Mayo, 2014

Algunas instituciones ya retuercen la nueva norma aprobada por el Gobierno, que aún no está en vigor, y la emplean en sus justificaciones para denegar información a ciudadanos

Desde el momento en que aparece una nueva norma, hay personas que piensan y se las ingenian para poder evitarla. En Tu Derecho A Saber hemos reflejado toda clase de excusas que las instituciones ponen a los ciudadanos para no facilitar la información que éstos reclaman. Ahora con la ley a las puertas (la norma entra en vigor para las instituciones estatales en diciembre) está ganado adeptos una nueva, “no podemos facilitarte la información porque así lo establece la Ley de Transparencia”.

El contrato de defensa

El Consejo de Ministros aprobó el 02 de agosto de 2013 un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Defensa que reformaba en el techo de gasto de este último. Así, se autorizaba a Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros “en función de la necesidad de atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de Modernización”. Se trata del programa 122B de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye las inversiones necesarias para cumplir los compromisos internacionales de España con la OTAN y con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), pagos que se disputan empresas como Navantia, Santa Bárbara Sistemas o el consorcio EADS. En la rueda de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que esta reprogramación del gasto suponía un ahorro de hasta 7.000 millones de euros”

Un ciudadano, Bernardo, recurrió en diciembre a Tu Derecho A Saber para solicitar una copia del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con cinco meses de retraso, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos le remitió su respuesta, consensuada con el Ministerio de Hacienda. Solicitud de información rechazada. ¿Rechazada por qué? La respuesta dice así:

“Ahora bien, el artículo 14 de la citada Ley 19/2013 (de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) establece determinados límites al acceso a la información. Entre éstos se encuentra el caso de que la información afecte a la defensa.”

Se trata de una lectura retorcida y arbitraria de lo que realmente dice el artículo 14, que es lo siguiente:

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional b) La defensa c) Las relaciones exteriores d) La seguridad pública […]

 ¿Se aprecia la diferencia? Cuando “suponga un PERJUICIO. No se trata de una interpretación casual. Que “afecte a la defensa”, en general, es una excusa habitual de carteras como Interior y Defensa para denegar cualquier información sobre este ámbito, aunque no suponga ningún perjuicio. En países con una transparencia efectiva ya toman medidas para acabar con este abuso. En Escocia, la Oficina del Comisionado para la Información falla a favor del ciudadano si el ministerio no demuestra que publicar la información supondría un daño, pero no un daño cualquiera: un “perjuicio sustancial”, “un daño real, demostrable y significativo”. En México, por poner otro ejemplo, se debe demostrar un daño “presente, probable y específico” En caso contrario, prevalece el interés público y se actúa contra el ministerio por violar la Ley de Libertad de Información. ¿Actuará igual el futuro Consejo español para la Transparencia?

Para terminar de enterrar la solicitud de información de este ciudadano, el Ministerio de Defensa remite a la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que otorga “con carácter genérico, la clasificación de reservado a la adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico, por lo que la información solicitada al estar relacionada con la adquisición de este tipo de material, no puede ser facilitada a quien no se encuentre facultado para tener conocimiento de ella”.

 MORALEJA: es necesario contar con un auténtico órgano de revisión independiente que se encargue de hacer cumplir la ley y ponga coto a estas arbitrariedades.

¿Quién convoca las concentraciones?

En abril otro ciudadano, David, pidió a la Delegación del Gobierno de Navarra conocer quiénes y en nombre de qué organizaciones habían convocado concentraciones en un día concreto en la localidad de Ansoain y qué resolución se había tomado. En este caso, el departamento de Derecho de Reunión recurrió tanto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal como al artículo 15 de la Ley de Transparencia, que protege los datos personales si no se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

Cuando el ciudadano solicitó de nuevo la información “omitiendo los datos de la persona comunicante” y acreditándose como parte interesada, la Delegación del Gobierno de Navarra ignoró su reclamación y guardó silencio administrativo.

MORALEJA: Como hemos alertado muchas veces en este blog, el carácter orgánico de la Ley de Protección de Datos Personales se impone nuestra débil Ley de Transparencia, por voluntad de quienes la han aprobado. Así, en casos como éste, donde no hay voluntad del funcionario para diferenciar una solicitud de datos personales de una mera petición de información, cada vez que una petición aluda de pasada a datos personales se denegará la respuesta.

