Julio, 2013

  • La norma sigue sin reconocer el derecho fundamental de acceso a la información
  • No incluye informes, borradores y material de trabajo de las administraciones
  • El presidente del Consejo por la transparencia será nombrado por el Gobierno

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado hoy carpetazo –con los votos a  favor de PP, CiU y PNV, la abstención por error del PSOE y el ‘no’ del resto de grupos- al debate de enmiendas del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y remite su texto al Pleno del Congreso. Superado este primer trámite parlamentario y con la conformidad del Pleno, que lo valorará en septiembre, el Senado acogerá el proyecto de ley para avanzar hacia su definitiva aprobación.

Las organizaciones que remitimos este comunicado, Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados, hemos tratado durante meses de dialogar y convencer a los distintos grupos parlamentos de que únicamente introduciendo ciertos cambios sustanciales, suprimiendo algunas limitaciones y abordando la norma con un sentido de la responsabilidad y algo de valentía, este texto -que llega con años de retraso y en el transcurso de una crisis de confianza institucional cuyo alcance está aún por valorar- podría servir de base para un régimen de transparencia eficaz, de garantía para el ciudadano y sólido en el cumplimiento de los estándares internacionales.

Un derecho fundamental

El Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Se sostiene para ello en valoraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a 2003 que, según nuestros análisis, no tratan en profundidad el asunto de si la Constitución incluye, en el ámbito de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Así ha sido reconocido en muchos países de nuestro entorno y en entidades internacionales de Derechos Humanos.

De hecho, esta postura nos sitúa por debajo de los estándares internacionalmente reconocidos que rigen la transparencia y el derecho a la información, cuyo reconocimientomás reciente como derecho fundamental se produjo el pasado 25 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de que los grupos parlamentarios de UPyD e Izquierda Plural pedían también en España este reconocimiento en sus baterías de enmiendas, el derecho de acceso a la información nacerá lastrado y débil frente a normas fundamentales como el derecho fundamental a la protección de datos.

Una norma con poco alcance

Como hemos denunciado reiteradamente, el proyecto de Ley de Transparencia continúa excluyendo de su alcance [a través del artículo 15(nuevo artículo18)] numerosa información de interés para el ciudadano. Se trata de notas, informes internos, memorandos o comunicaciones internas que generalmente tienen un peso importante en las decisiones de tipo político o administrativo. Esta información queda fuera de la ley y podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con todas estas exclusiones.

Por otra parte, consideramos muy positivo que las entidades privadas con un 40% de financiación pública a través de ayudas o subvenciones o más de 100.000 euros anuales del erario deban someterse también a la Ley de Transparencia.

Pero este apartado no incluye, por ejemplo, a las empresas que reciban ese porcentaje de su presupuesto vía contratos públicos o a las que se dedican a gestionar servicios públicos privatizados, por ejemplo. Además, aunque finalmente se han incluido, entidades como las formaciones políticas, los sindicatos, las patronales empresariales y otros órganos privados se verán eximidos de dar a conocer otra información económica, estadística o presupuestaria que no sean subvenciones o contratos con la administración. Abogamos por que cumplan la reiterada promesa del gobierno de hacer estas instituciones más transparentes.

Sobre el órgano de revisión

El Consejo de la Transparencia, el órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley, no estará adscrito al Ministerio de Hacienda -como estaba previsto-. Aunque la norma no aclara el proceso de elección de los miembros de su comisión, sí deja claro su origen. Serán: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. La vinculación de la mayoría de estos miembros con el Ejecutivo pone en duda la futura independencia del organismo, cuyo presidente, además, será nombrado directamente mediante Real Decreto por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque deberá ser refrendado en el Congreso.

Concluye así más de un año de trabajo en el Congreso. Lo que las tres organizaciones firmantes sacamos en claro es que de un proceso de tramitación tan opaco como el que ha rodeado a esta ley –dirigido por el Ministerio de Presidencia y ejecutado desde la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes-, surge una ley poco ambiciosa, laxa, con pocas garantías de proteger un derecho ciudadano y con escasas expectativas de eficacia contra la opacidad institucional y la corrupción.

Por ello, Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados lamentamos que se haya desaprovechado esta gran oportunidad.

