El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

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