Los currículos de altos cargos públicos

Eva solicitó en noviembre los currículos completos de cinco nuevos directivos del ente público Red.es, dado que los incluidos en la web del Ministerio de Industria “no cuentan con suficiente nivel de detalle”. Más de tres meses y medio después, el ente presumió de que la pequeña reseña laboral de sus directivos, apenas dos párrafos y sin entrar en detalle relativos a responsabilidades, tiempo en puesto u otra información relativa a su aptitud para el cargo, “da cumplimiento, por adelantado, al artículo 6.1 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
 buen gobierno, según el cual: ‘Los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones 
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su
 estructura organizativa’”. En lugar de la información solicitada, adjuntaban enlaces al perfil de LinkedIn de cada uno. Pese a insistir, Red.es no facilitó ninguna versión completa de su experiencia laboral que permita valorar la idoneidad de sus nombramientos.

MORALEJA: La publicación de los currículos completos de los altos cargos debería ser un hecho generalizado, aunque la ley no obligue. Y siempre que quepa ambigüedad en ella, las instituciones se aferrarán a ella  no sólo para no responder sino, además, para tratar de convencerte de que cumplen con los estándares de transparencia exigidos.

Un ciudadano insiste hasta en 18 ocasiones a administraciones, organismos públicos y partidos para conseguir información sobre los tenedores de deuda del sector eléctrico (aquellos inversores que han comprado la deuda acumulada de las eléctricas).

deuda eléctricas“Estimado Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico”, “Estimada Comisión Nacional del Mercado de Valores”, “Estimado Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, “Estimado Izquierda Unida”, “Estimado Esquerra Republicana de Catalunya”, “Estimado Convergencia i Uniò”. Y lo que sigue. Hasta 18 preguntas hizo un ciudadano en TuDerechoaSaber.es, a diferentes organismos y partidos políticos, sobre el déficit de tarifa y los tenedores de deuda del sector eléctrico (quién posee la deuda acumulada del sector eléctrico, que se coloca a diversos inversores). Ninguna respuesta satisfactoria. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le remitió a un formulario web y le facilitó un teléfono 902 de pago (el de atención al inversor) antes de responder que no poseía la información: “no disponemos en nuestros registros oficiales de la información por usted solicitada“.

Algo similar ocurrió, con variaciones (mero acuse de recibo, “en la página web podrá encontrar la información”), en las respuestas del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico) y el Ministerio de Industria. En el caso de Izquierda Unida y ERC, ni siquiera hubo respuesta.  Y en la larga respuesta de CiU, electoralismo: “Creemos que la estrategia a medio y largo plazo siempre debe primar sobre la inmediatez”.

Ante la negativa tanto de organismos públicos como de ministerios a contestar de forma satisfactoria, este ciudadano decidió dirigirse al Defensor del Pueblo, que aceptó a trámite su solicitud. Este órgano considera que su quejas sobre el silencio del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) justifican la actuación del Defensor del Pueblo, según la ley que regula esta figura.

Para financiar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y lo que pagamos en la factura, que se estima en 30.000 millones acumulados a fecha de hoy), en el año 2003 se permitió a las empresas eléctricas titularizar su deuda. Esto significó que podían colocarla en los mercados a diferentes inversores. Las subastas no tuvieron mucho éxito, lo que motivó la creación en 2010 del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que permitió la colocación de esa deuda con el aval del Estado (para así atraer el interés de los inversores). En 2011, la primera subasta de esta deuda se colocó con un interés 93 puntos superior al del bono español. En 2014, esta diferencia se ha acortado a menos de 20 puntos.

Aunque ninguno de los organismos respondió a este ciudadano, la Comisión Nacional de Energía publicó un informe en mayo de 2013 en el que desglosaba por inversores los tenedores de la deuda del sector eléctrico. El propio FADE ostentaba un 72%, las eléctricas un 15% y el resto, terceros (inversores individuales o institucionales). Entre las eléctricas estaban Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.O.N. España.  En la web del FADE está disponible la información sobre qué entidades de crédito realizan la emisión de esta deuda en los mercados (lo que se conoce como emisión sindicada; se contrata a varias entidades bancarias que colocan la deuda a inversores). En la emisión realizada en febrero de 2014, por ejemplo, fueron BBVA, Caixabank, Deutsche Bank y Crèdite Agricole quienes colocaron la deuda del sector eléctrico entre los inversores. El proceso de selección de estas entidades se realiza del mismo modo que la contratación del Estado: hay un pliego de condiciones y las entidades realizan su oferta.