Hacienda publica una resolución para que la lista de ayuntamientos sea secreta.

montoro y soraya

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, estableció medidas de caracter urgente para paliar la creciente morosidad de las administraciones públicas. Una de ellas es un plan de ayuda para la financiación de los pagos pendientes a proveedores que arrastran las entidades locales. Para acogerse a este plan, los ayuntamientos debían enviar sus cuentas y el Gobierno elaboraría una lista pública con las entidades locales que cumplieran los supuestos necesarios y, por tanto, se pudieran acoger a las ayudas. Ese listado debía haberse hecho público hoy mismo, 30 de julio, justo un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, tal y como se establece en el mismo. En su lugar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una resolución para frenar su publicación.

De hecho, los ayuntamientos -y solo ellos- podrán tener acceso a esa lista a través de un acceso seguro, con nombre de usuario y contraseña. El resto de ciudadanos no podremos saber qué ayuntamientos reciben estas ayudas. La resolución justifica este cambio hacia la opacidad alegando que la publicación del listado de entes locales “puede derivar para los interesados perjuicios de imposible o difícil reparación”, sin especificar en ningún momento qué daño hace a un ente local que se conozca que sus cuentas, poco saneadas, están demandando una ayuda a gritos.

Esta no es la primera vez que los datos relativos al pago a proveedores de los ayuntamientos se mantiene oculto bajo llave. En 2012, David Cabo pidió al departamento dirigido por Montoro un listado de los ayuntamientos que no habían enviado sus balances de impagos y un desglose de las obligaciones pendientes de pago de quienes sí habían informado al ministerio. La pregunta, cuya andadura arrancó en marzo de 2012, pasó por diferentes fases -todas infructuosas y algunas rozando el absurdo-: primero fue el silencio, con él la insistencia tres meses después, para obtener la  primera respuesta: desde el ministerio aseguraban que no existía tal lista de ayuntamientos y remitían a su página web.

La información disponible en la web era la siguiente: 4623 entidades locales han presentado facturas por valor de 9750,15 millones de euros. ¿Cómo podían haber sumado esas cantidades sin una lista de ayuntamientos? ¿cuáles eran los 4623 y qué facturas correspondían a cada uno? Después de mucho insistir y de recibir siempre la misma respuesta: no hay lista; Hacienda pasó la pelota a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con entidades locales.

Nueva petición de información y nueva odisea. Y ya estamos en junio de 2012. La entidad responde que no pueden facilitar esa información hasta que acabe el proceso y, pese a que David insiste en recibir una contestación, aunque sea parcial, la entidad rechaza la petición y, como última contestación, asegura que lo que tenga que hacerse público se hará a través de su página web. Ha pasado más de un año desde entonces y nunca se llegó a publicar esa información.

 

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No hay dudas: el problema de la vivienda, materializada en los desahucios, es uno de los grandes males en España. Las divergencias parten de las distintas formas que se proponen para resolver el problema. Hasta ahí todo discutible, pero también previsible. El problema es cuando las divergencias salpican hasta los datos. Lo cierto es que no contamos con una base de datos fiable y única para conocer exactamente cuántos desahucios se ejecutan en España, en qué tipos de vivienda -primera/segunda residencia-, en qué régimen -compra/alquiler- y otros datos desglosados que permitan conocer la magnitud del problema para, entonces sí, debatir cuáles son las mejores maneras de hacerle frente.

El Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el INE, además de otras entidades privadas, han publicado estadísticas sobre desahucios, cada entidad con una metodología y unos criterios de clasificación distintos. Según los datos del CGPJ,a finales de 2012 el ritmo era de más de 500 desahucios diarios (casi 48.000 en el segundo trimestre de 2012, según su balance), pero esos datos no incluyen ejecuciones dictadas fuera del ámbito judicial y valoran en el mismo saco, por ejemplo, casos de primera y segunda residencia.

La falta de unas estadísticas fiables -una carencia que se extiende también al número de casas vacías existentes en España- es una muestra del poco interés que han mostrado las sucesivas administraciones públicas por cercar el problema y ponerle remedio. En julio de 2012, el Gobierno prometió que publicaría datos concretos sobre desahucios cada tres meses. Finalmente, la tan esperada estadística oficial no llegará hasta 2014.

