Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones.

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En 2013, el gasto previsto en publicidad institucional sólo de la Administración General del Estado era de 33 millones de euros. Para 2014, el mismo plan de medios prevé realizar 72 campañas, con un coste total de 42 millones. Ante estas cifras, sumadas al gasto de comunidades autónomas y entidades locales, el interés por el reparto de los anuncios en los distintos medios de comunicación es creciente. De hecho, una de las polémicas del año surgió cuando se hizo público el reparto de anuncios en medios de comunicación de la campaña contra la violencia de género, en el que medios con mucha menos difusión como La Gaceta recibieron más inserciones que otros como 20 Minutos.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones. Esa información, que no se hace pública, ha sido objeto de una docena de preguntas en Tuderechoasaber.es. Ocho de ellas, dirigidas a la DGT, la Agencia Española del Medicamento o el Tesoro Público, entre otros, obtuvieron la callada por respuesta.

En algún caso, como pasó con un una solicitud a la Comunidad de Madrid, las administraciones jugaron a pasarse la pelota entre ellas para acabar remitiendo a los pliegos del contrato, aunque no incluyeran la información por la que se preguntaba. De entre todas esas preguntas, sólo una obtuvo una respuesta válida. Gracias a ella pudimos saber que la Generalitat repartió los anuncios sobre su portal de transparencia sólo entre medios catalanes y sin tener en cuenta la audiencia.

Desde hoy, más opacidad

Si hasta ahora la información que los ciudadanos podían obtener de este tipo de contratos era escasa, con el nuevo modelo que publica hoy el BOE lo será aún más. El nuevo acuerdo marco para la compra de espacios en medios para la publicidad institucional de la Administración General del Estado establece que las administraciones públicas que deseen publicar una campaña en medios podrán enviar su propuesta a las empresas elegidas en el acuerdo marco y seleccionar la oferta de una de ellas. Sólo “si lo estiman oportuno” (artículo 198 4.f de la Ley de Contratos del Sector Público) publicarán la adjudicación del contrato, así como sus características detalladas (objetivo de la campaña, coste, medios preferentes…).

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