No existe información de qué inversores individuales (algunos fondos o individuales no hacen públicas sus inversiones) poseen la deuda del sector eléctrico, del mismo modo que ocurre con la deuda pública del Estado. El Tesoro publica la distribución por tenedores y la desglosa por sectores, no inversores individuales. Así, la banca española poseía, al cierre de 2013, un 32% de la deuda española, los inversores no residentes casi un 44% y las administraciones públicas (entre las que se encuentra el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el llamado fondo de las pensiones, que tiene invertido en deuda pública un 97% de sus fondos) ostentaban casi un 9%.

cuadro

Para cada vez más personas, de uno y otro bando, está claro que existe una barrera entre políticos y ciudadanos. La cuestión es quién la ha levantado. Por ejemplo, ¿son nuestros diputados accesibles? Para responder a esta pregunta, en Qué hacen los diputados han analizado cuántos diputados publican su email en la web del Congreso. El resultado es que, de los 350, 228 sí lo hacen ya y 122 tienen ese campo vacío en su ficha.

En algunos casos, los diputados se han comunicado con la Cámara para suplir esta carencia, tal y como cuentan en la misma web:

“Existen siete casos en los que los diputados al parecer sí podrían haber hablado con el personal del Congreso para pedir que no figure su mail oficial, sino una dirección alternativa que seguramente sea más fácil de consultar y gestionar para ellos. Son: José Luis Centella (Izquierda Plural); Soledad Cabezón y Belén Hoyo (PP); Joan Canongia, Elvira Ramón, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Ruiz (PSOE)”.

Otros se han animado tras el (y gracias al) lanzamiento de este análisis. Pero, aún así, aún quedan muchos diputados que no publican en su ficha del Congreso su correo electrónico, con lo que vetan el acceso de los ciudadanos por esta vía. Como se explica en el artículo, algunos de ellos optan por permitir la comunicación por otras vías: email personal publicado en su página web, Twitter, Facebook.

Para conocer cómo funciona la publicación de esta información, Qué hacen los diputados decidió preguntar al Congreso vía Tu Derecho a Saber. La respuesta llegó sólo cinco días después y dejaba claro que la publicación del email es voluntaria y son los propios diputados quienes, durante su acreditación a principio de legislatura o en cualquier momento del año, autorizan o no que su correo electrónico sea público. Todo depende de cada uno de ellos.

Además, el Congreso incluye un gráfico que muestra las vías de comunicación que han abierto algunos diputados: 228 publican su correo oficial, 40 el personal, 80 la dirección de su blog, 201 su cuenta de Twitter y 85 su página de Facebook. Lo importante es que el ciudadano pueda acceder a cada uno de ellos, sea por la vía que sea.

Las vías de comunicación entre ciudadanos y diputados formarán parte, entre otros muchos datos, de la información que incluirá la nueva web de Qué hacen los diputados, que se presentará el próximo día 26.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones.

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En 2013, el gasto previsto en publicidad institucional sólo de la Administración General del Estado era de 33 millones de euros. Para 2014, el mismo plan de medios prevé realizar 72 campañas, con un coste total de 42 millones. Ante estas cifras, sumadas al gasto de comunidades autónomas y entidades locales, el interés por el reparto de los anuncios en los distintos medios de comunicación es creciente. De hecho, una de las polémicas del año surgió cuando se hizo público el reparto de anuncios en medios de comunicación de la campaña contra la violencia de género, en el que medios con mucha menos difusión como La Gaceta recibieron más inserciones que otros como 20 Minutos.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones. Esa información, que no se hace pública, ha sido objeto de una docena de preguntas en Tuderechoasaber.es. Ocho de ellas, dirigidas a la DGT, la Agencia Española del Medicamento o el Tesoro Público, entre otros, obtuvieron la callada por respuesta.

En algún caso, como pasó con un una solicitud a la Comunidad de Madrid, las administraciones jugaron a pasarse la pelota entre ellas para acabar remitiendo a los pliegos del contrato, aunque no incluyeran la información por la que se preguntaba. De entre todas esas preguntas, sólo una obtuvo una respuesta válida. Gracias a ella pudimos saber que la Generalitat repartió los anuncios sobre su portal de transparencia sólo entre medios catalanes y sin tener en cuenta la audiencia.