Ante tal batiburrillo de datos sin homogeneizar, son muchos los ciudadanos que han reclamado información sobre ejecuciones hipotecarias a través del portal de Tu Derecho a Saber:

Elena pidió en enero al Ministerio de Justicia la cifra total de desahucios desde 2008, al inicio de la crisis económica. Han pasado casi tres meses y no ha obtenido respuesta. Daniele Grasso reclamó al Ayuntamiento de Madrid el número de lanzamientos judiciales en los que había participado la policía local durante 2012. El consistorio le remitió a un formulario. En paralelo, Daniele Grasso también pidió a Interior esos mismos datos, esta vez de lanzamientos llevados a cabo por la Policía Nacional. Pese a su insistencia, no ha habido respuesta. Mucho antes, en julio de 2012, Concha Catalán pidió al CGPJ los datos anteriores a 2007. Al final consiguió una parte gracias a su insistencia, pero no toda la información que pidió.

Esta carencia absoluta de datos fiables sobre un tema de trascendencia mayúscula ha llevado al consultor político David Osimo a la creación de un grupo de trabajo para intentar recabar todos los datos posibles sobre este asunto, tal y como explica en su blog. Porque la única manera de enfrentar un problema es conocer, con detalle, su magnitud.

 

La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

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Autor: José Pedro Fernández, colaborador de Access Info Europe como investigador de proyectos

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Las enmiendas presentadas el pasado día 2 de julio al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, reflejan que la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados se muestra contraria a la regulación propuesta por el Gobierno. Los Grupos Parlamentarios Izquierda Plural y UPyD, así como las formaciones políticas recogidas en el Grupo Mixto, han sido muy críticos con el articulado del presentado.

Entre las enmiendas presentadas, destaca por su relevancia jurídico-política, la necesidad de considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso  a la información pública como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las argumentaciones.

Izquierda Plural ha presentado la que quizás sea la batería de enmiendas más ilustrativa. Las enmiendas 74 y 208 justifican jurídicamente la necesidad de calificar el derecho de acceso como fundamental, es decir, reconociéndolo como un desarrollo legislativo de los artículos 20 y 23 de la Constitución. Esta interpretación viene avalada por numerosos acuerdos y sentencias internacionales, muchas de las cuales son vinculantes para el Estado español (recientemente el TEDH  se volvió a pronunciar a favor del derecho fundamental en su sentencia de 25 de junio).

El Grupo Parlamentario de UPyD también reconoce la necesidad de regular el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Si bien nuestra Constitución no reconoce expresamente el derecho fundamental de acceso, nada impide realizar tal reconocimiento mediante una Ley Orgánica. Este procedimiento no sería nuevo en España, dado que ya así realizó con el Derecho Fundamental a la Protección de los Datos de Carácter Personal.

Entre las diferentes fuerzas políticas que componen el Grupo Mixto, no son pocas las voces que critican el carácter ordinario de la ley. Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, ha expresado en la enmienda número 2 que la Constitución reconoce y garantiza el acceso a la información como un derecho fundamental -en virtud de su artículo 20.1.d relativo a la libertad de recibir y comunicar información-. Desde Geroa Bai se manifesta la necesidad de garantizar el derecho de acceso como fundamental con el objeto de convertir la transparencia en un eje fundamental de toda acción política.

A estas críticas se suma además un amplio abanico de enmiendas presentadas por gran parte del hemiciclo (Izquierda Plural, UpyD, Compromís-Equo, ERC, BNG, Geroa Bai, Amaiur  o Coalición Canaria), que piden mejorar puntos básicos de la regulación para un correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Para señalar las enmiendas de mayor relevancia, resulta bastante clarificador el texto alternativo presentado por el diputado por ERC Alfred Bosch i Pascual, que recoge propuestas defendidas por diferentes fuerzas políticas. Los ejemplos más llamativos son la actualización y mejora en la definición de documento público, el reconociendo de un ámbito de aplicación más extenso (enmienda 123 y 146) y, la eliminación del silencio negativo en favor de silencio positivo, para evitar la discrecionalidad de la administración en la tramitación de las solicitudes recibidas (enmienda 154).

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Otros artículos de esta serie sobre las enmiendas parciales a la Ley de Transparencia:

Enmiendas parciales a la Ley de Transparencia (I): El Grupo Popular propone restringir aún más su alcance

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La Ley de Transparencia sigue enmarañada en el Congreso, ahora pendiente de que se valoren las enmiendas parciales que ha propuesto cada uno de los grupos parlamentarios. Si el proyecto orquestado por el Gobierno ya era de por sí insuficiente y muy por debajo de lo que señalan los estándares internacionales, las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular demuestran una intención clara de esta formación por restringir aún más el alcance de la ley y vaciar de contenido algunas de las medidas que se esperan de una buena Ley de Transparencia y Acceso a las Información.

Aquí repasaremos algunas de ellas. No abordaremos el título de Buen Gobierno por considerar que no tiene nada que ver con la transparencia y el derecho de acceso.

1) El Grupo Parlamentario Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara y tiene por tanto preeminencia en la configuración de la norma, ha presentado una enmienda parcial (la enmienda 512) para que ningún organismo al margen de la administración se vea exigido a publicar información económica, presupuestaria y estadística –esto incluiría, por ejemplo, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos-.

Esta enmienda eximiría de publicar este tipo de información a numerosas instituciones, desde las corporaciones de derecho público a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, las fundaciones del sector público, etc.

2) La inclusión de los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y otras entidades dependientes del dinero público también sufriría a propuesta del Grupo Parlamentario Popular una amplia limitación. Además de no tener que publicar información económica, presupuestaria y estadística, únicamente estarían obligadas por esta ley a dar a conocer:

      • Contratos y convenios celebrados con una Administración Pública
      • Las subvenciones recibidas de una Administración Pública.

Así lo establecería la enmienda 521 del Partido Popular en caso de incluirse en el proyecto.

3) Pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció la creación de un organismo de revisión distinto del que planteaba inicialmente el proyecto de ley –un Consejo de la Transparencia no adscrito al Ministerio de Hacienda, como estaba previsto-, la enmienda 530 de Grupo Popular sobre este ente sigue sin aclarar el alcance y garantías de su independencia, su mandato, sus funciones, sus poderes ni su naturaleza. Además, se confirma el doble silencio negativo: si el ciudadano no obtiene respuesta a una solicitud de información y recurre al órgano de revisión pero este tampoco responde, en cuatro meses tendrá que considerar la respuesta denegada sin obtener ningún motivo.

A estas nueva limitaciones propuestas por el Grupo Popular debemos añadir las ya conocidas: la exclusión de la información auxiliar (informes internos, notas, borradores…) y el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental (el 25 de junio el Tribunal Europe de Derechos Humanos volvía a reconocer este derecho como derecho fundamental).

Analizaremos qué enmiendas han propuesto otros grupos parlamentarios en siguientes artículos de este blog. Aquí puedes consultarlas todas.

navarra

El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado por escrito al Gobierno foral flexibilizar los requisitos de acceso a la información y ser menos restrictivo en la ejecución técnica de la nueva Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad de Navarra.

Esta reacción se ha producido tras una queja formal planteada desde Access Info Europe por Victoria Anderica, alertando de que a una ley de transparencia fundada sobre unos estándares avanzados como la navarra seguía en realidad toda una serie de restricciones que dificultaban el acceso a la información pública de los ciudadanos. Entre ellas, obligar a los solicitantes a utilizar un certificado digital o DNIe y además a dar su DNI, dirección postal y teléfono para solicitar información. Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones que impulsan Tuderechoasaber.es, alertaron por carta al Director de Gobierno Abierto de Navarra de estos obstáculos al acceso a la información en enero de 2013.

Además, el Defensor del Pueblo Navarro ha recomendado al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra que imparta las instrucciones oportunas para los correos electrónicos se puedan considerar válidos jurídicamente y para que no se exija la dirección postal ni el número de teléfono a los solicitantes de información.

En esta nueva Administración no caben, por tanto, clichés o exigencias de la vieja Administración que dificulten o impidan los nuevos derecho de los ciudadanos”, ha manifiestado el Defensor del Pueblo de Navarra. “Si todo siguiera igual o parecido la ley foral fracasaría y lo que es peor sus objetivos de transparencia, de gobierno abierto, de acceso a la información pública, de simplicidad, no serían sino un mero desiderátum o un fiasco”.

Quedamos a la espera de saber si el Gobierno de Navarra va a realizar los cambios recomendados por el Defensor del Pueblo cuyas recomendaciones no resultan vinculantes.

Aquí puedes consultar el intercambio de correspondencia entre el Defensor del Pueblo de Navarra y Access Info Europe: