Octubre, 2013

En Quién Manda, junto a Access Info, vamos a trabajar por la apertura de las agendas de los cargos públicos y la regulación del lobby.

tdasEl último proyecto de Civio, Quién Manda, quiere mapear las relaciones de poder en España a través de documentos, fotografías y artículos. El objetivo es doble: ofrecer información contrastada y presionar para conseguir mayores niveles de transparencia en el proceso de toma de decisiones. Por eso, una de las vertientes offline del proyecto pasa por reunirse con los distintos grupos parlamentarios para conseguir que publiquen sus agendas de trabajo y se regule, de una vez por todas, el lobby.

Tenemos derecho a saber con quiénes se reúnen nuestros gobernantes y quá influencia tienen en la toma de decisiones. Por eso, Access Info Europe y Civio vamos a trabajar para establecer unos requisitos de transparencia en las agendas y monitorear el cumplimiento de estos objetivos. En paralelo, trasladaremos a los diputados los parámetros elaborados por Access Info sobre la regulación del lobby, porque consideramos que es la base imprescindible para eliminar la opacidad en las relaciones entre lo público y lo privado.

Quién Manda nació el pasado día 8 con una base de datos de más de 2.500 personas y entidades y más de 3.000 relaciones documentadas, mostradas a través de visualizaciones en las que puedes seguir el hilo de los contactos de todos esos personajes, empresas y organismos públicos. Además, incluye fotos etiquetadas y artículos para poner en contexto toda esa información.

El objetivo del proyecto es seguir alimentando esa base de datos para ofrecer una imagen fiel de las personas más influyentes del país y sus relaciones, así cómo analizar si existe partidismo en la composición de organismos que deberían ser independientes o cuáles son las cualidades o relaciones que han llevado a una persona a acceder a cierto cargo público. Para seguir trabajando necesitamos tu ayuda, por eso hemos puesto en marcha un crowdfunding en Goteo.

¿Quiénes entran en La Moncloa? ¿Con quién se reúne un ministro durante la tramitación de determinada ley? ¿Qué familiares de políticos trabajan en las administraciones públicas? ¿Están preparados para el cargo? ¿Qué lobbies ejercen en el país y cómo se articula su trabajo? Tenemos derecho a conocer la respuesta a todas estas preguntas.

La Secretaría de Estado de Comercio responde a una pregunta muy concreta sobre armamento.

origin_3764584757A preguntas concretas, respuestas concretas. José Ignacio Díaz demostró ser un experto en el tema cuando pidió a la Secretaría de Estado de Comercio las estadísticas españolas sobre exportación de armas. Además de reclamar un criterio unificado para poder valorar qué armas de qué tipos se exportan (ya que encontró problemas de compatibilidad entre los informes aduaneros y ciertas clasificaciones del Gobierno), hizo una pregunta muy concreta: ¿Exporta España vehículos para el sembrado de minas? La respuesta llegó, esta vez sí, para asegurar que no es así.

En otras ocasiones es más difícil acceder a según qué tipo de información, sobre todo en aspectos tan peliagudos como las armas químicas. En junio, Paloma preguntó al mismo organismo, la Secretaría de Estado de Comercio, sobre las sustancias precursoras de armas químicas. En concreto, quería saber el número de toneladas de estos productos y a qué países se habían exportado entre 1980 y 1988.

La primera respuesta fue para negar la información, porque en 1987 se clasificó como secreta. ¿Y los datos de los años anteriores? En la segunda respuesta, el organismo tenía una nueva razón para no ofrecer esa información: no cuentan con bases estadísticas anteriores a 1988.

Aunque ninguno de los ciudadanos consiguió toda la información que reclamó, la Secretaría de Estado de Comercio se ha tomado la molestia de contestar de una manera eficiente y respetuosa preguntas muy concretas y perfectamente formuladas, algo que no ocurre en más de la mitad de las solicitudes de información.

Los cargos públicos publicitan la transparencia allí donde van y crean páginas web para alardear de su cercanía, pero siguen sin dar respuesta a lo básico: las peticiones de acceso a la información

Ante el elevado grado de silencio administrativo (el 54%, según nuestro último informe), los ciudadanos empiezan a cuestionar a las administraciones públicas no sobre un aspecto en concreto, sino sobre su falta de transparencia y reacción ante las peticiones de información. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) ha aprovechado el estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya y la celebración del día del derecho a saber para cuestionar las políticas de transparencia del gobierno catalán.

Además de presentar una instancia oficial -a menudo las administraciones obligan a seguir este tipo de métodos tan poco tecnológicos- han realizado una petición de información a través de Tu Derecho a Saber. Y exigen respuestas muy concretas sobre la deuda pública, desahucios, inversión en educación… Reclaman que las palabras (“Quiero hacer de Cataluña un país de buenas prácticas, un país de transparencia”) pronunciadas en público por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se queden en nada una vez más.

¿Cuál ha sido la respuesta de la administración, que acaba de estrenar un flamante portal de transparencia? No responde y remite a un formulario, lo que supone, como hemos explicado en este mismo blog, una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

En las administraciones locales, en las que el silencio administrativo es del 70%, algunos ciudadanos exigen rendición de cuentas a esos procesos participativos. David Guàrdia ha preguntado al ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat cuál es el retraso que acumulan en sus respuestas a los ciudadanos y las cifras de estas peticiones, ya que considera que el consistorio está sobrepasando, con mucho, los plazos prometidos.

Por su parte, Fernando, de Málaga, ha preguntado a su ayuntamiento qué ha pasado con los presupuestos participativos que anunció el consistorio durante los últimos años. La propuesta es, a priori, positiva. Pero, ¿qué paso finalmente con las propuestas de los ciudadanos? ¿se han desarrollado los proyectos que sugirieron? Seguimos sin respuestas.