Desde hoy, más opacidad

Si hasta ahora la información que los ciudadanos podían obtener de este tipo de contratos era escasa, con el nuevo modelo que publica hoy el BOE lo será aún más. El nuevo acuerdo marco para la compra de espacios en medios para la publicidad institucional de la Administración General del Estado establece que las administraciones públicas que deseen publicar una campaña en medios podrán enviar su propuesta a las empresas elegidas en el acuerdo marco y seleccionar la oferta de una de ellas. Sólo “si lo estiman oportuno” (artículo 198 4.f de la Ley de Contratos del Sector Público) publicarán la adjudicación del contrato, así como sus características detalladas (objetivo de la campaña, coste, medios preferentes…).

Los organismos reguladores del acceso a la información en países con mejor rendición de cuentas están cargados de buenas prácticas y estándares de los que el Gobierno español debería tomar nota.

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

“Ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, podríamos esperar de las autoridades que fueran más eficientes a la hora de manejar las solicitudes, no menos”. Esta valoración tan severa procede de Rosemary Agnew, que desde 2012 dirige la Oficina del Comisionado para la Información de Escocia, el órgano de revisión que vela por el cumplimiento en ese país de la Ley de Transparencia. Cuando Agnew presentó su evaluación del año 2013, insistió en que, al tomar medidas, las instituciones escocesas “deberían recordar también que no responder no implica que la solicitud de información desaparezca, sino que crea un trabajo extra innecesario y aumentan los costes. Las solicitudes no satisfactorias generan quejas, revisiones y apelaciones a mi oficina, y dañan la reputación de una institución pública. La opción más eficiente es hacer las cosas bien a la primera”.

Estas declaraciones reflejan el tono y la autoridad con que trabaja un organismo regulador equivalente al futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España. Además, el enfado de la comisionada escocesa estaba justificado. De las 594 apelaciones de arbitraje recibidas en 2013 (un 14% más que en 2012 y un 49% más que en el año 2008), el 30% estaban relacionadas con la ausencia de respuesta en el plazo máximo de 20 días establecido por ley. Datos que llevan a descartar un discurso complaciente con el Ejecutivo por parte de una autoridad estrictamente independiente.

Lo poco que sabemos del futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España es lo que incorpora la ley. Su estatuto debía estar aprobado antes del pasado 10 de marzo, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Lo principal, que estará adscrito estructural y presupuestariamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Que constará de un presidente –nombrado por Hacienda, refrendado por el Congreso- y de una comisión. Y que ésta estará compuesta por el propio presidente, un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, uno del Defensor del Pueblo, uno de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y finalmente uno más de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Con esta adscripción y composición, su naturaleza jurídica excepcional será la única garantía de independencia.

A expensas de una ley que no responde a las exigencias ciudadanas ni a las de organismos internacionales, es lícito preguntarse si este nuevo organismo demostrará la voluntad y la autoridad suficientes para tomar partido y hacer cumplir la ley cuando las administraciones incumplan sus obligaciones de transparencia con el ciudadano.

¿Cómo se salvaguarda el derecho de acceso en otros países?

Siguiendo con el ejemplo escocés, en 2013 el dictamen de la comisionada en los recursos de amparo ha sido perfectamente salomónico: reconoce haber arbitrado a favor del solicitante de información en el 37% de los casos, haber fallado a favor de las instituciones en otro 37% y haber dado la razón parcialmente a una u otra parte en los demás casos de arbitraje. Calculadamente o no, lo cierto es que cualquiera puede consultar una lista de las instituciones que han protagonizado más apelaciones, y este organismo informa sobre su actividad cada cuatro meses, publica sus cuentas y, quizá más importante, presenta una estrategia de trabajo a largo plazo.

En Irlanda, otro ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información también se ha quejado de que las solicitudes de amparo a su departamento aumentan año tras año. En 2012 se pronunció a favor de las instituciones en el 45% de los  casos, en el 25% en contra de su razones para no facilitar la información solicitada, y en el 20% se alcanzó un acuerdo entre el solicitante y el cuerpo público.

Como en otros países, para estudiar las apelaciones de ciudadanos que no han recibido la información que requerían, el organismo de revisión de Escocia realiza un “test de daño”:  la administración debe demostrar que la divulgación de un documento o dato específico puede producir un daño concreto a un valor a un derecho protegido. Por ejemplo, no basta con alegar que un documento puede dañar la “seguridad nacional”. Hay que demostrarlo y ponderar si el interés público y el derecho de acceso prevalecen o no en cada caso concreto. En el caso de México, para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el daño debe ser “presente, probable y específico”. En Reino Unido, la Ley de Libertad de Información establece 23 excepciones a la publicidad de la información, la mayoría sujetas al “test de daño”.

Así, encontramos que en Escocia la comisionada determinó que, cuando un ciudadano no recibió respuesta al solicitar los detalles de la hospitalidad que el Primer Ministro ha recibido de determinadas compañías energéticas, la petición merecía una respuesta apropiada de acuerdo a derecho y al interés público. También conminó a un ministerio a responder al ciudadano que solicitó información sobre las reuniones del Ejecutivo con empresarios y editores de medios de comunicación, o las comunicaciones intercambiadas entre la oficina del Primer Ministro y el magnate Donald Trump.

En el caso de Chile, el Consejo para la Transparencia determinó que los emails enviados por un ministro desde la cuenta institucional de un órgano del Estado eran información pública a la que cualquier ciudadano tenía derecho a acceder. Así se decidió incluso con el voto contrario, en minoría, del presidente del Consejo para la Transparencia. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Chile falló en contra de publicar los correos, pasando por encima de la Ley de Transparencia.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido se ha pronunciado desde 2005 en más de 6.000 casos, quejas, solicitudes de amparo y arbitrajes relacionados con solicitudes de acceso a información. Además, posee poder legal vinculante para imponer a una institución pública la obligación de responder a un ciudadano, aunque ésta puede ser apelada ante la Cámara General de Regulación. Así, se ha posicionado de parte del ciudadano para dirimir el  papel y responsabilidades del Ministro de Hacienda durante su asistencia a la última reunión del ‘Club Bilderberg’, o sobre qué asesoramiento legal recibió el gobierno británico para intervenir militarmente en Kosovo en 1999. En este caso, el comisionado instó a la oficina del fiscal general a confirmar o desmentir si poseía esta información y, en tal caso, a hacerla pública.

¿Seguro que no posee más información?

En España, según demuestra el Informe Tuderechoasaber.es 2013, las instituciones alegaron no poseer la información solicitada en el 11% de las peticiones. En Escocia, para comprobar si esto es cierto, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso.

Sucede lo mismo si la administración responde que recabar todos los datos solicitados podría ser demasiado engorroso o caro, como en esta petición en Escocia sobre el coste, preparación y correspondencia completa de 6 meses sobre un viaje del Primer Ministro escocés a China. Cuando el coste de responder excede el límite de £600, la institución puede justificar su postura. El comisionado investigó a conciencia los costes por hora de trabajo de 80 funcionarios en 13 departamentos para reunir todos los datos. Se calculó que la tarea implicaría unas 90 horas de trabajo. Considerando la menor escala salarial, el comisionado estimó en £663 el coste exacto de cumplir con la solicitud, así que eximió a la administración de tener que responder. Sin embargo, la investigación sirvió para desvelar que el coste real era la mitad del que en principio cuantificaban las instituciones para no tener que responder.

La influencia de los lobbies, sujeta al interés general

Al contrario que en España, donde la actividad de lobbies y grupos de interés permanece totalmente desregulada, en Reino Unido se considera que es de interés general para la buena gestión pública. Su comisionado dictaminó que los emails intercambiados entre el asesor de Sanidad del Primer Ministro y el director de la empresa NHS Partners Network debían ser públicos. En aquel caso, el comisionado halló “interés general en el hecho de poder comprender el papel de los lobbistas y su relación con el gobierno, y esto incluye a) comprender las mecánicas de Lobbying y b) la relación entre el gobierno y un lobista particular, así como la influencia que éste ejerce”. También existe interés público en el “escrutinio de la honradez de los funcionarios públicos”. Por eso se ampara el derecho ciudadano a conocer los gastos de los asesores especiales del Primer Ministro.

Con sus propios defectos, los organismos reguladores del acceso a la información en otros países están cargados de buenas prácticas y estándares internacionales de las que el Gobierno español podría tomar nota. Si no lo hace, como pasó entonces con el redactado de la ley, en este caso tampoco tendrá ninguna excusa aceptable.