Junio, 2013

El Partido Animalista PACMA ha iniciado una campaña de solicitudes de acceso a la información para conocer cuánto dinero público destinan los ayuntamientos españoles para celebrar festejos taurinos. Empezando por los municipios de la Comunidad de Madrid, desde hoy esta formación se pondrá en contacto a través de Tuderechoasaber.es con todos los ayuntamientos que aún no han facilitado datos oficiales de contratación de festejos taurinos o sobre subvenciones para el fomento de la tauromaquia. Los datos obtenidos se irán actualizando en la web noconmisimpuestos.info. Los ciudadanos podrán adherirse y difundir las solicitudes de información enviadas.

¿Cuántos fondos públicos se emplean para celebrar festejos taurinos o fomentar la tauromaquia?

El Partido Animalista baraja cifras cercanas a 600 millones de euros, aunque no existe información oficial al respecto. En la Comunidad de Madrid, de los 119 municipios que celebran festejos taurinos según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Interior, solo 18 tienen la información disponible de forma pública en los perfiles de contratante de las páginas web municipales. Según el Partido Animalista, el total del importe destinado al fomento de la tauromaquia por parte de estos 18 ayuntamientos asciende a un millón y medio de euros.

“A estas cifras habría que añadir las subvenciones estatales a escuelas de tauromaquia, asociaciones y premios, así como ayudas camufladas desde la Unión Europea a través de los subsidios agrarios y la financiación de las Comunidades Autónomas. Solamente la Comunidad de Madrid en 2012 estableció una partida de más de dos millones de euros para el fomento de la tauromaquia en la región”, añade PACMA en su comunicado.

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es. Aquí puedes conocer otras campañas.

Te contamos cómo utilizan los reporteros en otros países las normas de acceso, cómo incorporan las solicitudes de información a su rutina y hasta dónde pueden conducir una investigación periodística.

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Desde el primer día, el propósito de Tuderechoasaber.es (así como de Access Info Europe y de la Fundación Civio) ha sido tratar de facilitar, infundir curiosidad y propagar la práctica de solicitar información a cualquier ciudadano, no solo a los profesionales de información. Aquí va un ejemplo. No obstante, necesitamos unos medios de comunicación conscientes de la importancia de contar con una buena Ley de Transparencia y de un derecho de acceso a la información plenamente reconocido y garantizado. Y, quizá, menos distraídos por el tira y afloja y las declaraciones partidistas e interesadas que están acompañando a la tramitación del texto.

El derecho de acceso a la información pública, con leyes que de verdad lo protegen, es un filón de noticias para los medios de comunicación en otros países. No hay más enigma: a más clara, específica y ambiciosa la norma, mayor es el deber de la administración de sacar los datos de su alforja, y mayores las salvaguardas para que tenga que cumplirlo. Para el reportero, eso le hace menos dependiente de filtraciones y más inquisitivo en la práctica periodística. No es la panacea –nada menos cierto-, pero conozcamos algunos ejemplos de cómo utilizan los periodistas en otros países las normas de acceso a la información, cuál es potencial informativo atesoran las solicitudes de información, qué dificultades hallan al incorporar esta práctica a su rutina y hasta dónde pueden llegar conducir una investigación periodística.

Incorporando las solicitudes de información a la rutina periodística

Martin Rosenbaum es un corresponsal político de la BBC muy particular. A veces, apostilla los artículos de sus compañeros con un breve despiece, explicando el contexto en que se obtuvo la información. Rosembaum es el especialista de este medio en acceso a la información, y se dedica específicamente a “extraer petróleo” de la Ley de Acceso a la Información británica en un contexto periodístico. En su columna señala las dificultades que encaran los solicitantes de información y revela desde dentro cómo la BBC se sirve de esta ley para sacar a la luz numerosas exclusivas. Por ejemplo, esta historia sobre el número de agentes jóvenes de policía en Inglaterra y Gales, que se ha reducido a la mitad en tan solo dos años. Y además asesora a otros periodistas de la corporación a sacar el máximo partido de su derecho de acceso a la información.

Pero, ¿por qué iban los periodistas británicos a requerir asesoramiento para solicitar información a las instituciones?

