Agosto, 2013

rendicion_bigLey fundamental del opendata: los datos elaborados con dinero público pertenecen a los ciudadanos. Tiene sentido, ¿no? Pueden servir para generar riqueza o desarrollar aplicaciones de servicios públicos o enfocadas a mejorar la transparencia. El problema es que el paradigma ha calado en pocos huesos de las administraciones públicas españolas. El pasito para atrás de la AEMET es un ejemplo claro, pero por desgracia nos encontramos con barreras al acceso a datos públicos día sí y día también.

Miguel Fiandor está trabajando en el desarrollo de una herramienta para fomentar la transparencia en las cuentas públicas (aquí, el crowdfunding del proyecto en Goteo) y se ha encontrado con una de esas trabas. Y ha sido precisamente en la web Rendición de Cuentas, impulsada por el Tribunal de Cuentas, uno de los proyectos más interesantes emprendidos desde las administraciones públicas en los últimos años. En ella, podemos encontrar los presupuestos que han presentado los municipios de España y consultarlos. La información que acoge puede ayudar a mostrar qué consistorios rinden cuentas, cuáles gastan más en unos u otros aspectos, hacer comparativas… El problema es que esos datos no son aptos, a priori, para la reutilización.

El Aviso Legal es claro:

“Toda elaboración propia de materiales, tanto en soporte electrónico como en soporte físico, a partir de la información ofrecida en la página Web del Tribunal de Cuentas requiere autorización escrita de su Presidente”

Desde Qué hacen los diputados han decidido preguntar al Tribunal de Cuentas por esta medida a través de Tu Derecho a Saber. Y van un paso más: ¿por qué este tipo de información pública no se ofrece, directamente y sin papeleos, mediante licencia abierta?

Sobre el asunto de la reutilización de datos también ha preguntado en Tu Derecho a Saber Pedro L. Egea, que reclama el resultado de la aplicación de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, y “especialmente la información que, al amparo de dicha norma, ha sido facilitada por la Administración General del Estado y los Organismos de la Seguridad Social a las entidades infomediarias”, aquellas que intentan sacar jugo a los datos públicos. Por si las dudas: en ambos casos seguimos sin respuesta.

Pregunta al Tribunal de Cuentas sobre la reutilización de datos del portal de transparencia municipal

 

Pregunta a Presidencia sobre los resultados de la ley de reutilización

 

 

Aunque están obligados, en algunos casos las administraciones públicas olvidan publicar ciertos datos.

apreton bigEl proceso para adquirir bienes o servicios con dinero público, a partir de ciertas cuantías y en la mayoría de los casos, tiene que ser público. Por ley. Pero en algunos casos nos encontramos con incumplimientos de la norma y barreras al acceso de los ciudadanos a esa información. Uno de los casos más llamativos de los últimos meses es el de Pablo Castro, que ha pedido a la Generalitat de Catalunya en repetidas ocasiones el desglose del contrato para gestionar la red Rescat. No es un asunto trivial: el monto suma 160 millones de euros.

Empezó a preguntar en junio y, tras insistir, le pidieron sus datos personales, un requisito que no supone más que una barrera al acceso a la información. Si un ciudadano pregunta, basta con su nombre para darle una respuesta. En paralelo, le remitieron a otro organismo, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. Ha vuelto a preguntar y sigue sin obtener respuesta.

El proceso que se siguió para adjudicar este contrato millonario fue el de negociado sin publicidad, lo que supone que las administraciones públicas negocian y adjudican en privado y sólo tienen que dar cuenta de la empresa elegida y el precio del contrato. Pero, una vez firmado, es difícil entender por qué la Generalitat no explica en qué consisten los trabajos contratados con algo de detalle.

En ocasiones, la opacidad de los negociados sin publicidad llegan a límites insospechados. En junio, Castilla La Mancha adjudicó un contrato para elaborar una cartografía de habitat de aves en los Humedales de la Mancha. En la página del perfil del contratante se olvidaron, quizás por despiste, de publicar un detalle importante: a qué empresa se lo habían adjudicado. Preguntamos en Tu Derecho a Saber y la respuesta fue inmediata. Ahora ya aparece el nombre de la empresa en la página del perfil del contratante.

Tercer y último ejemplo: el pasado 7 de agosto, el BOE recogía un anuncio de licitación del Canal de Isabel II para la compra de medios y el diseño de sus campañas y acciones de comunicación por un máximo de 5.566.000 euros. Para saber más detalles -cuántas campañas, por cuánto tiempo, en qué tipo de medios se insertarán los anuncios- debemos recurrir a los pliegos que, como recoge el anuncio del BOE, deben estar publicados en los perfiles del contratante de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II.

En la página del primer organismo sencillamente no aparece la licitación a día de hoy y en las del segundo, en lugar de publicarlos, remiten al departamento de imagen y relaciones públicas. Por eso, en Tu Derecho a Saber los hemos reclamado a la Comunidad de Madrid, aunque insitimos: es una información que ya debería haber sido publicada. Y no nos han querido enviar esos pliegos.