Noviembre, 2013

origin_8650860017

  • La ley tardará un año en entrar en vigor a nivel estatal y dos a nivel autonómico

La ley de transparencia que fue votada el miércoles en el Pleno del Senado vuelve al Congreso sin ninguna mejora para el derecho  de acceso a la información y a pesar del rechazo del texto actual por la mayoría de los grupos parlamentarios: en esta última votación han votado en contra de la ley los partidos ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE.

“El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares mínimos internacionales”, comenta Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

El Senado también ha ignorado los distintos llamamientos que ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para que España mejore su proyecto de ley. En Junio de 2012, la OSCE advirtió que el anteproyecto de esta ley “no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos”. El último mensaje lo envió el pasado 13 de septiembre 2013 y decía que esta ley dificultaba el trabajo de los periodistas como perro guardián.

La ley que se aprobará en el Congreso el día 28 de noviembre de 2013 no estará en línea con los estándares internacionales y acabaría ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos, según el análisis que hace Access Info Europe en base a los indicadores del Global RTI Rating (ranking global de leyes de acceso a la información).

España necesita con urgencia una ley de transparencia, sobre todo en  el contexto actual de crisis, de gran preocupación social por las actuaciones de las autoridades públicas y de escándalos de corrupción. No en vano, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa comentó en octubre 2013 que “los procedimientos y la toma de decisiones deberían ser abiertos y transparentes, con miras a garantizar la responsabilidad.”

Además de todas las carencias señaladas por la sociedad civil y a pesar del informe de evaluación que Gobierno Español ha preparado en octubre de 2013 para el Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, OGP) dice que ya había cumplido con su compromiso de adoptar una Ley de Transparencia, la ley de momento no entrará en vigor. Las disposiciones adicionales de esta ley señalan que todo lo relacionado con la transparencia, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de publicación proactiva tardará un año más en estar vigente y dos años en las Comunidades Autónomas. En cambio, el título de Buen Gobierno, que no tiene relación directa con la transparencia, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.

La necesidad de una ley de transparencia es urgente y aunque entendemos que la creación de un portal de transparencia lleva tiempo, consideramos que no hay ningún motivo para que no se respondan desde ya a las solicitudes de acceso, a nivel estatal y a nivel autonómico”, añadía Anderica.

Notas:

Esta ley fue presentada en Consejo de Ministros en marzo de 2012 como un anteproyecto de ley y antes de llegar al Congreso de los Diputados sufrió una serie de cambios considerados como cosméticos según la OSCE. Durante  su debate en el Congreso se amplió el ámbito de aplicación de la ley incluyendo en el artículo 3 a algunas instituciones como los partidos políticos, los sindicatos o asociaciones patronales pero con de forma limitada ya que solo deberán cumplir con algunas de las obligacioens de publicación proactiva de información.

En el informe  de la ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han integrado cambios en su mayoría técnicos y que no corresponden a los que la Sociedad Civil pide desde 2006, y que tampoco corresponde a la campaña #SenadoTransparente que demandaba tres cambios concretos: El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance tipos de información, y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.

mapa campos experimentales españa

  •  Castilla y León acoge 40 de los 62 experimentos solicitados por empresas
  • Las organizaciones denuncian que el Gobierno da la información cuando la mayoría de los experimentos ha finalizado

Madrid 13 de noviembre de 2013– Amigos de la Tierra, Access Info Europe, COAG, Plataforma Rural y Red de Semillas  han publicado hoy el mapa con la ubicación exacta de los campos experimentales con transgénicos (también se puede consultar el mapa). El Gobierno ha proporcionado la información a las organizaciones fuera de plazo, cuando la mayor parte de los experimentos han finalizado. Los experimentos al aire libre con cultivos transgénicos presentan elevados riesgos ambientales y sanitarios. Ante los numerosos casos de contaminación en todo el mundo las organizaciones solicitan al gobierno mayor transparencia y rigor en torno a los transgénicos.

Esta información se ha obtenido a través de una solicitud de acceso a la informaicón y forma parte de una campaña en tuderechoasaber para mejorar la transparencia de campos de transgénicos en España, hay más solicitudes sin respuesta que puedes apoyar (localización de campos y localización de parcelas donde se liberan organismos modificados genéticamente). España se ha convertido en el campo de experimentación de las multinacionales del sector debido a que el Gobierno ha ocultado su localización exacta. Así España acoge el 67% de todos los experimentos realizados en Europa. También ha sido el lugar elegido por la empresa británica Oxitec para la primera liberación de moscas transgénicas en todo el mundo, experimento aún pendiente de autorización.

Mientras el resto de países europeos publican esta información en páginas web oficiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ocultado durante muchos años esta información. “La transparencia es imprescindible para que se produzca un debate serio sobre el uso de los transgénicos. Al proporcionar la información tarde el Gobierno ha incumplido con el Convenio de Aarhus y con la ley de acceso a la información ambiental”, afirmó Victoria Anderica de Access-Info Europe.

El 80% de las solicitudes de experimentación en España son realizadas por empresas multinacionales, con Bayer a la cabeza con dieciséis solicitudes, seguida por Monsanto y KWS con seis experimentos cada una. “Tanto Bayer como Monsanto tienen un conocido historial de escándalos de contaminación: en 2006 fue el arroz de Bayer el que invadió la cadena alimentaria, este año ha sido el turno de Monsanto, responsable del caso de la contaminación con trigo que puso patas arriba el mercado mundial de trigo el pasado verano”, añadió Blanca Ruibal responsable de Agricultura y Almentación de Amigos de la Tierra

La mayor parte de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 por las empresas biotecnológicas han tenido lugar en ubicaciones desconocidas de Castilla y León, muchos de ellos con remolacha transgénica. “El cultivo de la remolacha es muy importante en la región. Los agricultores no queremos experimentos con remolacha transgénica, si se contaminan nuestros cultivos tendríamos serios problemas para comercializar nuestra producción”, afirmó Prisciliano Losada, Secretario Técnico de COAG Castilla y León.

El riesgo de contaminación es muy alto en el caso de la remolacha, debido a que es una planta cuyo polen alcanza grandes distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones asilvestradas de remolacha en muchas zonas.

“Los transgénicos no benefician al campo. Un medio rural vivo solo es posible con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, diversa y de pequeña escala. Los transgénicos representan el modelo opuesto, solo benefician a las grandes multinacionales mientras los campesinos y campesinas tienen que abandonar el campo” añadió Jerónimo Aguado de Plataforma Rural.

Las organizaciones  denuncian también la ausencia de información por parte las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas que tiene la competencia de aprobar la realización de campos experimentales en sus territorios. Su gestión se caracteriza al igual que el gobierno central por la opacidad. Las organizaciones demandan que en cumplimiento de la ley esta información se publique directamente por la administración

origin_9931091515(1)

En Tu Derecho a Saber estamos en racha. Por primera vez en mucho tiempo, sumamos varias respuestas correctas. Algunas de ellas aportan información muy interesante. Pese a la reticencia de la mayoría de las administraciones públicas a la hora de responder, en muchos casos esa comunicación con los ciudadanos les permite explicar los avances o medidas que han llevado a cabo. Es el caso del feliz resultado de una petición de información al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizada por Jordi Espuny, que quería saber si se habían planteado medidas para incentivar la dispensación de medicamentos por unidades, un formato acorde con algunas prescripciones médicas.

Quince días después de formular su pregunta, el ministerio contesta con un detallado correo, en el que explica las diferentes medidas que se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos (no alaba solo sus propias iniciativas) en ese sentido. Así, podemos saber que en 2010 se aprobó un Real Decreto Ley que permite a la Agencia Española del Medicamento autorizar la dispensación por unidades medicamentos concretos para ajustarlos al tratamiento.

Otro Real Decreto Ley, fechado en 2011, planteaba la necesidad de revisar el tamaño de los envases de los medicamentos autorizados. Ya en 2012, el Ministerio de Sanidad se dio seis meses para establecer medidas que adecuaran los envases a los tratamientos más habituales. La respuesta añade que ya se han autorizado envases monodosis para fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno y que desde 2012 tienen encomendadas instrucciones sobre la adecuación de los formatos en los distintos tipos de antibióticos.

Aunque, más allá de la dispensación unitaria de algunos fármacos, no sabemos cuáles han sido los resultados concretos o medidas adoptadas al detalle, esta respuesta nos permite sacar dos conclusiones: la primera, que en el ministerio alguien se ha tomado la molestia de responder -algo que no es habitual; la segunda, que están trabajando en este asunto, que desde hace algún tiempo está sobre la mesa.

Esta no es la única solicitud exitosa que hemos recibido últimamente. Gracias a una interesante petición de información, pudimos saber que las autopistas de peaje habían costado 5.000 millones de euros, un titular que fue a portada de El Confidencial.