Hay muchas razones. El periodista choca frecuentemente con las administraciones y con sus ocasionales incumplimentos del deber de suministrar datos. La queja de Perry Austin-Clarke, editor del Bradford Telegraph y de Argus es, por ejemplo, que cuando una institución recibe una solicitud, apura frecuentemente el plazo máximo de respuesta que otorga la ley (20 días en Reino Unido) para pedir a última hora “aclaraciones” sobre algún detalle menor o irrelevante de la solicitud. Así, se re-establece de nuevo el plazo a otros 20 días que tienen para responder. Frente a eso, Austin-Clarke sugiere reducir por norma el plazo para solicitar aclaraciones, y evitar así este abuso.

foi_palancaOtro redactor, Lionel Braber –Financial Times-, opina que a los periodistas se les trata de forma diferente a cualquier otro ciudadano cuando apelan a la Ley de Acceso a la Información: sus peticiones se desvían a los gabinetes de prensa institucionales, más ocupados por la gestión de la propia reputación que por facilitar los datos en cumplimiento de la ley. Estos y otros muchos comentarios de periodistas británicos sobre su experiencia con la FOI (Freedom of Information) Act están recogidos en este documento de 500 páginas que publica el Comité de Justicia del Parlamento británico. La mayoría de las quejas se refieren a retrasos, cuando no a obstrucciones. Algunos denuncian que las instituciones se aprovechan con frecuencia de las excepciones de la ley para cerrarse en banda. Excepciones que, en el caso de la futura Ley de Transparencia de España, exceden por mucho los estándares internacionales.

La relevancia periodística de una petición de información

Las solicitudes de acceso a la información generan más de 200 historias al mes en los periódicos británicos. En los tres primeros años de su entrada en vigor se realizaron más de 500.000 peticiones, y en el 60% de los casos la información fue completamente revelada”. Lo explica Request Initiative, una organización británica sin ánimo de lucro que ayuda a otras ONGs a utilizar la ley de acceso a la información en sus campañas, mientras además asesora a periodistas e investigadores a hacer mejor uso de las normas de acceso a la información medioambiental y de protección de datos. En su patronato destacan tanto activistas por la transparencia –como Helen Darbishire, directora de Access Info Europe– como periodistas de investigación como Nick Davies, que destapó el escándalo de las llamadas telefónicas interceptadas por el diario News of the World. Y en su portal recogen noticias fundadas sobre peticiones de información, como esta: “La policía metropolitana paga 360.000 libras por reventar puertas equivocadas durante sus redadas”.

Una función similar cumple también en Reino Unido FOI Directory, otro portal informativo que además presenta un repositorio de información extraída de solicitudes enviadas a través de What do they know (el portal de mySociety en el que se basa Tuderechoasaber.es) y que no han salido en los medios. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se gasta el Departamento de Energía y Cambio Climático en contratar personal fijo a través de empresas de recursos humanos? Aquí está la petición y en Unreported FOI la desgranan y muestran los datos visualmente.

En Estados Unidos, los periodistas pueden acudir a Muckrock, un servicio fundado por profesionales de la información que, además de ayudar a redactar la solicitud, pone en marcha una comunidad colaborativa para analizar los documentos obtenidos tras una respuesta satisfactoria. En Muckrock es posible acceder a más de 115.000 páginas de información gubernamental desclasificada gracias a más de 4.800 solicitudes de información. Uno de los más activos es Tom Nash, que solicitó el 26 de agosto de 2012 al FBI todos los documentos en su mano que mencionasen al astronauta Neil Armstong, fallecido el día anterior. El proceso se demoró hasta marzo de 2013, cuando por fin llegó el dossier del FBI sobre Armstrong. En la última semana, Nash ha pedido acceso a todos los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (la NSA, envuelta en el escándalo de la filtración de información sobre el programa PRISM de espionaje de la telecomunicaciones) que contengan el epígrafe “talking Points” –es decir, los argumentarios oficiales- desde mayo de 2013. Un asunto con clara relevancia informativa.

Además, pronto empezará a funcionar FOIA Machine, una plataforma en desarrollo (la Knight Foundation está ayudando a su impulsor, Djordje Padejski, a ponerla en marcha) que servirá para automatizar el proceso de envío, clasificación y seguimiento de muchas solicitudes de información a distintas instituciones simultáneamente. También incorporará un proceso algorítmico para replicar fácilmente casos exitosos.

Peticiones de información que conducen al Pulitzer

For cops no limitTodos lo hemos visto, pero ahora hay pruebas: los agentes de policía encargados de velar por las normas de tráfico están entre los conductores más excesivos de las carreteras del sur de Florida”. Cuando Sally Kestin y John Maines, dos reporteros de The Sun Sentinel, invocaron la Ley de Acceso a la Información para obtener los registros de velocidad de los vehículos policiales que pasan por los peajes de pre-pago SunPass, no confiaban en obtener unos datos tan determinantes. Su investigación de tres meses reveló que 800 agentes de una docena de cuerpos habían sido captados a velocidades muy superiores a las permitidas entre dos puntos de peaje, incluso fuera de servicio. Desde 2004, el exceso de velocidad de los agentes de Florida había causado al menos 320 accidentes y 19 muertes. Sólo un agente acabó en prisión, y lo hizo durante 60 días. Todas las agencias abrieron investigaciones internas. For cops, no limit obtuvo el Pulitzer de Servicio Público en 2013.

