de forma considerable.

Más posibilidades si eres mujer

Hay menos condenadas mujeres, menos solicitantes y menos indultadas que hombres. Hasta aquí todo parece encajar. Pero en términos relativos todo cambia. Si con el análisis de condenas y medidas de gracia de El Indultómetro demostramos que era más fácil ser indultada -en porcentaje- en el caso de ser mujer, gracias a estos nuevos datos podemos saber que la relación con las solicitudes muestra la misma tendencia.

La ratio de todos estos años de mujeres va de 13,50 a 2,12% y el de hombres de 6,70 a 0,77%. Esto es, las mujeres solicitantes de indulto tuvieron mucha más suerte que los hombres.

 

[ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN ELINDULTÓMETRO.ES DE CIVIO]

Los 5.768 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado ya se han convertido en 7.368 millones. 400 millones del desvío están asignados a una partida "sin tipificar", por lo que no podemos saber a qué se han destinado.

El ministro de Defensa asiste a una misión conjunta con el ejército sirio en 2014. Foto: mde.es

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en unas maniobras del Ejército del Aire en 2014. Foto: mde.es

El BOE recoge hoy la ejecución presupuestaria a 31 de mayo. Una vez más, la diferencia más destacada entre lo presupuestado y lo gastado proviene del Ministerio de Defensa. En concreto, los 5.768 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado ya se han convertido en 7.368 millones. Eso es: el desvío suma a estas alturas de año 1.600 millones de euros.

Esta tradición de engorde, que se mantiene año tras año  y siempre supera los mil millones de euros, se debe en buena parte a los también tradicionales créditos extraordinarios que, cada año, inyectan una cantidad extra, que suele rozar los 800 millones, destinada al pago de Programas Especiales de Armamento (PEA’s).
 

 
Como explica el propio Ministerio de Defensa en la respuesta a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, estos programas, destinados a la modernización del Ejército, se financian con cargo al presupuesto de I+D del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Una vez la maquinaria y las armas están listas para su uso, el Ministerio de Defensa las paga y los proveedores devuelven los anticipos a Industria.

Pese a que se trata de un gasto predecible (aunque la cifra final no se ajuste al 100%), puesto que ya se ha valorado y financiado antes por otro ministerio, el pago de los PEA’s no está incluido en los presupuestos iniciales y, año tras año, se aprueban créditos extraordinarios millonarios para asumirlo. “La insuficiente dotación presupuestaria obliga a proporcionar financiación adicional para cubrir los compromisos financieros que se derivan de los compromisos contractuales ajustados”, argumentan desde Defensa.

El crédito extraordinario de este año, de 846 millones de euros, se aprobó en mayo vía Real Decreto Ley. Gracias a eso podemos saber a qué se destina el dinero, entre aviones, fragatas y misiles. Pero, ¿qué pasa con el resto del desvío? ¿Los otros más de 700 millones de euros que suman esos 1.600 totales?
 

Casi 400 millones de más sin especificar

A principios de junio hicimos esa pregunta al Ministerio de Defensa a través de una solicitud de información en Tu Derecho a Saber. Por entonces, la última ejecución publicada, a 30 de abril y que aún no tenía en cuenta el crédito extraordinario, era de 714 millones. La respuesta recibida semanas después muestra desvíos que entran dentro de aquello que no se puede prever  con exactitud a la hora de elaborar los presupuestos, como los 255 millones de más por la participación en misiones internacionales, los 5,6 millones extra en dietas o los 2,5 millones destinados por este Ministerio a poner coto a la epidemia de ébola.

Pero la partida más cuantiosa, de casi 400 millones de euros, está dentro del epígrafe “no tipificada”, por lo que seguimos sin saber a qué se ha destinado esa importante modificación presupuestaria. La respuesta del Ministerio de Defensa no aclara si se trata de materias reservadas.

Aunque el Ministerio respondió a la pregunta con un PDF, hemos extraído y agrupado la información para que puedas consultar el desglose del desvío registrado a 30 de abril.

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El BOE recoge hoy la convocatoria de 13 plazas, vía concurso, para nombrar consejeros técnicos, jefes de servicio y analistas de sistemas, que serán quienes deben gestionar los distintos medios de comunicación con quienes deseen realizar solicitudes, llevar al día las cuentas del organismo y atender a las reclamaciones y consultas de los ciudadanos, entre otras tareas clave para su funcionamiento. El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

A día de hoy, la única persona del Consejo de Transparencia que ha pasado por el nombramiento oficial, vía BOE, es su presidenta, Esther Arizmendi, que fue nombrada por Real Decreto días más tarde de la entrada en vigor de la ley. De hecho, aunque tanto Esperanza Zambrano (subdirectora general de reclamaciones) como Javier Amorós (subdirector general de transparencia y buen gobierno) ejercen, oficialmente, de forma provisional. El BOE recoge hoy la convocatoria de sus dos plazas por libre designación, además de las de un subdirector adjunto y dos secretarios.

Dentro de 15 días hábiles, plazo necesario para presentar solicitudes a estos puestos, podrían ser nombrados pero, esta vez sí, de forma definitiva. Además de este organigrama, la presidenta del Consejo de Transparencia lidera las reuniones de la Comisión de Transparencia, un organismo formado por siete vocales llegados de distintas administraciones públicas y de los partidos políticos (uno del Congreso y otro desde el Senado).

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

Tramita así una solicitud de información recibida por el Tribunal de Cuentas, que pedía esos documentos entre 1998 y 2001, y estudia si esos datos pueden dañar a terceros

El Tribunal de Cuentas recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición para acceder los informes realizados por la Intervención General del Estado sobre las empresas mineras.

Ante la duda de si facilitar esa información puede afectar a “derechos o deberes de terceros” (artículo 19.3 de la norma), en este caso de los propias compañías, les ha dado el plazo establecido de 15 días para presentar alegaciones, puesto que los informes contienen la fiscalización de cada una de ellas.

Cuatro de ellas, que no han podido ser localizadas por otros medios, han recibido la notificación en el BOE de hoy. Si no fuera por ello, solo la persona que solicitó la información podría conocer que este trámite de alegaciones está en proceso, ya que la norma obliga a avisar de este tipo de procedimientos.

La Ley de Transparencia establece ciertas excepciones para el acceso a la información pública: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la protección del medio ambiente; y, de forma amplia y sin especificar cómo se concreta, los intereses económicos y comerciales.

[Una información publicada originalmente en El BOE nuestro de cada día]

Ya podemos conocer, aun con retraso y en un formato no reutilizable, a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014

Celia Villalobos jugando a "Frozen" en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación

Celia Villalobos jugando a “Frozen”, un videojuego, en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación. Foto de Antonio Maestre para La Marea

La aplicación de la Ley de Transparencia en el Congreso es una historia de retrasos. Si la propia norma (el estatuto del Consejo de Transparencia llegó varios meses después de lo que debía) y su puesta en marcha (el portal tiene graves problemas de funcionamiento aún hoy) ya van tarde, su aplicación en la Cámara Baja se ha retrasado aún más. Aunque la ley entraba en vigor el pasado 10 de diciembre, no fue hasta el 20 de enero que se aprobó el reglamento para aplicarla en el Congreso.

Y hay más: aunque dicho texto obliga a publicar los contratos menores (los de importes menores de 50.000 euros en obras y de 18.000 euros en el resto de tipos*), no se hicieron públicos en un principio. De hecho, sorprendidos por el incumplimiento de sus propias normas, a finales de febrero pedimos esa información, pero no ha sido hasta este viernes, 6 de marzo, cuando se ha hecho pública en la web del organismo. Así, ya podemos conocer a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014.

Tarde y en un formato no reutilizable. Si tratamos esa información, podemos ir más allá de las anécdotas (que las hay) a una visión mucho más global [aquí te puedes descargar los datos estructurados]. Así, sabemos que las empresas que sumaron una cantidad mayor de ingresos gracias a esos contratos menores son Ortiz Construcciones y proyectos (más de 98.000 euros en siete adjudicaciones), Dragados (73.700 en otras dos) y la UTE (Unión Temporal del Empresas) llamada Mantenimiento Congreso, formada por Ingesan y el gigante OHL (29.500 euros en una única factura).

Apple es el sexto proveedor por volumen de negocio gracias a las tablets y teléfonos con los que trabajan, entre otros, los diputados. En total, sumó 23.550 euros, casi 20.000 de ellos destinados a la compra de iPads. Para los menos mañosos, el servicio de reparación de la firma de la manzana ha facturado unos 1.400 euros en reparaciones de estos dispositivos.

También podemos saber, por ejemplo, que el contrato más caro sumó un coste de 55.800 euros, lo cobró Dragados y se destino a la conexión de red de agua en los sanitarios. O que el menor es de 14,76 euros para la compra de un cristal para marco de foto.

En el apartado de curiosidades encontramos una medalla de 1108 euros, 300 CDs de la sesión de proclamación de Felipe VI (unos 3.000 euros en total), transcripciones de sesiones de comisiones y subcomisiones (que suman más de 10.000 euros), y memorias USB compradas a una empresa de asesoría -Asesores Corporativos It’s Posible [sic]- por 3.291 euros.

El Congreso compró varias publicaciones, hasta un total de 50 contratos que suman 21.700 euros, sin especificar de qué publicaciones se trata. Poco más podemos saber de todos esos contratos, puesto que la información publicada no ofrece más detalles.

Para adjudicar un contrato menor no es necesario ni concurso ni negociado, simplemente la emisión de la factura. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, este tipo de adjudicaciones no se publicaban en los organismos de la Administración General del Estado o de los órganos constitucionales nacionales, como es el caso del Congreso.

* Si se dan un paseo por las cifras, encontrarán algunas mayores de esas cuantías. Esto se debe a que el límite de lo que son o no contratos menores se calcula sin IVA y los precios de los contratos en la web del Congreso se han publicado con IVA.

  • Tenía que haberse publicado antes del pasado 10 de marzo
  • El presidente será elegido por mayoría absoluta
  • No exige ‘reconocido prestigio’ a los miembros de la Comisión
  • Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano

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La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno alegó, en declaraciones a Europa Press, que se trataba de un retraso “deliberado”, ya que no tenía sentido crear el organismo y nombrar a su presidente antes de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia que marca la ley para la Administración General del Estado, esto es, el próximo 10 de diciembre. En realidad, la excusa no es válida: podían haber cumplido la obligación legal que ellos mismos incluyeron en la norma, ya que la aprobación del Estatuto no implica que el organismo se ponga a funcionar al día siguiente ni mucho menos tiene relación con el nombramiento de su presidente, que no se incluye en este texto. De hecho, el decreto, aunque ha sido publicado hoy en el BOE, incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.

Independencia del Consejo y su presidente

El documento aporta pocas novedades respecto a las funciones, sistema de nombramiento y organización del Consejo de la Transparencia con respecto a lo que ya adelantaba la ley. El presidente será propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refrendado en comisión en el Congreso por mayoría absoluta y nombrado por el Gobierno por Real Decreto para un plazo de cinco años. La persona elegida deberá contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional”, un requisito que, como es habitual en este tipo de organismos independientes, no se detalla (¿cuánto años de experiencia? ¿en qué ámbitos concretos?). Además, el decreto no prohíbe que el presidente de este organismo tenga vínculos políticos, una de las recomendaciones de la sociedad civil para asegurar su independencia.

El hecho de que solo el Ministerio de Hacienda pueda proponer al candidato y la elección por mayoría absoluta en el Congreso permite que el Gobierno actual pueda elegir y nombrar al presidente que quiera sin necesidad de contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ante una pregunta sobre este asunto en el pasado Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría argumentó que se trata del mismo sistema que se utiliza para otros organismos independientes y que el PSOE también lo utilizó cuando gobernaba: “Yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista”. Si hacemos caso de las palabras de la Vicepresidenta y repasamos la composición de otros organismos independientes nombrados de forma similar, encontramos altos niveles de politización (RTVE, el CSN, el Tribunal Constitucional…).

Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales (una de ellas centrada en atender las reclamaciones y otra en vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa), que estarán lideradas por dos funcionarios de carrera. Y con la Comisión de Transparencia, un  organismo que se reunirá, al menos, una vez al mes, y que tiene mucho menos peso en sus funciones que el del presidente.

La Comisión estará formada por un representante propuesto por el Tribunal de Cuentas, otro por el Defensor del Pueblo, otro por la Agencia Española de Protección de Datos, otro por el ministro de Hacienda en representación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A estos cinco vocales propuestos por entidades públicas se sumarán un diputado y un senador escogidos por Congreso y Senado, aunque el decreto no aclara cuál será el procedimiento para elegirlos.

En este caso, no es que la vinculación política no se haya prohibido para asegurar su independencia, es que se establece por ley. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el Gobierno y a ellos no se les exige, como al presidente, “reconocido prestigio y experiencia profesional”.

Presupuesto: 1,9 millones

El decreto, como ya lo hizo la ley, aclara que la creación de este organismo no supone incremento neto de la estructura pública ni de personal, sino una “redistribución” de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que está adscrito. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad pública”. De estos, más de un millón están destinados al pago de los salarios de los funcionarios que trabajen en el Consejo de la Transparencia. El presidente, por su parte, tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Los miembros de la Comisión no recibirán salarios ni tendrán dedicación exclusiva.

El Estatuto establece, además, que las resoluciones del Consejo se publicarán en el Portal de Transparencia (del que aún no se conocen detalles) y que presentará ante el Congreso y publicará en el BOE una memoria anual que detalle el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha.

El decreto no cumple con los estándares internacionales para para garantizar su independencia y eficacia (miembros profesionales, prohibición de vínculos políticos, poder suficiente para asegurar el derecho de los ciudadanos frente a las administraciones…), que detalló Access Info Europe. Así, su funcionamiento se aleja de las buenas prácticas registradas en organismos análogos de países como Escocia, Chile o Reino Unido.

A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene deberes pendientes: nombrar al presidente del Consejo y publicar el reglamento de la norma, un documento clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.

El Gobierno responde que Patrimonio Nacional gastó 169.660,21 euros, pero no da datos del dispositivo de seguridad ni detalla el destino de esos costes.

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Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, gastó exactamente 169.660,21 euros en las ceremonias de abdicación de Juan Carlos I y coronación de Felipe VI. El desglose, como se detalla en la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada mediante Tu Derecho a Saber, incluye 64.434 euros en gastos de personal, 91.788,55 en gastos corrientes en bienes y servicios y 13.437,66 euros en inversiones.

La pregunta la formuló Carmen, una de las ciudadanas más activas en la página web, el pasado 24 de junio, poco después de los actos celebrados en Madrid para el cambio de Jefe del Estado. Tras insistir en dos ocasiones (aquí y aquí), la Subsecretaría dio por fin ayer viernes una respuesta, en la que añade que el Ministerio de Presidencia asumió también los 4.474,26 euros que costaron los autobuses para el traslado de autoridades.

A estos gastos se suma el dispositivo de seguridad, similar al de “otros enventos con gran afluencia de público como acontecimientos deportivos o manifestaciones”, según el Gobierno, que asegura que es un coste que asumen los presupuestos ordinarios del departamento y, por lo tanto, no ofrece la cifra destinada a esa jornada.

Presidencia admite que no dispone de información sobre los costes asumidos por la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Según el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento madrileño, gastaron 28.845,14 euros en vallas y señalizaciones.

Tras la respuesta, Carmen ha vuelto a insistir: quiere conocer el detalle de esas partidas. ¿A qué “inversiones” se refieren? ¿Cómo se detalla el gasto en bienes y servicios? Esperemos que, esta vez, la respuesta tarde menos de cuatro meses en llegar.