Cuando México aprobó su Ley de Transparencia y acceso a la información en 2002, se convirtió en el primer país de América Latina que imponía obligaciones especiales al Estado para abrir información relacionada con abusos graves de los derechos humanos. Allí, tras 18 meses de investigación, David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab lograron demostrar cómo la cadena de supermercados Wal-Mart había estado sobornando a funcionarios mexicanos para obtener permisos, ventajas competitivas y expandirse más rápidamente por el país. “La historia fue posible gracias a la Ley de Transparencia de México”, explicó Von Bertarb tras recoger el Pulitzer 2013 en la categoría de Periodismo de Investigación-. Además, la ley insta a los funcionarios a no exigir la identidad del solicitante ni el motivo de la petición de información (en España sucede ahora esto). Para llevar a buen término la investigación, Von Bertarb realizó 800 peticiones de información a cuerpos locales, estatales y federales de la administración mexicana, y condujo unas 200 entrevistas. Y es que una buena Ley de Transparencia “crea más registros para seguir la corrupción en lugares a la vuelta de la esquina”, ha afirmado también Barstow, su compañero de investigación.

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Así pues, animamos a todos los periodistas a conocer en detalle la futura Ley de Transparencia y sus mecanismos, y a enviar –como Daniele Grasso– solicitudes de información a través de Tuderechoasaber.es. O por fuera, si lo prefieren. Esta práctica ya ha cristalizado, por ejemplo, en proyectos periodísticos concretos y cercanos como España en llamas. Para recibir información o asesoramiento en ello, periodista o no, no dudes en escribirnos a: contacto@tuderechoasaber.es

 

Congreso cuentas

La información pública debería ser accesible para todos, no para unos pocos. A menudo, esos datos que se niegan a los ciudadanos acaban en manos de la prensa, en un claro ejemplo de cómo las administraciones no tratan a todos los ciudadanos por igual. El anteproyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados para 2013 (que también incluye la ejecución del gasto de 2011 y las cuentas de 2012) es un caso paradigmático de esta mala praxis. En noviembre de 2012, David Cabo (director de la Fundación Civio) reclamó a la institución esas cuentas a través de Tu Derecho a Saber. Después de insistir en repetidas ocasiones, le han negado la información.

En paralelo, el desglose de gasto de la cámara sólo se ha hecho público a través de dos filtraciones a la prensa: la primera, en octubre de 2012, en eldiario.es, que desveló el coste de viajes, multas para coches oficiales y taxis, entre otras partidas. Para acompañar la información, el periódico digital publicó cuatro páginas de las 87 que contiene el documento oficial.

La segunda filtración llegó esta misma semana. La redacción de ‘El Objetivo’ de Ana Pastor (La Sexta), en el que Civio colabora, consiguió el documento completo. En el programa, que se emitió el pasado domingo, David Cabo quiso plasmar la opacidad de la cámara española comparándola con otros parlamentos como el brasileño. Y recalcó la necesidad de que esta información sea pública y accesible -en la página web del Congreso- para todos los ciudadanos.

Mientras seguimos esperando esa respuesta oficial que no llega y aunque hubiéramos preferido que fuera el Congreso quien lo hiciera en su página web, publicamos las cuentas desglosadas del Congreso de los Diputados. Porque es información que debería ser pública. Porque tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero.

Anteproyecto del Presupuesto 2013 del Congreso by tuderechoasaber

Las respuestas llegan, aunque sean por cuentagotas. En Tu Derecho a Saber no nos cansamos de celebrar las buenas contestaciones recibidas desde algunas administraciones públicas. Ojalá se contagie.

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Sólo un 13% de las solicitudes de información registradas en Tu Derecho a Saber durante 2013 recibieron una respuesta satisfactoria. Son pocas, pero llegan. Y demuestran que es posible responder a las peticiones que hacen los ciudadanos. Aunque los cauces de respuesta no han sido los maś satisfactorios, el nivel de detalle y la concreción de la respuesta colocan la pregunta de Julián Moyano al Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) en el exquisito club de las peticiones con respuesta.

Este ciudadano quería saber el coste de la I Feria Comercial de Primavera de su municipio. De una forma muy precisa, reclamaba el detalle de cada partida y el coste asumido en la celebración por la policía local. Además, pidió información sobre posibles empresas patrocinadoras del evento. Francisco Sebastiá, Concejal de Comercio, no tardó en responderle. Eso sí, prefirió utilizar para la comunicación cauces menos habituales (Facebook) y se negó a responder de forma pública vía Tu Derecho a Saber. Pero, al menos, abrió una vía de comunicación.

Pocos días después, Julián recibió su respuesta, aunque fuera en formato papel. En ella se detalla el gasto en castillo hinchables, taburetes, puestos y hasta personajes de animación. Además, se aclara que la policía no había desplegado un dispositivo especial para la jornada y que el ayuntamiento no había recibido fondos de empresas privadas de ningún tipo. Una contestación más que completa, aunque sea analógica.

El derecho de acceso a la información pública no es una cuestión de transparencia en abstracto, consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD